Después de casi 5 años, el proyecto de vivienda Villa Marina, solo avanza en el 14% de ejecución.

El sueño de tener una casa propia en el país se ha convertido en una pesadilla para muchas familias que han invertido sus ahorros en los diferentes programas de vivienda. Las obras inconclusas y en completo abandono, son su mayor preocupación.

En Neiva el proyecto de vivienda Villa Marina,  despertó en el 2015 una profunda ilusión en los neivanos pero también generó una enorme decepción al transformarse según los beneficiarios en un ‘elefante blanco’ del que nadie responde.

Las denuncias por incumplimiento presentadas a lo largo de estos cuatro años, no han tenido eco en las autoridades locales como la Alcaldía de Neiva que respaldó este proyecto como tampoco en los organismos de control ni la Fiscalía General de La Nación.

“En estos momentos exigimos respuestas inmediatas porque han pasado cuatro años desde que invertimos nuestro dinero en este proyecto, durante este tiempo no hemos tenido una respuesta de la Alcaldía ni de la Constructora”, afirmó uno de los más de 100 afectados.

Agregó que “hay personas que están pagando arriendo, teniendo en cuenta que muchos se endeudaron para depositar la cuota inicial a una fiduciaria sumado al ahorro programado, pero hasta el momento nadie nos responde por esos dineros”, resaltó.

Según las familias afectadas la convocatoria de este proyecto la abrió la Alcaldía de Neiva, como uno de los programas más ambiciosos de la ciudad, fue así como muchas familias se motivaron y aportaron la cuota inicial al tener el subsidio de la Administración local,  que de la mano la Constructora Argeco desarrollarían este proyecto en la capital huilense.

Sin embargo los incumplimientos y la falta de un punto de equilibrio económico del proyecto mantienen en el limbo a muchas familias neivanas; que todavía esperan ver hecho realidad el sueño de tener una casa propia, mientras que otros anhelan que les devuelvan la totalidad del dinero invertido.

Garantía en los subsidios

Los subsidios de viviendas entregados por las Cajas de Compensación Familiar, la alcaldía, el gobierno departamental y nacional, están en riesgo de perderse para estas familias, que consideran que este es el mejor apoyo para acceder a los diferentes planes de vivienda en el país.

La presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Sandra Forero Ramírez, le pidió al Gobierno Nacional asegurar los recursos de los subsidios de vivienda hasta el año 2022, pese a las dificultades que se han presentado con algunos proyectos en diferentes regiones.

De acuerdo con la dirigente gremial, para este fin se necesitarían 3.2 billones de pesos y se alcanzaría durante estos cuatro años del Gobierno de Iván Duque a otorgar 255 mil subsidios.

La solicitud se hizo luego que para este año se destinaran cerca de 59 mil subsidios de vivienda para el programa “Mi casa ya” y para la cuota inicial.

“Necesitamos garantizar los subsidios desde el 2020 hasta el 2022, eso permite  que los constructores formales lancen los proyectos y las familias tomen la decisión de compra teniendo en cuenta las buenas condiciones de tasa y de mercado”, dijo la dirigente gremial.

Forero explicó que es importante asegurar los subsidios ya que “un ciudadano que compra una vivienda ahorita le desembolsan el próximo año cuando le entregan su inmueble. Y es ahí donde necesitamos la continuidad de los subsidios”.

Aparte del programa “Mi Casa Ya”, los hogares contarán con un subsidio de hasta $23 millones de pesos y cobertura en la tasa del crédito hipotecario para viviendas VIS de cuatro (4) puntos y para viviendas VIP de cinco (5) puntos porcentuales.

Estos recursos se les otorgará a través de un establecimiento de crédito o con el Fondo Nacional del Ahorro, por los primeros siete (7) años del crédito.

La representante del gremio de la construcción recordó que en el último año los tipos de vivienda más adquiridos por los colombianos fueron de interés social.

“El 60 por ciento de las viviendas comercializadas fueron de interés social y el 30 por ciento pertenecieron al segmento medio, esto ratifica la importancia de este tipo de proyectos como pilares de recuperación del sector para este año”, dijo Forero.

Cabe recordar que actualmente existe una oferta de vivienda de 132.013 unidades, en la cual más del 80 por ciento tiene un precio por debajo de los 360 millones de pesos.

“Esto nos lleva a concluir que hay oferta de vivienda disponible de todos los precios y para todos los segmentos”, subrayó la presidenta.

Mejor oferta

Camacol, el gremio de la construcción, además le propuso al Gobierno que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) se revisen los topes de vivienda de interés social y prioritario para así mejorar la oferta de este tipo de proyectos en todo el país.

Es por eso que Sandra Forero, presidente del gremio, aseguró que es importante que se dé continuidad y permanencia a los programas de subsidio para compra de vivienda, incluso solicitó que se evalúe el tema de vivienda como una política de Estado que garantice dicha continuidad a lo largo de diferentes periodos de gobierno.

La dirigente gremial resaltó que “también es importante definir metas mínimas de habilitación de suelo y gestión del mismo para Viviendas de Interés Social y Prioritario”.

De la misma manera el gremio solicitó al Gobierno que este Plan de Desarrollo se garantice el principio de seguridad jurídica en el ordenamiento territorial. Es decir que se respeten las licencias de construcción ya otorgadas, para darle tranquilidad al constructor y al comprador cuando sea el momento de invertir en vivienda y otros proyectos inmobiliarios.

‘Ley antispace’

Las obras en mal estado están generando además una enorme preocupación en las familias colombianas, las grietas y fallas, que se han presentado en los distintos proyectos de vivienda, prendieron las alarmas en algunas ciudades del país, donde disminuyó la construcción  de estos complejos habitacionales.

Es por eso que el Gobierno emitió el decreto de ‘Vivienda Segura’ que obliga a los constructores y  vendedores a responder por las fallas en la infraestructura a los propietarios.

Una medida que surgió luego que se presentara el desplome del edificio Space en Medellín en octubre de 2013, una tragedia que llamó la atención de las autoridades liderados por el Ministerio de Vivienda que anunció el decreto que protegerá las infraestructuras de llamados “malos constructores”.

En ese sentido, el Ministerio explicó que el mecanismo de amparo deberá cubrir eventos ocurridos dentro de los diez (10) años siguientes a la fecha de expedición del respectivo Certificado Técnico de Ocupación (habitacionalidad).

Los casos en los que deberá responder el constructor y vendedor estarán por fallas en el diseño, en la construcción, defectos en el material e incumplimiento en la norma de sismo resistencia. Asimismo, los mecanismos de protección serán la fiducia en garantía, garantía bancaria o una póliza de seguro.

Este decreto, aun así no cobija eventos naturales como terremotos, inundaciones o externos como incendios, mal uso, falta de mantenimiento o daños por falta de mantenimiento.

Al respecto y dada la preocupación de algunos colombianos sobre el aumento del precio en la compra de vivienda nueva tras este decreto, Jonathan Malagon, ministro de Vivienda, dijo: “el impacto es marginal. Se estima del 1 % durante 10 años; es decir, 0.1% anual que no se le carga en su totalidad al comprador porque una parte la termina asumiendo el vendedor, otra el constructor y otra el comprador”.

Y agregó: “Es el mejor momento para comprar vivienda porque vamos a tener algo que no teníamos que es la garantía del patrimonio. Buena parte de la clase media colombiana tiene su patrimonio en vivienda”.

Sandra Forero, presidenta de la Cámara Colombiana de Construcción (Camacol), aseguró que el decreto debe garantizar una suficiencia en el mercado de este tipo de instrumentos para que no se restringa la oferta ni se saque del mercado las empresas constructoras formales.

“Si se restringe se encarece la vivienda porque pueden ser pólizas muy interesantes sin oferta suficiente con precios que los colombianos no van a poder acceder”, dijo Forero.

 

Reglamentación

El Ministerio de Vivienda tiene dos años para reglamentar la ‘Ley de Vivienda Segura’ en la que tendrá que ser más específico sobre los mecanismos de protección, dependiendo de las zonas de construcción de casas,  ante quién deberá acudir el reclamante para obtener el beneficio, entre otras variables.

El Gobierno Nacional con este decreto de ‘Vivienda Segura’ buscará reglamentar y generar responsabilidades sobre los constructores y sus empresas que además de lo ocurrido en Medellín se suman a lo sucedido en la ciudad de Cartagena con la tragedia del edificio de Blas de Lezo donde fallecieron 21 obreros y 22 quedaron heridos durante el desplome de la construcción.

El estudio de resistencia que hizo Universidad de Cartagena al edificio Portal de Blas de Lezo I, arrojó que se utilizó concreto de baja calidad, el cual solo sería útil para la plantilla de una casa y no para la construcción de un edificio de seis pisos.

“No cumple con las características que deben tener este tipo de construcciones, es material de baja calidad. Realmente es un edificio que no cumple con las medidas en materia de construcción”, añadió Héctor Anaya, director de la oficina de control urbano de Cartagena.

La investigación permitió detectar irregularidades ante la falta de planificación en la construcción, lo cual indica que los obreros y ayudantes eran quienes de manera improvisada adelantaron la construcción. Esto se evidenció en las bases del edificio las cuales no fueron hechas para soportar los seis pisos.

“Es un diagnóstico claro que manifiesta que la forma en que se construyó un edificio no es la adecuada. Ni la más segura. Dentro del proceso constructivo no hay una orientación exacta de cómo debe ser, esto significa que no hay algún diseño estructural especifico, sino que se hizo con algún maestro, sin ningún tipo de análisis estructural o de cargas”, señaló Anaya.

Esta misma constructora según las autoridades locales construyeron 16 edificios en la ciudad heroica, los cuales tienen en promedio 6 pisos y se encuentran en zonas residenciales como los Alpes, la Castellana, Blas de Lezo y los Caracoles donde la Fiscalía alertó sobre riesgo inminente de colapso sobre 14 edificaciones.

Nuevas investigaciones

Las constantes denuncias y protestas de las familias afectadas que han visto frustrado el sueño de tener una casa propia han obligado a los entes de control a poner su lupa en algunos proyectos de vivienda, donde los colombianos han invertido todo su capital.

El contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, denunció tras hacer una evaluación en diferentes ciudades del país que han encontrado empresas multipropósito que contratan con el Gobierno para realizar megaobras y no están cumpliendo.

El funcionario además reveló que “encontramos que en Colombia todavía hay muertos que contratan y sigue gente sancionada contratando”.

Estas irregularidades según Carlos Felipe Córdoba, han sido descubiertas tras la implementación de la plataforma digital ‘Océano’ logrando identificar a esas empresas que están impedidas para realizar contrataciones públicas, cumpliendo las funciones de observatorio de gasto público en el país.

“Podemos ver toda la contratación de los últimos cuatro años y los más de 650 billones de pesos que se han ejecutado y ver quiénes son esos contratistas, en dónde están, cómo se están interrelacionando unos con otros”, subrayó.

El representante del órgano de control dijo además que ya están realizando evaluaciones por algunos departamentos donde se conocen denuncias de irregularidades en el sector de la vivienda.

 

 

 

 

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