Más que merecida la condena de 8 años de cárcel que ha dejado en firme la Justicia contra el investigador del CTI de la Fiscalía del Huila, Jimeno Fajardo Bonilla, que le pidió dinero a un ciudadano para agilizar supuestamente la investigación por la muerte de su hijo en un accidente de tránsito en el municipio de Acevedo, en hechos ocurridos en el año 2009.

Fajardo Bonilla fue encontrado responsable del delito de concusión. Las investigaciones determinaron que el servidor público recibió $300 mil. “Él prometió que me iba a colaborar con el proceso de mi hijo que para agilizar…nunca, nunca hizo nada…”, narró la víctima.

Los magistrados que analizaron el caso fueron claros: “Fajardo Bonilla actuó por fuera de su competencia funcional, en un caso donde no había sido asignado como investigador, pero del cual tenía conocimiento…aprovechó esa conexión, hizo sobresalir ilícitamente su condición de servidor público para hacerse a una indebida utilidad económica…”.

La función pública es innegociable y claramente, la actuación del investigador, al pedir dinero, manchó la administración de Justicia. Por eso, el ‘jalón de orejas’ del Tribunal Superior de Neiva: “Se valió de la misma para obtener una ganancia  personal haciéndole ver al denunciante y a la comunidad que el aparato judicial del Estado actúa con deslealtad, improbidad y falta de transparencia y que sólo marcha a cambio de dádivas a sus servidores”.

Debe leerse está decisión judicial como un mensaje directo contra los servidores públicos que buscan sacar dividendos personales en sus actuaciones. En estos casos en los que se comprueba que un funcionario faltó a la ética y exigió dádivas, la Justicia no puede ser benevolente y debe actuar con toda severidad. Todos sabemos bien de sobra el daño que le hace la corrupción al país.

 

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