El nuevo rifirrafe entre el Gobierno colombiano y la Jurisdicción Especial para la Paz, es a raíz de la citación que le hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Colombia, para que ilustre al ente internacional cómo avanzan la implementación de la justicia transicional tras la firma del acuerdo de paz.
Esta citación molestó al canciller Carlos Holmes Trujillo, quien envió una carta al secretario ejecutivo del CIDH, Paulo Abrao, reclamándole porque a su parecer, se trata de un proceso que se hizo de manera irregular.
Esta situación se da, cuando hay incertidumbre en el país, por lo que pueda suceder con las objeciones presidenciales a la JEP, pues tras no quedar clara la decisión del Senado de la Republica, ahora está en manos de la Corte Constitucional el futuro de la Justicia Especial de Paz.
La carta
En la misiva enviada por el canciller sobre la audiencia que está programada para el próximo 9 de mayo, señala que la citación le llegó de ‘sorpresa’, “a pesar del diálogo permanente que existe entre el Gobierno y la JEP (…) nunca fuimos informados de que la presidencia de ese organismo tuviera la intención de pedir a la CIDH que realizara esta audiencia ni de los objetivos que perseguía con esta petición”, dice Trujillo en el documento.
Y agregó que, “es inadmisible que una entidad jurisdiccional, que carece de competencias en el plano internacional, pretenda beneficiarse de dichas disposiciones y acudir directamente a una instancia internacional sin acudir a los canales oficiales”.
Sin embargo, el canciller expresó que pese a esta discrepancia, el gobierno estaría en disposición de entregar la información requerida, pero considera que el proceso no se ha llevado de la manera correcta.
Trujillo finaliza la carta pidiendo la cancelación de la cita considerando que, “fue convocada irregularmente por carecer la entidad solicitante de la personería y capacidad jurídica exigida”. Advirtió que, si la CIDH no atiende la solicitud, el Estado colombiano “no está en condiciones de participar en dicha audiencia ni autoriza la presencia de ninguna entidad del Estado”.

La JEP le contestó

Ante esta postura del Gobierno Nacional, la Justicia Especial de Paz, a través de su cuenta de Twitter, publicó también una carta firmada por la presidente, Patricia Linares, en la que expresa que el Gobierno Nacional sí tenía conocimiento de la solicitud.
“Tal solicitud la hicimos con base en lo dispuesto en los artículos 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 18 del Reglamento de la Comisión, y en el marco de la función de monitoreo que efectúa la CIDH al proceso de paz en Colombia”, dijo la presidente de la JEP.
Linares subrayó que la JEP “tramitó, como parte interesada, la solicitud de audiencia temática” y explicó que hay “precedentes que muestran claramente la viabilidad de que órganos judiciales y estatales no gubernamentales pidan directamente este tipo de audiencias. (…) Por ejemplo, la del Tribunal Constitucional de Perú, en 2007; la del Instituto de la Judicatura de Guatemala en el mismo año; la de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, en el 2014; y la de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (Argentina), en 2015”, concluyó.

 

 

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