En suspenso quedó la decisión de prohibición de salir del país al ex alcalde de Neiva, Héctor Aníbal Ramírez Escobar; el ex jefe de la Oficina de Contratación de Neiva, Euclides Dussán García y el contratista Julián David Cárcamo Luna, investigados por el contrato del proyecto Barcaza Parque Isla.

La solicitud de la medida no privativa de la libertad contra los tres procesados, hecha ayer por el Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Neiva, será resuelta la próxima semana por el Juez Décimo Penal Municipal de Neiva con Funciones de Garantías. El fiscal además de pidió una caución pecuniaria de cinco salarios mínimos legales mensuales, contra los tres.

Los abogados defensores de Ramírez Escobar,  García y Cárcamo Luna, pedirán al togado que no imponga la medida solicitada por el delegado del ente acusador, al señalar que no es necesaria ni justificada.

 

“Actuaron dolosamente y en común acuerdo”

El fiscal manifestó que el entonces alcalde Ramírez Escobar y su jefe de contratación, Dussán García, no cumplieron los principios de la función pública y de contratación en la adjudicación del contrato 573 del 16 de noviembre de 2010 para el diseño y construcción de equipos fluviales para el Parque Nacional Isla Aventura  en el municipio de Neiva, que tenía como presupuesto oficial 624 millones 848.156 pesos.

“Lesionaron el bien político de la administración pública…actuaron dolosamente y en común acuerdo… voluntariamente trasgredieron el ordenamiento jurídico…”, dijo el fiscal, al señalar que el contrato celebrado entre el Municipio de Neiva y el consorcio Muelles 2010, no se cumplió a cabalidad.

“Pues si bien es cierto el extinto Director del Datma, elaboró un estudio previo de la necesidad de diseños de la embarcación fluvial, no contó con una debida estructuración técnica en la medida que no se consideró aspectos fundamentales como morfológicos, hidráulicos, rivera, cause y profundidades, del río Magdalena a su paso por la ciudad de Neiva, en aguas bajas del río, las embarcaciones quedan paradas por la falta de profundidad impidiendo que estas cumplieran con su destinación”, explicó el delegado del ente acusador.

Señaló, que según ingeniero naval Orlando Castañeda Valencia,  se debieron haber proyectado otras alternativas de tipo fluvial. “La embarcación no opera, no realiza las funciones de transporte fluvial de pasajeros hacia la isla de aventura, por tener restricción de navegación por los niveles de estiaje (caudal mínimo) del río Magdalena”.

 

Sobrecostos

Según las pesquisas, Cormagdalena en febrero de 2011, y el interventor de la obra, justificaron la modificación de ítems al contrato inicial. “Cambios como ya no un motor sino dos fuera de borda de 125 caballos de fuerza, obras complementarias a los embarcaderos flotantes concretamente unos  pilotes en tierra,  al igual que obras civiles aledañas a la zona de muebles para permitir el acceso de los pasajeros a la embarcación”.

Indicó el fiscal que se presentó un sobrecosto de 329 millones 980 mil pesos en la ejecución del contrato, al señalar que el presupuesto inicial fue de 621 millones 397,600 pesos, con vigencia de ocho meses y ejecución de dos meses. Meses después se hizo una adición al contrato por 294 millones 351,112 pesos. “El ingeniero naval Orlando Castañeda, quien en su experticia de enero 31 de 2019 y con la declaración aportada el 15 de febrero de 2019, donde indicó que el total de los bienes contratados embarcación, muelles, obras civiles, ascendió a la suma de 915 millones 748.712 pesos pero que el valor real estimado para la época de la contratación correspondía a la suma de 592 millones 759.704 pesos”.

 

Delitos imputados

En desarrollo de la audiencia preliminar ante el juez de garantías, el fiscal luego de señalar las presuntas irregularidades en la ejecución del contrato, imputó el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en calidad de autores a Héctor Aníbal Ramírez y Euclides Dussán.

Además endilgó a Dussán García el delito de peculado por apropiación a favor de terceros, por el sobrecosto, “permitió que un tercero se apropiara de bienes públicos pertenecientes al municipio de Neiva. Tenía la capacidad de comprender la ilicitud de su comportamiento”.

Mientras que al contratista Julián David, le imputó el delito de peculado por apropiación a título de interviniente, “obtuvo provecho económico, lesionando sin justa causa la administración pública. Tenía la capacidad de comprender la ilicitud de su comportamiento”.

 

DESTACADO

“Conocían que para celebrar la mencionada contratación debían dar estricto cumplimiento a los principios…luego voluntariamente trasgredieron el ordenamiento jurídico…siendo Héctor Aníbal y Euclides Dussán capaces de mantener la ilicitud…”.

 

Fotos: Sergio Reyes

 

El contratista Julián David Cárcamo Luna, fue imputado del delito de peculado por apropiación en calidad de interviniente.

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