La demolición de la vieja casona comenzó un mes antes de firmarse el contrato.

RICARDO AREIZA

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Aunque parezca insólito, un mes antes de adjudicarse el contrato para la remodelación y adecuación de la Casa Fiscal de Baraya, la obra inició a ejecutarse,  al parecer, con la venia de las autoridades locales.

El contrato fue adjudicado el viernes pasado, en un inédito rosal de irregularidades en el proceso licitatorio que terminó favoreciendo al único contratista que se presentó a la convocatoria pública.

Sin embargo, el domingo 7 de abril de 2019, una semana después de la apertura de  la licitación, la obra ya tenía dueño.

La remodelación de la inhabitada Casa Fiscal, tiene un costo total establecido en 600,38 millones de pesos con un plazo de ejecución de seis meses.

La vieja casona fue construida por el hacendado Ulpiano Soto Mosquera  en la década del 40. El inmueble abandonado desde hace varios años fue adquirido luego por Marieta de Pérez, quien luego la vendió en 1993 al alcalde de la época Álvaro Trilleras por ocho millones de pesos.

Remodelar la vieja mansión de los alcaldes cuesta  hoy 75 veces más de lo valió hace 26 años y tres veces más del avalúo de la casa más costosa de Baraya.

“Esa reparación no vale 600 millones de pesos. Eso vale la mejor finca de Baraya con 300 hectáreas. La mejor casa de Baraya, la más cara entre 150 y 200 millones, la mejor casa de dos plantas, grandísima, con dos garajes (para turbo y carro pequeño), cinco habitaciones en el segundo piso, tres baños y antejardín. Esa es la más cara y no pasa de 200 millones de pesos”, aseguró el concejal Federico Chávarro Macías.

La casona, antigua residencia de los alcaldes, cuya remodelación vale 75 veces más de lo que costó y tres veces menos que la casa más cara de Baraya.

Demolición anticipada

El contrato, según los pliegos de condiciones, incluía la demolición mecánica de las estructuras en concreto, las vigas de cimentación, aéreas, columnas, entre otros. Igualmente la demolición de mampostería en tapia pisada y la demolición de la placa del piso.

Además, el contrato contempla el desmonte de la cubierta y estructura, el desmonte de puertas, lavamanos y sanitarios y el retiro de materiales. Finalmente contempla la excavación manual sin clasificar y la disposición final del material en una escombrera autorizada.

Estas actividades fueron presupuestadas en 105,93 millones de pesos que hacen parte integral de la obra contratada, contemplada además en los estudios previos que soportan la conveniencia de la contratación, define las condiciones y los términos del contrato.

Aún así, estas actividades preliminares, componentes iniciales del contrato, arrancaron anticipadamente en medio de un accidentado proceso licitatorio.

“El contrato como la convocatoria sólo contempla la remodelación  y adecuación, y no una nueva construcción. Lo que nos sorprendió es que la obra comenzó antes de tiempo”, explicó el concejal de la U Chávarro Macías. Nadie responde.

Además, lo que más nos sorprendió es que la demolición, el desmantelamiento se hizo un mes antes de haberse adjudicado el contrato.

Desmantelamiento

“Siendo un bien público, arrancaron  las puertas, las ventanas. Las estructuras fueron arrancadas, los sanitarios, todo, eso regalaron, irregularmente porque estos son bienes públicos que no pueden regalarse así, tienen que entregarse al almacén y luego darle la salida, pero no se pueden entregar así no más a personas particulares”, expresó Chávarro.

El desmantelamiento quedó grabado en un video que hizo con su celular cuando se inició la destrucción del inmueble, antigua residencia de los alcaldes, sin licencias, pero lo más grave: sin permiso.

El concejal Hermides Rivas Herrera, dejó por escrito una declaración extra juicio ante el notario local, Octavio Longas, donde relata el inicio de la demolición de la vieja casona., a partir de 7 de abril, antes de haberse adjudicado el contrato. Chávarro grabó el video.

ESTE ES EL VIDEO DE LA DEMOLICIÓN

 

Polémica licitación

La licitación pública (002) fue abierta el primero de abril de 2019 (Resolución 252 de 2019) Ese mismo día se publicó el pliego definitivo de condiciones y se programó para el viernes 5 de abril la visita a la obra y por la tarde la audiencia de asignación de riesgos.

En el cronograma fijó hasta el sábado 6 de abril la expedición de adendas.

Curiosamente, la fecha para la presentación de las ofertas se programó hasta el 12 de marzo de 2019, un mes antes de salir la convocatoria pública.

La licitación se cerró el 12 de abril de 2019 un mes después de la presentación de la propuesta con un único oferente en este caso el consorcio Casa Fiscal.

El informe sobre la evaluación de las ofertas se fijó para el 13 de abril y concedió un plazo de diez días para la presentación de observaciones. El proceso no registra si se presentaron o no observaciones.

La audiencia de adjudicación se definió para el 24 de abril a las 9:00 a.m. en la Oficina de Contratación. El contrato, según el cronograma original, debía legalizarse en los cinco días siguientes (29 de abril).

Sin embargo, una hora después de cerrarse el plazo para la adjudicación se expidió la única adenda modificando el cronograma y ampliando por un día el plazo para la publicación del informe de evaluación de las ofertas. Asimismo amplió hasta el 30 de abril la presentación de observaciones.

La justificación para modificar el cronograma, según el alcalde Luis Enrique Cardozo, se originó por exceso de trabajo.

“Por el cúmulo de trabajo que han tenido los integrantes del comité de evaluación no ha sido posible realizar la evaluación de la propuesta dentro del proceso”, explicó el mandatario local, al ordenar la modificación.

El cronograma, según la adenda, amplió por un día la publicación del informe de evaluación  (25 de abril de 2019 8:00 a.m.,) y fijó un plazo de cinco días para la presentación de las observaciones (30 de abril de 2019).

En la misma adenda se fijó para el 3 de mayo de 2019 la audiencia de adjudicación y la publicación del acto administrativo. No hubo observaciones. Tampoco aparece registradas en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop).

El informe consolidado de evaluación, apareció publicado en el Secop el 10 de mayo a las 3:38 p.m. y ese mismo día se adjudicó el contrato. No obstante, la resolución de adjudicación No 350 aparece expedida el 3 de mayo de 2019, siete días antes del registro oficial en el portal de la contratación estatal.

La evaluación

Según el comité evaluador, el oferente no cumplió con los requisitos jurídicos mínimos habilitantes observados en el informe inicial de evaluación.

El oferente no aportó certificación de antecedentes disciplinarios de las personas jurídicas que conforman la propuesta conjunta, ni aportó el RUT de los representantes legales de las personas jurídicas que conforman la oferta conjunta.

Surtido el término de traslado del informe de evaluación el único oferente presentó los documentos que hacían falta y en consecuencia quedó subsanada. Al cumplir los demás requisitos técnicos y económicos el contratista quedó habilitado.

En consecuencia “el consorcio Casa Fiscal representado legalmente por Ricardo Dussán Cobaleda  es el único proponente que cumple con los requisitos jurídicos, técnicos, financieros y organizacionales establecidos en el pliego de condiciones, y se encuentra habilitado para continuar en el presente proceso de selección”, afirmó el alcalde Luis Enrique Cardozo al anunciar la adjudicación

El consorcio está conformado por Ingenieros Contratistas Ingecon con un 90% de participación, y por Danes Ingenieros con el 10% restante.

La resolución de adjudicación

 ‘Esto está oscuro, sin claridad’

El concejal Federico Chávarro Macías  advirtió que las anomalías se realizaron incluso con la venia de los organismos de control.

“La Personera -añadió- nunca vio la anticipada demolición de la edificación pese a que pasa todos los días por ese lugar. La funcionaria dijo que no se había dado cuenta. Todos los días pasa por ese andén, todos los días cuando va a almorzar al frente de la Casa Fiscal. Además, ha hecho caso omiso de las peticiones que algunos concejales le hicieron para vigilar el proceso de contratación”.

“Se ve el afán, la falta de planeación,  el interés de favorecer a alguien con este contrato, pareciera que estuviera amarrado, esto está supremamente oscuro, no hay claridad de nada”, insistió el concejal Federico Chávarro Macías.

Así quedó registrado en el Secop

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