Sergio Felipe Salamanca Borrero

Sergio Felipe Salamanca Borrero

De forma silenciosa y casi desapercibida ha logrado avanzar un proyecto de acto legislativo en el Congreso, el cual tiene el potencial de cambiar radicalmente la forma como se administras y se ejecuta el Presupuesto General de la Nación y la forma como se hace política actualmente en el país. Para comenzar, es importante aclarar que además de hacer leyes, el Congreso se encuentra facultado para realizar modificaciones a la Constitución, que de forma técnica son denominadas Actos Legislativos –AL-.

De los diferentes AL que existen, pocos son tan famosos como el AL 02 de 2004, mediante el cual, se le abrió la puerta a la reelección presidencial inmediata en Colombia. Sin embargo, desde mi punto de vista, el proyecto de AL que está siendo tramitado en el Congreso y está a sólo dos debates de volverse en realidad, iguala e incluso puede llegar a superar en calibre a cualquier otra reforma constitucional; pero ¿por qué? Por la sencilla razón de que el proyecto en cuestión busca permitir que nuestros honorables congresistas, de forma desinteresada, puedan disponer del 20% del rubro de inversión del Presupuesto General de la Nación para proyectos en sus respectivas regiones.

A simple vista cualquiera diría que es un proyecto con un grado de altruismo nunca antes visto en el país, sin embargo, figuras como la de los auxilios parlamentarios, la cual fue desmontada de nuestro ordenamiento jurídico, por haberse convertido en un fuerte foco de corrupción, nos puede llevar a pensar que a pesar de las “buenas intenciones” los resultados de este proyecto podrían ser catastróficos.

No quiero que me malinterprete querido lector, no es que sea pesimista, ni que desconfíe de la rectitud de nuestros políticos, lo que sucede, es que me surgen algunas pequeñas inquietudes como: ¿Estaría el Legislativo usurpando funciones propias del Ejecutivo al tener la capacidad de disponer y ejecutar parte del Presupuesto General de la Nación?; ¿Qué parámetros o lineamientos tendrían que seguir los congresistas para invertir los cerca de 30.000 millones que le correspondería anualmente a cada uno?; ¿Qué va a pasar con las regiones que no cuentan con representación parlamentaria o la que tienen no es mayoría (que casualmente son las que mayor inversión necesitan)?

 

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