El fiscal Tercero Especializado de Bogotá Jaime Cuervo investiga posibles delitos ambientales por la generación de El Quimbo.

RICARDO AREIZA

Unidadinvestigativa@lanación.com.co

Por supuestos daños ambientales, la Fiscalía General de la Nación, prendió las turbinas de una investigación penal por las posibles infracciones que se hubieran podido tipificar por el llenado y posterior operación de la represa El Quimbo.

La investigación la adelanta el fiscal Tercero Especializado de Bogotá Jaime Hernando Cuervo Alvarez por delitos ambientales presuntamente cometidos durante el llenado del embalse y la posterior generación de energía, sin haber cumplido con los requerimientos exigidos.

El funcionario comenzó a instruir en forma el voluminoso expediente que se inició hace cuatro años, en medio de un choque de trenes provocados por el llenado de la represa sin cumplir con la totalidad de los requerimientos ambientales pero además, desconociendo un fallo judicial.

En este proceso ya rindieron su testimonio, el gobernador Carlos Julio González, el director de la CAM Carlos Alberto Cuéllar, el docente Miller Dussán, vocero de Asoquimbo y el investigador, Santiago Duque.

“El fiscal del caso anunció que han sido citados a estas diligencias 31 personas, entre técnicos y funcionarios, quienes conocieron o tuvieron alguna intervención en estas actividades”, confirmó el docente Miller Dussán, ex presidente de Asoquimbo, quien ya fue escuchado por el funcionario judicial.

El anuncio fue hecho ayer al cumplirse diez años de la expedición de la licencia ambiental que le dio vía libre a la construcción del proyecto hidro energético

Indagación previa

La investigación no es nueva. Solo que ahora, la Fiscalía abrió sus compuertas para esclarecer posibles responsabilidades.

Inicialmente fue llamado a interrogatorio el ex director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), Fernando Iregui Mejía, por presumibles omisiones en sus actividades de control y vigilancia.

En esa fase preliminar fueron escuchados el coordinador del sector de energía, Juan Sebastián Arenas, el biólogo Fabio Augusto Botero Garzón; el ingeniero Andrés Alarcón Rozo; y la trabajadora social, Ana Leonor Porras.

Adicionalmente, la investigación preliminar se extendió a la responsable jurídica del sector energía Claudia Yaneth Matéus,  y Carmiña del Socorro Imbachí Cerón, asesora jurídica.

Los funcionarios, investigados por el presunto delito de prevaricato por acción, suscribieron el concepto técnico que sirvió de base para modificar la licencia ambiental y permitir el llenado del embalse.

El concepto quedó consignado en la Resolución 0759 proferida el 26 de junio de 2015 una semana antes de esa operación sin haber retirado los residuos orgánicos, lo que pudo generar la contaminación. La investigación no avanzó por la complejidad del tema. Sin embargo, a raíz de la crisis de Hidroituando, el ente acusador ordenó una investigación, soportado en un documento de la Contraloría, donde prendió las alarmas por graves omisiones como las detectadas en el Huila.

En el caso de El Quimbo, la dimitente vicefiscal, Paulina Riveros, revivió el tema por los posibles daños ambientales ocasionados por la operación de la nueva represa. La funcionaria remitió las denuncias reiteradas por Asoquimbo a la Unidad de Delitos del Medio Ambiente. El anuncio lo hizo durante la audiencia anticorrupción realizada en Neiva el 18 de noviembre de 2018.

Los ministros de Minas y Ambiente en plena cruzada mediática para frenar el apagón de El Quimbo.

Origen de la tormentaEl Tribunal Administrativo del Huila consideró que Emgesa no podía iniciar el llenado de la represa, ni la generación de energía hasta que retirara la totalidad de los residuos vegetales del vaso del embalse.

La medida cautelar fue ordenada el 5 de febrero de 2015  y ratificada 17 de julio del mismo año, amparada en el principio de precaución, para precaver -o mitigar- la ocurrencia de un daño ambiental irreversible.

El magistrado Aponte denegó  el 21 de agosto del mismo año una petición del Ministerio de Minas para que se levantara la medida cautelar y autorizara la generación de energía en la nueva represa. Además, prohibió las pruebas técnicas que debían efectuarse antes de la generación.

El 30 de noviembre de 2015 el magistrado Ramiro Aponte Pino compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación, para que iniciara las investigaciones de rigor, si lo considera conveniente,  por desatender las órdenes judiciales.

La solicitud la presentó ante la Coordinación de Fiscalías Delegadas ante los Juzgados Penales del Circuito de Neiva donde se radicó el expediente.

En el mismo auto le pidió al Gobierno Nacional que conmine a la Anla a ejercer un verdadero control sobre el proyecto hidroeléctrico, en procura de que se allane a cumplir las obligaciones ambientales.

La Fiscalía acogió la solicitud y ordenó en enero de 2016  la apertura de la investigación preliminar. El 16 marzo del mismo año una comisión llegó a Neiva para instruir el proceso. De esa comisión hicieron parte los funcionarios de la Dirección de Articulación de Policía Judicial Juan Carlos Santamaría y Oscar Javier Reyes, integrantes del grupo de trabajo anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación, revisaron los expedientes del proceso y recaudaron el material probatorio sobre las actuaciones de los servidores públicos que intervinieron en la operación del complejo hidroeléctrico.

En la lista

En este contexto, podrían ser escuchados los ex  ministros de Minas y Energía, Tomás González Estrada; de Medio Ambiente, Gabriel Vallejo y el director de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), Otto Polanco, quienes emprendieron una intensa cruzada mediática para  presionar la revocatoria de la medida cautelar y la reactivación de la represa, contrariando una orden judicial.

Incluso la ex ministra de Presidencia, Lorena Gutiérrez, quien desde ese alto cargo llamó a los magistrados del Huila para que reversaran la medida cautelar y la ex directora de la Anla Claudia Victoria González Hernández, entre otros.

La justicia opita adelanta múltiples acciones judiciales por la construcción de la nueva hidroeléctrica.

Otras denuncias

Las denuncias por los daños ambientales crecieron en medio del debate por la apresurada operación de la central hidroeléctrica.

Los piscicultores, encabezados por el empresario Manuel Macías, actual candidato a la Gobernación, exigieron medidas  cautelares y propusieron un incidente de desacato contra la multinacional Emgesa por no atender  la orden judicial que prohibía transitoriamente la generación de energía.

El gobernador del Huila de la época, Carlos Mauricio Iriarte, respaldó la petición argumentando que la generación se inició inconsultamente sin que haber retirado previamente los desechos vegetales, lo que provocó graves problemas de contaminación.

El director de la CAM Carlos Alberto Cuéllar adoptó varias medidas preventivas contra la compañía por el incumplimiento de los requerimientos ambientales. Según la autoridad ambiental, la descomposición de grandes volúmenes de madera no retirada del embalse, generó una alta contaminación del río Magdalena con consecuencias posiblemente irreversibles en los temas ambientales, sociales y económicos.

A las acciones judiciales se sumó el gobernador Carlos Julio González, Asoquimbo, y otras organizaciones sociales. El diputado Orlando Ibagón Sánchez formuló el año pasado otra denuncia penal por haber desconocido una decisión judicial. La Gobernación del Huila coadyuvó otras acciones judiciales instauradas por ambientalistas. La CAM adoptó medidas preventivas al reiterar que no se han cumplido con la totalidad de los requerimientos ambientales.

El 15 de mayo de 2017, el gobernador del Huila, Carlos Julio González Villa, le solicitó al Gobierno Nacional la suspensión de la licencia ambiental para la operación de la represa El Quimbo hasta que se despejen las dudas sobre supuestas fallas durante la construcción del complejo.

La solicitud fue presentada directamente a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), encargada de vigilar el cumplimiento de los compromisos contenidos en la licencia. La petición fue notificada también al Ministerio de Minas y Energía y al Ministerio del Medio Ambiente.

El mandatario seccional en un escrito de 1.500 páginas insistió la semana pasada en la moratoria de la licencia ambiental. En el documento le exigió a la Anla una urgente evaluación de los estudios que soportaron la construcción de la represa y un pronunciamiento sobre las amenazas reveladas por una consultoría contratada por la Gobernación del Huila para examinar los riesgos potenciales que genera El Quimbo.

 

 

 

 

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La justicia opita adelanta múltiples acciones judiciales por la construcción de la nueva hidroeléctrica.

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