Con la aparición de un nuevo video en el que según la embajada de Estados Unidos, se comprueba que Santrich sí negociaba envío de droga a ese país, podría abrirse otra investigación en su contra.

El fantasma de una constituyente ha vuelto a hacer su aparición  tras la decisión de la Justicia Especial para la Paz, JEP, de ordenar la libertad del ex combatiente Jesús Santrich y la posterior renuncia del fiscal General Néstor Humberto  Martínez.

Su sombra saltó en medio del calor de los acontecimientos que  miembros del Centro Democrático aprovecharon para salir a proponer como única salida al actual panorama, la realización de una Constituyente.

El primero en soltar la propuesta fue el senador José Obdulio Gaviria a través de su cuenta de Twitter y posteriormente lo acompañó el presidente del Senado de la República, Ernesto Macías.

Sin embargo, las voces en contra no se han hecho esperar en todos los sectores. Uno de los más férreos opositores ha sido el ex ministro de Justicia, Yesid Reyes quien dijo que sería abrir una puerta que después no se podría volver a cerrar.

Pero el gobierno no se quedó atrás y a través de su vicepresidenta, Martha Lucía Ramírez afirmó que no se ha considerado la convocatoria de una Constituyente.

Todo esto, mientras la embajada de Estados Unidos urgió por una pronta apelación de la providencia de la JEP a favor de Santrich.

Al tiempo, el ex negociador del expresidente Santos  en los diálogos de paz, Humberto de la Calle hizo pública una carta en la que le responde al senador Álvaro Uribe, quien aseguró que Gobierno y Farc pactaron “un cogobierno” con el narcotráfico.

El gobierno

Pero fue el propio gobierno el que salió a intentar bajarle la temperatura al asunto. La  vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez dijo que lo que se está haciendo es buscar un consenso con los partidos políticos con el fin de terminar en reformas a la justicia.

Esto, con el fin de fortalecer, según dijo, la lucha contra el narcotráfico, evitar la impunidad y proteger el mecanismo de la extradición.

Agregó que de hecho actualmente en materia institucional hay lo suficiente para lograr las modificaciones necesarias.

Ramírez insistió en que el Gobierno Nacional ante esta situación se encuentra analizando todos los escenarios constitucionales e institucionales a través de los cuales se pueda actuar frente a la decisión de la JEP en el caso Santrich. “El país puede tener total tranquilidad de que vamos a cerrarle la puerta al narcotráfico”.

Dijo que se trata de una política de Estado, y por eso  el tema se debe ventilar en el Congreso de la República así como trabajar con los partidos políticos con los cuales ya hay acercamientos.

En ese sentido, se considera que al menos por ahora el gobierno no piensa seguirle la cuerda a las voces que se han alzado a favor de una Constituyente, si se tiene en cuenta las reiterativas afirmaciones de la vicepresidenta Ramírez.

“Tenemos suficientes instrumentos e institucionalidad que permiten salir adelante de este momento difícil, que no es la crisis que se está planteando”, subrayó.

Frente a la decisión de la JEP y las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos, la Vicepresidenta precisó que se mantienen en el marco del respeto y la cooperación.

“La relación con los Estados Unidos ha sido de colaboración, pero también de respeto. (…) La lucha contra el narcotráfico es el interés de dos países, con el principio de corresponsabilidad. Tenemos desafíos comunes, esto nos demuestra que hay que seguir cooperando en materia judicial, en intercambio de pruebas. Es importante que las pruebas que tenga la Fiscalía de EEUU las comparta con la Fiscalía colombiana”, puntualizó.

Por su lado, el gobierno estadounidense a través de su embajada en Colombia entregó su propia posición frente al caso Santrich.

Señaló que es urgente que se lleve a cabo la apelación de la decisión de la JEP de no permitir la extradición de Santrich.

“El gobierno de Estados Unidos entiende que existe un proceso de apelación sobre la decisión de la JEP. Como Estado requeriente de la extradición, Estados Unidos considera que una apelación es esencial y urgente”, subraya el documento.

En la carta, la embajada explica que pese a la providencia de la JEP y otras por venir, nada cambiará que un Gran Jurado del Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito Sur de Nueva York acusó al ex combatiente por una presunta conspiración para enviar 10.000 kilos de cocaína a Estados Unidos, entre junio 2017 y abril 2018.

La carta de De la Calle

Sin embargo, no cabe duda de que el picante en este asunto lo pusieron el ex negociador del gobierno Santos en el acuerdo de paz y el senador Álvaro Uribe, quien afirmó que Gobierno y Farc pactaron “un cogobierno” con el narcotráfico.

Visiblemente molesto, De la Calle descalificó a Uribe y llamó sus afirmaciones: falsas e incendiarias.

 “La declaración de Álvaro Uribe no solo contiene afirmaciones falsas, sino que utiliza un lenguaje incendiario que parece destinado a volver invivible la República, a impedir que todos los victimarios asuman sus responsabilidades y un eslabón más en una tarea de demolición del sistema judicial”, dijo.

Negó que sea cierto que se hubiera pactado, como asegurara Uribe, un cogobierno con el narcotráfico y que por el contrario lo que pasó fue que se les obligó a las Farc romper todo vínculo con esa actividad criminal.

Pero De la Calle también se refirió a la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez y sostuvo que en lugar de irse debió demostrar la fecha de los supuestos delitos de Santrich.

“Es un sofisma decir que un delito que, aunque transnacional, fue supuestamente cometido en Colombia, solo pueda ser juzgado en Estados Unidos”, advirtió el ex negociador.

Por último, De la Calle exhortó a la reflexión sobre las palabras de Uribe de las cuales resaltó que, profundiza en un ambiente de venganza que impide la reconciliación.

En conclusión

Así las cosas, por ahora, serían varios los temas que quedan pendientes de hacer seguimiento.

En primer lugar, habrá que esperar qué pasa con la decisión de la JEP de compulsar copias disciplinarias ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior o Seccional de la Judicatura y la Oficina de Control Interno de la Fiscalía General de la Nación.

Para la JEP en el caso de Santrich hubo  irregularidades en el trámite de solicitud de asistencia judicial para recaudar pruebas en Colombia contra Santrich.

La Sección de Revisión  señaló en su providencia que funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, podrían haber omitido la obligación que tienen de velar por el respeto de los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos y afectación de la soberanía nacional.

Es que según asegura la JEP, la Sección de Revisión le había pedido a la Fiscalía que le hiciera llegar la documentación que soportara la asistencia judicial con la que habían actuado en Colombia los llamados testigos confidenciales, que actuaron bajo la dirección de las autoridades  de Estados Unidos, pero jamás llegaron.

En este orden de ideas, mientras se define qué, es qué, en esta tormenta política, por lo pronto se espera si Santrich por fin puede tomar posesión de su cargo como representante a la Cámara, o por el contario decide unirse a sus compañeros ‘el paisa’ e ‘Iván Márquez, de quienes no se sabe dónde están.

Además, está pendiente lo que podría pasar con el nuevo video que la noche del miércoles habría dado a conocer la embajada de Estados Unidos en el cual dice, se comprueba que Santrich sí negoció envío de droga hacia ese país.

Y algunos han asegurado que podría abrirse una nueva investigación en contra del ex combatiente.

La  Constituyente

Una constituyente se convoca para redactar la nueva Constitución, y para ello se dotaría de todos los poderes o poder constituyente al que se deben someter todas las instituciones públicas.​

De acuerdo con la Constitución colombiana, serían los propios ciudadanos los que elegirían a los delegatarios a la Asamblea Constituyente.

Y según el Artículo 376 de la Carta Política, es el Congreso de la República el que “podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una Asamblea Constituyente con la competencia, el período y la composición que la misma ley determine. Se entenderá que el pueblo convoca la Asamblea, si así lo aprueba, cuando menos, una tercera parte de los integrantes del censo electoral. La Asamblea deberá ser elegida por el voto directo de los ciudadanos, en acto electoral que no podrá coincidir con otro. A partir de la elección quedará en suspenso la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante el término señalado para que la Asamblea cumpla sus funciones. La Asamblea adoptará su propio reglamento”.

Una vez se cumpla con todo el trámite, entonces será la Corte Constitucional la que haga el control. Luego, se diseñaría una tarjeta electoral para el desarrollo de la consulta. El Sí tendría que pasar siquiera la tercera parte del censo electoral, en este caso  más de 11, 6 millones de votos.

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