El magistrado huilense Jesús Ángel Boadilla explicó los alcances de la garantía de no extradición otorgada a Jesús Santrich.

RICARDO AREIZA

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El ex jefe guerrillero Jesús Santrich, cuya extradición a Estados Unidos, quedó por ahora descartada, no fue exonerado ni absuelto, y, por lo tanto, tendrá que ser investigado por el presunto delito de narcotráfico, advirtió categóricamente el magistrado huilense, Jesús Ángel Bobadilla.

“La Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial de Paz,  lo que hizo fue aplicar una norma constitucional que regula la garantía de no extradición para los ex combatientes,  amparada en el artículo 19 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017”, señaló.

El jurista, a quienes los jueces y magistrados del Huila, le rinden hoy un homenaje, precisó que la polémica decisión no eximió al ex jefe guerrillero de una eventual responsabilidad. Solo que no se logró probar si esa conducta se cometió después de la firma de los acuerdos.

Bobadilla defendió la decisión colegiada, aseguró que no teme que Estados Unidos le quite la visa. También deploró la renuncia de su paisana, Gloria María Borrera, del Ministerio de Justicia.
Asimismo se refirió a la renuncia  intempestiva que presentó el fiscal General, Néstor Humberto Martínez.

-¿Calculó el impacto de su decisión?

La decisión no la tomé yo, fue la Sección de Revisión, a través de una discusión colegiada, integrada por cinco magistrados, con una decisión dividida  pero la decisión es la mayoritaria, que fue votada y aprobada por tres de los magistrados.

-¿En qué se soportó?

Se apoyó básicamente en determinar que como quiera que el deber que tiene la Sección de Revisión cuando se alega que los hechos se cometen después de los acuerdos de paz es evaluar la conducta para determinar la fecha exacta de la ocurrencia. Y para hacerlo necesitábamos las pruebas. Y pedimos las pertinentes, las que las autoridades de Estados Unidos relacionaron en su ‘indictment’ (acusación). Esas pruebas, las que sustentaban la acusación, nunca llegaron.

-¿Las pruebas de la Fiscalía tampoco sirvieron?

En un audio enviado por la Fiscalía de otro caso, relacionado con Marlon Marín, tampoco se vio una relación  clara con la conducta por la cual fue pedido en extradición, En ese escenario complejo no pudimos evaluar la conducta alegada por los Estados Unidos y, por ende, no pudimos precisar la fecha de esa ocurrencia de esa conducta.

Ante esa situación  y entendiendo que la garantía de no extradición  está en cabeza de los ex integrantes de las Farc y que no pudo ser desvirtuada por que no pudo acreditarse que los hechos fueron cometidos después se decidió aplicar esa garantía y como consecuencia de ello, ordenarle al señor Fiscal que dispusiera la libertad inmediata del solicitante de la garantía.

-¿Los videos filtrados a los medios tienen algún valor probatorio?

No. En eso he dejado claro. Lo ideal hubiese sido que si esa evidencia la tenía la autoridad norteamericana nos la hubiese remitido cuando la pedimos, en un  plazo extenso, de 40 días hábiles y luego la extendimos otros 20 días más y nunca fueron aportadas. Eso es particularmente curioso que ese video que no conozco, haya salido justamente el día en que se produce la decisión.

-¿La garantía de no extradición cumbre delitos cometidos después de la firma de los acuerdos de paz?

No, esa garantía en principio está dada para delitos anteriores, Fue lo que ocurrió en este caso no se pudo determinar la fecha porque no llegó la prueba. Además ponderamos otros principios  como los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y no repetición, a la  seguridad jurídica para  los ex combatientes y ante esa indeterminación decidimos mantener la garantía de no extradición.

-¿Es decir, Santrich quedó exonerado, absuelto por la conducta de narcotráfico por la que fue pedido en extradición?

No, de ninguna manera. Esa es una pregunta interesantísima y se la agradezco. Primero, nosotros no absolvemos a nadie. Solamente debíamos mirar la fecha para dar la garantía o sigue para la Corte para que continúe el trámite. Esta decisión no genera impunidad.

-¿Santrich debe ser investigado por esta conducta?

Claro, La Sección de Revisión determinó que debe investigarse esa conducta en Colombia porque hay un principio universal en materia de extradición  (los Estados extraditan o juzgan) pero la conducta no se puede quedar impune. Entonces cuando no se extradita es obligación del Estado investigar y más cuando se dice que ocurrió en nuestro territorio.

Y por eso se tomaron las medidas para que esa conducta se investigue, o bien por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, si se llega a probar si los hechos fueron anteriores, o por la Fiscalía en caso  de que se pueda por fin determinar que los hechos fueron después, o a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia si se admite que la persona tiene la condición de aforado constitucional.

-¿El Fiscal General antes que renunciar debió iniciar, abrir la respectiva investigación?

No, pues no me atrevo a responder que debía hacer pero lo importante es que l decisión se acaba de tomar y lo que se ordena es, en síntesis, saber si pudo haberlo hecho antes o no, obviamente eso estaba dentro de su discrecionalidad también como jefe de la persecución penal en Colombia.

-¿La figura de agentes extranjeros encubiertos es válida en el país?

Esa no es una figura prohibida. La figura existe, incluso hay normas internas que recogen tratados de cooperación internacionales y que admiten esas figuras con agentes extranjeros. Lo que sí advertimos es que toda actividad de investigación criminal que se adelante en el país debe contar con la debida asistencia judicial del organismo encargado en Colombia de ofrecer ese apoyo que es la Fiscalía. Lo que advertimos fue que no hubo tal asistencia judicial, lo que hubo fueron unos testigos cooperantes que son agentes encubiertos, pero lo relevante fue que estuvieron adelantando actividades de investigación criminal en la que pudieron haber vulnerado derechos fundamentales, como inviolabilidad del domicilio, derecho a la intimidad y por estar en Colombia debieron estar sometidos y haber pedido las respectivas autorizaciones con la asesoría de la Fiscalía .debieron tener esos controles previos, esas autorizaciones. Por eso se ordenó que se adelanten las respectivas investigaciones porque eso viola la soberanía colombiana

-¿Previamente, esa actividad debió tener un control de legalidad?

Si la recolección de pruebas implicaba una posible afectación de derechos de terceros o del imputado, si debieron adelantarse conforme a las normas internas colombianas a través de la asistencia judicial que debieron solicitar las autoridades extranjeras y que debió ofrecer la Fiscalía. Lo que se evidenció es que no hubo esa solicitud de asistencia judicial ni asesoría por parte de la Fiscalía para que las actividades se realizaran conforme a las leyes internas.

-¿Que lectura le da a la renuncia de la Ministra de Justicia Gloria Borrero, también huilense?

Lamento mucha esa renuncia, de verdad lo digo con franqueza, porque tuve un acercamiento con ella, me pareció una persona muy valiosa, un gran ser humano. Es una lástima que haya renunciado.

-¿Se precipitó en renuncia el fiscal Néstor Humberto Martínez?

No, de eso, Ricardo, no que quiero referir, pues eso está en su fuero interno, y el Fiscal General será el que deba responder si fue o no apresurada su renuncia.

-¿No teme que le quiten la visa?

No tengo miedo, sé que son decisiones autónomas como se ha dicho de los Estados Unidos, eventualmente, pero que sienta temor…si lo sintiera…ante los temores… las presiones externas que afectan la independencia y autonomía de la Rama Judicial creo que precisamente lo que demuestra la decisión es que no fuimos afectados en nuestra autonomía y nuestra independencia.

Raúl Eduardo Sánchez y Jesúis Angel Bobadilla, exaltados por jueces y fiscales del Huila

Homenaje de jueces y fiscales

Los magistrados huilenses Jesús Ángel Bobadilla Moreno y Raúl Eduardo Sánchez Sánchez  serán exaltados hoy por el Colegio de Jueces y Fiscales del Huila por su llegada meritocrática al primer Tribunal de Paz que se encargará de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas en el contexto y en razón del conflicto armado.

El presidente de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, Eyder Patiño, exaltado el año pasado, los acompañará en la ceremonia prevista para las siete de la noche, en el Club Los Lagos. Antes estarán en una jornada académica en el campus de la Universidad Cooperativa.

“Más que un homenaje, lo entiendo como una reunión de amigos. Así se lo expresé a los directivos del Colegio de Jueces y Fiscales del Huila”, afirmó Bobilla en diálogo con LA NACIÓN.

“Usted sabe que yo fui juez en el Huila, fui juez promiscuo en Baraya, también fui juez civil. De manera que lo interpreto como un cariñoso encuentro de amigos, no más, lo aceptó con mucho cariño por respeto a mis colegas y compañeros jueces y fiscales de nuestra querida tierra.”, afirmó.

El magistrado, ponente de la decisión  que negó l extradición al ex jefe guerrillero Jesús Santrich, anunció que posiblemente estará en el acto, la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz,  Patricia Linares.

“Estaré como mis amigos y mi familia. También estarán otros magistrados de la JEP, es posible que nos acompañe la presidenta Patricia Linares”.

Bobadilla Moreno, nació en Neiva, es egresado de la Universidad Nacional (1990), especializado en instituciones jurídico-penales y derecho probatorio, estudios de posgrado en derecho procesal penal y otros estudios en derechos humanos, justicia comunitaria. Bobadilla es bachiller del Colegio Nacional Santa Librada.

Fue magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá  (2013-2014) y magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia (2014-2017)  Laboró en la Fiscalía General, coordinó el CTI en Garzón, se desempeñó como juez en Neiva, Baraya, catedrático de la Universidad Nacional de Bogotá y Surcolombiana. Se desempeñó como defensor público y coordinador académico de la Defensoría del Pueblo en Neiva.

Raúl Eduardo Sánchez, también neivano, destacado columnista de LA NACIÓN, es abogado, egresado de la Universidad del Rosario. Especialista en derecho procesal penal de la misma Universidad. Magister en Política Criminal y Derecho Penal Internacional de la Escuela Económica de Londres y Ciencias Políticas de Inglaterra. Delegado por Colombia en las Comisiones Preparatorias para el Establecimiento de la Corte Penal Internacional en Naciones Unidas en Nueva York.

El jurista, nacido en Neiva, bachiller del colegio Salesiano, fue conjuez de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

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