María Consuelo Plazas Serrato

Sin lugar a dudas las disposiciones que regulan, protegen y salvaguardan los derechos de las personas privadas de la libertad en Colombia se han quedado en letra muerta, pues las deplorables condiciones en las que viven son verdaderamente devastadoras, situación que contraviene lo preceptuado en la normatividad nacional e internacional vigente en esta materia, vulneradora por demás de los derechos fundamentales y la dignidad humana de ese grupo poblacional.

Sobre el particular es preciso destacar que la cárcel del Distrito Judicial de Neiva no se escapa a esta realidad. De acuerdo con lo divulgado por diversos medios de comunicación el drama que enfrentan los internos es realmente lamentable y contraviene los fines resocializadores ante el perceptible escenario de hacinamiento e insalubridad que atenta contra su calidad de vida.

De acuerdo con el informe estadístico de los establecimientos de reclusión divulgado por la Oficina Asesora de Planeación y el Grupo Estadística del INPEC, a enero de 2019 la cárcel del Distrito Judicial de Neiva cuenta con capacidad para albergar 950 reclusos, siendo la población actual de 1845. Lo anterior para significar que la sobrepoblación es de 895 reclusos equivalente a un índice de hacinamiento del 94.2%.

Pero la crisis carcelaria va más allá del hacinamiento. Otro de los mayores problemas obedece a la intermitencia en el suministro de agua potable con criterios de accesibilidad y calidad, dada la obsolescencia del sistema y falta de mantenimiento preventivo, hecho que priva a los detenidos de suplir sus más elementales necesidades y por ende se constituye en factor de alto riesgo para la propagación de enfermedades transmisibles.

La situación es tan grave que ha generado brotes de tuberculosis y parotiditis, enfermedades contagiosas que se propagan con facilidad de persona a persona y pueden llegar a causar graves complicaciones. Investigaciones recientes ponen en evidencia que “muchas de las enfermedades infecciosas se dan en los espacios reducidos, por el hacinamiento, mala higiene y pobre sanidad, además de la inadecuada asistencia médica, siendo factores de riesgo para adquirir y transmitir enfermedades infectocontagiosas tales como: neumonía, tuberculosis, VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) y enfermedades de transmisión sexual, resultando en algunos de los casos mortales”.

Ante la penosa realidad por la que atraviesan las personas privadas de la libertad en el centro carcelario de Neiva, cabría preguntarnos ¿qué están haciendo los organismos competentes para tutelar eficazmente sus derechos fundamentales? ¿A qué puede obedecer tanta indolencia?

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