Algunos de los magistrados de la JEP insistieron en Neiva que sus fallos son basados en la Constitución, pese a que muchos aún no lo entiendan.

Cecilia González Villa

ceciliagonzalez@lanacion.com.co

Tres días después de que la Jurisdicción para la Paz, JEP hubiera ordenado la libertad del ex guerrillero  Seuxis Paucias Hernández Solarte, más conocido como Jesús Santrich, y luego ayer se diera  su recaptura por parte del CTI de la Fiscalía cuando salía de la cárcel Picota, la tormenta generada parece crecer con el paso de las horas.

El panorama político y jurídico del país estuvo esta semana  enmarcado por debates que incluso volvieron a revivir el fantasma de una constituyente en el país así como la posibilidad de que el presidente Iván Duque decretara una conmoción interior que permitiera extraditar a Santrich, dejando de lado el fallo de la JEP.

Pero en medio de todo este maremágnum no es mucho lo que se ha dicho por parte de la JEP sobre el fallo a favor de Santrich.

No obstante, ayer, durante un seminario de actualización penal, organizado por la Universidad Cooperativa sede Neiva, algunos magistrados de la JEP sostuvieron que esa jurisdicción está fallando en derecho.

Decisiones ajustadas a la ley

Aunque los magistrados de la JEP que participaron en el seminario de actualización en Neiva se negaron a profundizar en el tema del fallo a favor de Santrich, insistieron en que es natural que esta clase de decisiones generen diferentes interpretaciones, al menos por ahora.

En ese sentido, María del Pilar Valencia, magistrada de la Sección  de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, explicó que por tratarse de una justicia que se rige por una serie de procedimientos que lo distancian de la ordinaria, las primeras decisiones son de gran valor pedagógico y construcción de cultura de paz.

 “Obviamente, mientras la sociedad que ha estado permeada por la cultura de la guerra se apropia de los principios y procedimientos, por supuesto que es natural que se generen diferentes interpretaciones y una polémica que sirve como oportunidad para que la ciudadanía conozca y se apropie de estos procedimientos como el caso por el que se nos ha preguntado ( caso Santrich)”, explicó la magistrada.

Agregó que la apelación que seguramente se está preparando contra esta decisión hace parte de uno de los procedimientos de la Justicia Especial para la Paz y por tanto es claro que asiste todo el derecho, en este caso a la Procuraduría en representación de los colombianos.

Por eso, ante las diferentes reacciones causadas por los fallos de la JEP, otro de sus magistrados, el huilense Raúl Eduardo Sánchez dijo que dado que el elemento fundamental de la justicia es obrar en derecho y eso es lo que precisamente está haciendo este tribunal creado para la paz.

“Seguramente hay dificultades de comprensión porque es una jurisdicción nueva, porque es un marco normativo diferente que tiene unas particularidades diferentes. Por eso hay esas diferencias de opiniones y es parte de la democracia”, dijo Sánchez.

Muy seguramente al menos en un largo plazo las decisiones de la JEP seguirán generando polémica y es ahí donde sus magistrados insisten en que absolutamente todas serán en derecho y ajustadas a la ley.

Pero más allá fue el magistrado  Alejandro Romelly quien sostuvo que en todo caso es natural que se den las controversias en casos como este, pero también son sanas.

“El hecho que se den dentro espacios democráticos lo que hace es que se reafirma la valía y los avances que se ha generado el acuerdo de paz”, precisó.

Los procesos en la JEP

En cuanto a los procesos en manos de la JEP, son varios los tipos, según explica Sánchez. Y precisamente en cuanto a  acciones de tutelas se refiere, se estima que la Jurisdicción ha fallado cerca de 400 sentencias.

Asimismo, en este momento la JEP tiene 14.000 comparecientes, de los cuales un poco más de 11.000 son de las Farc, aproximadamente 2.000 pertenecientes a la Fuerza Pública, y entre 30 y 40 personas no miembros de la Fuerza Pública.

Pero según el magistrado Gustavo Adolfo Salazar, la JEP no maneja casos individuales sino macroinvestigaciones, macrocasos que dan como resultado un alto número de comparecientes, así como de víctimas y afectaciones.

Sin embargo, explica Salazar que todas las investigaciones se están organizando, lo que significa un reto de la JEP dado el alto número de víctimas y victimizantes.

En ese orden de ideas, para el caso del departamento del Huila, también se habla de que se está manejando macroprocesos en la JEP.

“Por un lado confluyen los macroprocesos contra las Farc, principalmente con el tema de los secuestros y por otro lado, las ejecuciones extrajudiciales”, subrayó el magistrado Salazar.

Es ahí donde radica la importancia de que los huilenses sepan, según la JEP, que todos los casos que maneja esa jurisdicción están impactando directamente a los originados en el departamento.

De hecho, algunas de las informaciones que han llegado a la JEP han sido aportadas por algunas ONG como consecuencia de que el Huila fue precisamente uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado.

Tiempos para fallos

No obstante, los magistrados no se atreven a afirmar en cuánto tiempo podrían ser fallados esos casos que tanto afectaron especialmente a los huilenses.

“Trabajamos por priorización, y en este momento son etapas. Es decir, hay una expectativa elevada entre la ciudadanía, y tienen derecho a ello, a  que existan ya sentencias pero éstas son un trámite, es un camino de reconciliación y de verdad”, señala el magistrado Salazar.

De ahí que para la JEP lo importante no es el resultado de una sentencia, sino el camino que comprende escuchar a las víctimas, los testimonios, la confrontación de la información, la realización de las audiencias de reconocimiento de responsabilidad previas a la sentencia.

Es decir, se trata de etapas que requieren ser agotadas de manera paulatina y el volumen de información es elevado, apenas comprensible si se tiene en cuenta que son casos registrados en un conflicto que tardó muchos años en terminar.

Sobre el particular el magistrado Sánchez agrega que no es importante el punto de llegada sino igualmente el proceso y eso hace parte del tema de centralidad de las víctimas.

Explica que a diferencia de la justicia ordinaria, en la transicional ellas, las víctimas  tienen una puerta de entrada y tiene que ver con la presentación de informes.

“En el caso 01 de la presentación de informes, en el mes de enero se hizo una presentación pública del informe oral en el que muchas de las víctimas de este flagelo presentaron su sentir ahí, su sufrimiento, el daño, y entre otras sus deseos de reparación”, dijo.

Por eso, es que los magistrados insisten en que no solo es importante la sanción sino también la restauración, cómo el proceso repara de alguna manera pero también les ofrece una oportunidad a las víctimas de que se sientan escuchadas.

A renglón seguido, el magistrado Sánchez puso como ejemplo a las madres de los falsos positivos quienes en una de las audiencias durante el informe oral expresaron que era la primera vez en  10 años que eran escuchadas.

Pero quizá la gran conclusión del seminario celebrado ayer en Neiva, a instancias de la Universidad Cooperativa es la reiterada insistencia de los magistrados de la JEP en el sentido que es entendible que cualquier fallo, no solo en el caso de esta jurisdicción, sino también en la justicia ordinaria, que cuando se toma una decisión una de las partes queda inconforme.

“Lo que sí les puedo garantizar es que todos los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz son comprometidos con las víctimas, con la reconciliación y fallan en derecho”, subrayó el magistrado Sánchez.

Aprovechó para llamar a la tranquilidad y la calma en el entendido que la JEP hará su trabajo con base en las normas constitucionales y legales como base para alcanzar la reconciliación de los colombianos.

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