La Cooperativa Surcolombiana de Inversiones habría recibido pagos en exceso por $2.444,3 millones. Sin embargo, esa imputación fue desvirtuada.

RICARDO AREIZA

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Las supuestas irregularidades en el suministro de raciones escolares, reportadas en el 2015, en los municipios del centro y norte del Huila, quedaron en el aire.
En un segundo fallo, la Contraloría General de la República ordenó el archivo de un proceso de responsabilidad fiscal que venía realizando por cobros indebidos cancelados a la cuestionada Cooperativa Surcolombiana de Inversiones, en su calidad de ejecutor del Contrato de Suministro No. 515 de 2015, celebrado con la Gobernación del Huila.

Además, la Contraloría desvinculó al supervisor Dagoberto Gómez Correa y a la Compañía Aseguradora de Fianzas (Confianza) en condición de garante o de tercero civilmente responsable y dispuso el levantamiento de las medidas cautelares decretadas.

Por un caso similar, ocurrido en un contrato con la Alcaldía de Neiva, el ente fiscalizador, archivó otro proceso contra la empresa operadora, controlada por el empresario Germán Trujillo. La medida fue ratificada por la Dirección de Juicios Fiscales. Por estos hechos la propia Contraloría General de la República ordenó las investigaciones de rigor, incluyendo a los alcaldes, donde se ejecutaron.

Contrato polémico

El contrato fue suscrito el 11 de marzo de 2015 para suministrar el servicio de alimentación escolar o complemento alimentario en las instituciones educativas oficiales de los municipios de Algeciras, Baraya, Campoalegre, Colombia, Garzón, Gigante, Hobo, Rivera, Tesalia y Tello.

El contrato tuvo un costo de 11.141 millones. Sin embargo el valor total llegó a 15.826 millones de pesos en virtud de tres adiciones (849 millones, otra por 1.069  millones y la tercera por 969 millones).

Inicialmente, el organismo fiscalizador encontró diferencias entre el valor reconocido por la Gobernación del Huila por las raciones efectivamente entregadas a los beneficiarios  y los soportes allegados, tales como registros de pago de nómina y prestaciones sociales, planillas de pago de aportes a seguridad social, facturas y soportes contables por dotación, aseo, reposición de menaje, transporte, fumigación y mantenimientos de equipos.

“Lo anterior permite establecer que se reconoció $5.397,8 millones por pago de manipuladoras, prestaciones sociales, seguridad social, dotaciones, aseo, reposición menaje, servicios públicos, transporte, acarreos, fumigación y mantenimiento de equipos, para los cuales el contratista incurrió en gastos de $2.592,7 millones, lo que evidencia que el Departamento pagó recursos por $2.444,3 millones (incluidos Gastos de Operación del 8,5%), que no se ejecutaron en el desarrollo normal del contrato”, precisó el organismo fiscalizador al formular la imputación fiscal.

La imputación

Esta suma determinada inicialmente como daño al patrimonio público, fue revisada. El perjuicio quedó establecido en la suma de  2.344.8 millones de pesos sobre los cuales se profirió el auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal ( PRF-2017-003772). El valor es la suma resultante de evaluar las facturas que soportaban los gastos en diferentes ítems (manipuladoras y otros).  Las facturas no cumplían los requisitos formales para soportar el movimiento contable ni correspondían a las fechas de ejecución del contrato.

La anterior gerencia colegiada argumentó la existencia del perjuicio al patrimonio estatal, amparado en inconsistencias en la ejecución contractual del contrato. Las inconsistencias provienen de la falta de soporte contable (facturas), sobre las cuales el contratista debía sustentar el gasto de los recursos recibidos, con ocasión del suministro de las raciones alimentarias contratadas.

En su criterio, el daño patrimonial quedó configurado al pagarse servicios no causados, en el contrato de entrega de raciones alimenticias. Además el contratista no demostró contablemente los gastos pormenorizados en manipuladoras, análisis de laboratorio, capacitación, transporte, fumigación, y otros ítems contemplados en el contrato. La Cooperativa recibió el pago por unos costos asociados a un suministro alimentario, sin que éstos se hayan causado.

El contratista no estaba solamente atado a la mera entrega de un complemento alimentario, sino también al cumplimiento efectivo de un servicio través de un personal al cual se le debía garantizar el pago de obligaciones propias del régimen laboral y de seguridad social.

Los reparos

Según la empresa operadora, la imputación se fundamentó únicamente en la ausencia de soportes contables sobre elementos que constituyeron factores económicos determinantes del precio unitario de las raciones contemplado en el contrato. Expresó que el órgano fiscalizador estructuró un incumplimiento contable, más no incumplimiento fáctico contractual del objeto del Contrato de Suministro No. 515 de 2015, ni de las obligaciones que del mismo se derivan…

E1 presunto daño patrimonial hallado por la Contraloría, por cuantía de 2.344 millones de pesos no corresponde a la no ejecución contractual ni incumplimiento obligacional que pueda ser endilgado al contratista, sino de la resta aritmética simple de soportes contables allegados…

“El enfoque utilizado para elevar la imputación ha constituido de facto un menoscabo, pues se planteó un estudio de auditoría y estudio técnico desde la base de soportes contables y no bajo el marco del estudio previo, ni el pliego de condiciones, y por ende tampoco la propuesta económica del contratista, y bajo secuencia lógica, tampoco el clausulado contractual estatal”, explicó el apoderado.

El desplome

Las irregularidades anunciadas con gran despliegue mediático, terminaron en el aire.  Con el renovado equipo de la gerencia colegiada, las imputaciones iniciales se derrumbaron.

En el contrato de suministro se pactó el pago por ración de alimento (almuerzo o complemento) efectivamente entregada a cada uno de los beneficiarios, El almuerzo tenía un valor de $ 2.391 y el complemento o refrigerio tenía un costo de $ 1.344,50.

El contratista debía entregar 5.629 complementos alimenticios y 40.515 almuerzos, en las instituciones educativas públicas seleccionadas.

Sin embargo, con las adiciones respectivas el contratista finalizó suministrando 15.831 millones de pesos en raciones alimentarias.

“La Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Ltda., cumplió a cabalidad el objeto contractual, dando por sentado, que todas las raciones a suministrarse, fueron entregadas en los términos pactados, así las cosas forzoso es concluir que no subsiste incumplimiento alguno”, concluyó la gerencia departamental colegiada.

“Si se evidencia el cumplimiento del contrato de suministro No. 515 de 2015, no es posible predicar la existencia de un perjuicio al patrimonio estatal en su ejecución”, añadió.

En estas condiciones, “la teoría del daño que fundó el proceso hoy analizado, no se encuentra llamada a prosperar, pues como se observa desde el elemento probatorio documental, no se infieren los incumplimientos”.

Inconsistencias

El factor de discriminación contable, si bien surgió como elemento orientador para determinar los precios del mercado en el proceso pre-contractual analizado, servía solo de guía metodológica, para obtener un valor de referencia de cada ración alimenticia en el mercado, dato sobre el cual los oferentes realizaron sus respectivas propuestas económicas.

En esa línea, añadió, el perfil de costos constituía solo un criterio objetivo de la etapa pre-contractual, no obstante, se le atribuyó la categoría de obligación pactada en el suministro objeto de estudio, obligación claramente inexistente en dicho contrato, sobre la cual se construyó en su momento la teoría argumentativa de la imputación.

Corolario

Según la CGR el hecho no es constitutivo de daño. El contrato objeto de investigación se pactó teniendo en cuenta el precio de la ración, el cual incluía los diferentes aspectos requeridos para la entrega de las raciones en las instituciones educativas.

“El análisis efectuado por el municipio de la cantidad y precio de cada componente es un estimativo para obtener el valor final de la ración sin que ello implique que sea obligatorio para el contratista, específicamente en lo concerniente al número de manipuladoras a contratar, cantidad que puede variar”.

En su criterio, las imputaciones iniciales fueron desvirtuadas.  “Se encuentra demostrado que los hechos analizados no constituyen daño al patrimonio público, afectándose con ello el andamiaje necesario para llegar a predicar al existencia de responsabilidad fiscal”, concluyó el organismo colegiado al fallar sin responsabilidad.

Contra la presente providencia proceden los recursos de reposición y en subsidio el de apelación. La medida fue remitida en grado de consulta ante la Dirección de Juicios Fiscales.

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