Por: Eduardo Gutiérrez Arias

La justicia colombiana vive días tormentosos. Primero la embajada de Estados Unidos le quitó la visa a dos magistrados de la Corte Constitucional y uno de la Corte Suprema de Justicia buscando presionar medidas de interés de su gobierno. Luego la Jurisdicción Especial de Paz negó la extradición del guerrillero de las FARC Jesús Santrich por considerar que no existían pruebas para demostrar que cometió el delito de conspiración para exportar cocaína hacia Norteamérica después de la firma de los Acuerdos de Paz y ordenó su libertad. La medida desató airadas reacciones de todos aquellos que se han opuesto a estos Acuerdos. El Fiscal General de la Nación, Humberto Martínez Neira, renunció irrevocablemente a su cargo supuestamente para sentar una protesta contra una Justicia que favorece a los narcotraficantes, aunque muchos creen que el verdadero motivo de su renuncia son las investigaciones que le seguía la Corte Suprema de Justicia por los casos de Odebrecht y Reficar en los que aparece implicado y que podrían llevarlo a la cárcel. El siguiente episodio del huracán que sacude la justicia, fue la renuncia de la propia ministra del ramo Gloria María Borrero, que el presidente Duque se apresuró a aceptar. Finalmente el viernes en la tarde, cuando Jesús Santrich se dirigía en su silla de minusválido hacia la puerta de salida de la Cárcel La Picota, donde permaneció recluido los últimos 13 meses, nuevamente la policía, cumpliendo una orden de captura de la Fiscalía General de Nación, lo volvió a capturar anulando la orden dada por la JEP.

El verdadero fondo de los conflictos que hoy vive la justicia colombiana, son los referidos a su autonomía e independencia como poder público. La constitución de 1991 que hoy nos rige y que reemplazó la vetusta y enfeudada constitución de 1886, estableció la plena independencia de los poderes públicos. En su artículo 133 prescribió  que las tres ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial, son autónomas e independientes. Pero el Estado colombiano, por tener un régimen presidencialista, no ha facilitado el pleno desarrollo de este principio y siempre el poder  ejecutivo ha buscado subordinar a los otros dos poderes, el legislativo y el judicial. Lo que hemos visto en esto días es el reclamo unánime de las altas cortes del poder judicial exigiendo el respeto a su independencia y autonomía frete a otros dos poderes: el Presidente de la Republica que representa el poder ejecutivo y el embajador de E.U. que en Colombia a veces manda más que el propio presidente, y representa el poder imperial norteamericano.

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