Por: Maritza Rocío López Vargas

Quien no ha tenido que padecer los rigores de la pobreza y no sabe lo que significa luchar por conseguir dinero para alimentar a los hijos, pagar servicios, saldar deudas y satisfacer las necesidades básicas para la subsistencia de una familia, puede resultarle un poco difícil comprender el drama que día a día, viven los vendedores ambulantes. Muchos de ellos con bajo nivel escolar, carentes de oportunidades de empleo, víctimas del conflicto armado, cabezas de hogar o miembros de una comunidad indígena; no tienen cómo pagar salud, impuestos ni cotizar para una pensión, viéndose abocados al «rebusque», a trabajar largas horas sin acceso a un baño público, descansar, con un futuro incierto y pocas posibilidades de salir de la pobreza.

Si bien es cierto que existe el deber estatal de protección y conservación del espacio público, ese deber no incorpora el derecho a utilizar la coerción para eliminar la invasión; ésta debe adelantarse con plena observancia de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad y la garantía legítima al mínimo existencial. En tal sentido, para poder desalojar a los vendedores ambulantes, se les debe brindar un empleo digno que les permita salir de las calles, como fuente de estabilidad económica, emocional, una existencia más dignidad para ellos y sus familias.

Las ventas callejeras hacen parte de la realidad social del país, es un tema que despierta pasiones, lleva a confrontamientos, expresiones de agresividad o violencia; situación que hace necesario comprender que las calles no deben convertirse en escenarios de intolerancia, tampoco que deben ser ocupadas de manera indiscriminada por vendedores ambulantes, que se requieren acuerdos que garantizan el derecho de los ciudadanos a la libre movilidad, la seguridad y que las autoridades no interrumpan arbitrariamente, la actividad económica de los vendedores ambulantes.

En tanto se da el tránsito a la formalidad de estos vendedores, deben poder acceder de manera gratuita a cursos de formación, emprendimiento, créditos blandos y ser exonerados de impuestos. De otra parte, en aras de mejorar la convivencia entre los vendedores ambulantes con la policía, funcionarios de las alcaldías y ciudadanos; se debe asumir el compromiso por parte de los vendedores ambulantes que las fachadas, antejardines, edificaciones privadas, parques o esquinas de semáforos donde se ubiquen, no se vean afectados negativamente con su presencia; que exista entre las partes un mayor respeto, tolerancia, prudencia y diálogo, de lo contrario será imposible el bienestar de la comunidad y el disfrute de una convivencia pacífica.

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