Las falencias de la Procuraduría en anomalías en el PAE

Aunque suene insólito, las tardías investigaciones disciplinarias por anomalías en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) comenzaron con soportes ya desvirtuados. La lupa de la Procuraduría busca la paja en el ojo ajeno.

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María del Carmen Jiménez renunció al cargo exigiendo transparencia en la contratación del PAE. Ahora, resulta investigada cuando no era ordenadora del gasto.

RICARDO AREIZA

Unidadinvestigativa@lanación.com.co

Los pliegos de cargos anunciados el jueves pasado por el viceprocurador General de la Nación Juan Carlos Cortés González por supuestas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) arrancaron cojeando.

Según el funcionario, la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal abrió formal investigación disciplinaria contra las ex secretarias de Educación Brigitte Olarte Cardozo (2014 – 2015) y María del Carmen Jiménez (2016 -2017).
Por los mismos hechos, el organismo de control profirió pliego de cargos al responsable técnico y supervisor de los dos contratos, Dagoberto Gómez Correa.

Además, abrió investigación disciplinaria al ex jefe de la Oficina de Contratación de la Alcaldía de Neiva, Carlos Fernando Puentes Ramírez, por presuntas irregularidades en los contratos de suministro No. 863 de 2014 por 7.144 millones de pesos, y No. 1585 de 2015 por otros 7.583 millones de pesos.

Según el Viceprocurador, “los funcionarios habrían autorizado los desembolsos sin constatar, aparentemente, la ejecución de las actividades, con lo que habrían vulnerado los principios de economía de la función administrativa y el de responsabilidad en la contratación estatal”.

Desacierto

Lo que no sabía el Viceprocurador, es que los argumentos que sirvieron de soporte para iniciar la investigación disciplinaria fueron desvirtuados por la misma agencia fiscalizadora que realizó la imputación equivocada, único soporte del Ministerio Público.

La investigación disciplinaria, iniciada con inusitada celeridad, se soportó en un hallazgo de la Contraloría General de la República que terminó desvirtuado. La actuación fiscal hizo tránsito a cosa juzgada.

Curiosamente, el procurador regional Arlid Mauricio Devia abrió indagación preliminar el 8 de mayo de 2019 y 15 días después, les formularon cargos, sin haber agotado las etapas previas. Increíble.

Cosa juzgada

La Contraloría General de la República ordenó el archivo de los dos procesos de responsabilidad fiscal por supuestos cobros indebidos cancelados a la cuestionada Cooperativa Surcolombiana de Inversiones, la única a la que le adelantaron el proceso.

Los fallos sin responsabilidad fiscal fueron soportados además, con dos dictámenes periciales, ordenados por la Contraloría General de la República.  Las pruebas periciales en las especialidades de contabilidad y nutrición fueron rendidas el 20 de diciembre de 2018 y el 21 de enero de 2019.

Las dos ex secretarias de Educación, nunca fueron vinculadas al proceso de responsabilidad fiscal, porque jamás actuaron como ordenadoras del gasto.

La misma Contraloría desvinculó al supervisor Dagoberto Gómez Correa y a la Compañía Aseguradora de Fianzas (Confianza) en condición de garante o de tercero civilmente responsable y dispuso el levantamiento de las medidas cautelares decretadas.

En el caso de Neiva, la Contraloría General de la República falló sin responsabilidad fiscal y eximió  a la representante legal de la entidad operadora Luisa Fernanda Flórez Rincón, condenada a 42 meses de prisión por desviación de dineros del mismo programa en Santander.

Igualmente, exoneró de cualquier responsabilidad a Elena Amparo Gómez Moreno representante legal del  Grupo  IS Colombia, encargado de la interventoría y a la compañía Seguros del Estado. También dispuso el levantamiento de las medidas cautelares y el proceso hizo tránsito a cosa juzgada.

Los contratos

El primer contrato de suministro fue suscrito el 11 de marzo de 2015 para prestar el servicio de alimentación escolar o complemento alimentario en las instituciones educativas oficiales de los municipios certificados con excepción de Pitalito.

El contrato tuvo un costo inicial de 11.141 millones. Sin embargo el valor total llegó a 15.826 millones de pesos en virtud de tres adiciones (849 millones, otra por 1.069  millones y la tercera por 969 millones).

En el caso de Neiva, el contrato costaba inicialmente $7.583,1 millones y fue adicionado en $3.785,7 millones para el suministro de complemento alimentario en la modalidad de almuerzos y complemento alimentario jornada mañana y tarde en los colegios públicos de la capital opita.

Errada interpretación

La imputación se fundamentó únicamente en la ausencia de soportes contables sobre elementos que constituyeron factores económicos determinantes del precio unitario de las raciones.

Este costo sería pagado por cada ración efectivamente entregada como estaba previsto en el pliego de condiciones y quedó consignado en el contrato. La investigación fiscal previa encontró diferencias contables pero no por un incumplimiento fáctico del objeto del contrato de suministros ni de las obligaciones que de él se derivan. La Contraloría lo archivo al comprobar que no había fundamento.

El suministro fue verificado a través de las planillas de control diario de raciones servidas, firmadas por los profesores responsables del servicio de alimentación escolar, en cada comedor escolar y avaladas con la certificación del rector de cada institución educativa Las exsecretarias de educación investigadas no eran las ordenadoras del gasto. Los pagos los realizó la Secretaría de Hacienda.

“Ese fue un contrato que se firmó durante el periodo de Carlos Mauricio Iriarte. Lo único que hice fue firmar el acta final sobre los informes de supervisión de los rectores, donde se certificaba que el servicio se había prestado como fue contratado”, expresó María del Carmen Jiménez.  No era ordenadora del gasto, no tenía competencia para la supervisión, solo me correspondía al final, darle un visto bueno a la orden de pago.

“Inicialmente la Contraloría hizo una mala interpretación sobre la parte contable, concluyendo finalmente, que en este caso, no hubo detrimento patrimonial y por eso ordenó el archivo”, precisó.

Brigitte Olarte Cardozo (2014 – 2015)

Las otras razones

El factor de discriminación contable, si bien surgió como elemento orientador para determinar los precios del mercado en el proceso pre-contractual analizado, servía solo de guía metodológica, para obtener un valor de referencia de cada ración alimenticia sobre el cual los oferentes realizaron sus respectivas propuestas económicas.  En estas condiciones el perfil de costos constituía solo un criterio objetivo de la etapa pre-contractual y no una obligación pactada en el contrato de suministro.  Sobre este supuesto se construyó en su momento la teoría argumentativa de la imputación, ahora desvirtuada.

Según la Contraloría, la simple resta aritmética de los factores contables desglosados (manipuladoras, prestaciones sociales, seguridad social, dotación personal, aseo, entre otros) y los dineros entregados por la Gobernación del Huila arrojan un resultado matemático negativo, lo que no puede considerarse constitutiva de perjuicio al patrimonio público.

“Es un show mediático sobre un proceso ya fallado, archivado, esclarecido, donde se precisa que no hubo ningún daño patrimonial y la misma Contraloría rectificó la imputación inicial. No hay razón para que la Procuraduría sin ningún soporte nos vilipendie. Mi único patrimonio que tengo es mi honradez

La Dirección de Juicios Fiscales mediante auto No. 184 proferido el 6 de Febrero de 2019 acogió la argumentación de la gerencia colegiada y confirmó por ausencia de méritos el archivo del proceso sin responsabilidad.

“Me queda la tranquilidad que la Contraloría archivó la investigación a la que nunca estuve vinculada, y como me lo han reiterado numerosos maestros, directivos docentes, amigos y dirigentes huilenses, lamentablemente, investigan a los inocentes y a los de cuello blanco, los dejan quietos, nosotros sabemos quienes son los ladrones”, concluyó la ex secretaria de Educación, quien renunció al cargo tras exigir transparencia en la adjudicación de los contratos de alimentación escolar.

 

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