Militar condenado por falso positivo pide la garantía de la doble instancia

Un soldado profesional comprometido en el crimen de dos drogadictos a los que hicieron aparecer como guerrilleros muertos en combate reclamó la garantía de la doble instancia. El Tribunal Superior precisó los alcances de las medidas ordenadas por la Corte Suprema de Justicia.

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Los militares de la compañía Azteca del  batallón Magdalena, fueron condenados. Hoy están en la JEP.

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanación.com.co

El soldado profesional  José Perenguez Ortiz, condenado por el crimen de dos jóvenes drogadictos, en un falso positivo perpetrado en Suaza (Huila), solicitó la revisión del fallo, argumentando que tiene derecho a la doble instancia, en términos de una reciente decisión de la Corte Constitucional.

Juan Carlos Perdomo Claros, víctima

El militar fue señalado como el hombre que disparó contra Juan Perdomo Claros y Albert Augusto Lizcano Cedeño cuando estaban indefensos tendidos boca abajo en el sitio donde fueron ultimados con tiros de fusil. Por este mismo hecho, otros diez militares, ya habían sido condenados y se sometieron a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

El ex militar hacía parte de la compañía Azteca del  batallón Magdalena, responsable de la ejecución  extrajudicial de los jóvenes drogadictos Juan Perdomo Claros y Albert Augusto Lizcano Cedeño, retenidos ilegalmente el 11 de febrero de 2008.

El primero fue aprehendido en Neiva, donde vendía bolsas para la basura y anuncia la salida de buses. El segundo trabaja en un taller de montallantas en Garzón.

Los dos aparecieron con uniformes camuflados y fueron presentados como guerrilleros muertos en combate. El supuesto combate en Suaza (Huila) fue un montaje planeado por el sargento William Andrés Capera Vargas, comandante Azteca 2, el ‘cerebro’ de los falsos positivos.

El falso positivo

La fingida operación fue escenificada en la vereda Divino Niño ordenada según la misión táctica No. 0321. Capera, ya condenado por otros homicidios, informó que el operativo comenzó hacia las 12:10 de la noche. Diez soldados hacían parte del comando, dirigido por el cabo Óscar Cárdenas Sánchez.

De ellos, sólo fueron absueltos José Perenguez Ortiz y Yil Fredys Ortega Pipicano por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado el 26 de mayo de 2017.

Capera confirmó que éstos últimos hicieron parte del personal que participó y disparó contra los dos jóvenes. El señalamiento está consignado en un informe de operaciones reportado al comandante del batallón Magdalena, Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, actualmente comandante de la Brigada 13 con sede en Bogotá. La Fiscalía y el representante de víctimas impugnaron la absolución y lograron finalmente la condena.

Los dos fallos

El militar fue absuelto inicialmente por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado por el delito de homicidio en persona protegida y porte ilegal de armas.  La sentencia fue proferida el 22 de mayo de 2017.

Diez meses después, el Tribunal Superior de Neiva revocó el fallo absolutorio y lo condenó por primera vez en segunda instancia.

Perenguez Ortiz, fue condenado a 540 meses de prisión  (45 años) como coautor penalmente responsable de homicidio agravado en persona protegida, en concurso con porte ilegal de armas. Además, lo sentenció al pago de una multa equivalente a 2.666 salarios mínimos mensuales (unos 2.300 millones de pesos aproximadamente). Igualmente como pena accesoria lo inhabilitó por 20 años para ocupar o ejercer cargos públicos.

El Tribunal Superior de Neiva, consideró que los elementos probatorios recaudados durante la investigación por parte de la Fiscalía acreditan la responsabilidad de los procesados, “que prevalidos de su condición de militares decidieron ultimar a los aludidos ciudadanos y presentarlos como miembros de un grupo guerrillero muertos en combate, portando tales armas de fuego y municiones de uso privativos de las fuerzas militares para hacer aparentar un combate cuando eran civiles ajenos al conflicto y esgrimir que actuaron en legítima defensa”.

En estas condiciones, la Sala Penal concluyó que los militares acusados deben responder a título de coautores de homicidio en persona protegida, porte ilegal de armas en razón a las colocadas a las víctimas, distintas a las de uso oficial.

La nulidad

El militar invocó su derecho a la  garantía de la doble instancia para que su caso fuera revisado por la Corte Suprema de Justicia. No obstante, el caso no prosperó.

En su sentir, el fallo que revocó la absolución y decretó la condena, le violó el debido proceso y su derecho a la defensa al no tramitar la impugnación especial, como lo sugirió recientemente el tribunal constitucional para quienes sean sentenciados en segunda instancia.

La solicitud es la primera que se presenta desde el pronunciamiento de esa corporación judicial que planteó la 3eventual revisión de estas condenas.

No obstante, este derecho a impugnar la sentencia condenatoria no es equivalente a la garantía de la doble instancia.

El ex militar solicitó la nulidad de este segundo fallo. Su apoderado argumentó que la decisión le cercena el derecho a la defensa y al debido proceso, ya que no indica que puede acudir al recurso de apelación. En su reemplazo solicito que se declare que Perrenguez Ortiz puede recurrir el fallo que lo condenó por segunda vez.

“No se cumplió-dijo- lo establecido en el Acto Legislativo 01 de 2018 a través del cual se implementó el derecho a impugnar la sentencia condenatoria por primera vez y atribuyó la competencia para conocer de la solicitud de doble conformidad a la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia”.

La otra cara

La corporación judicial advirtió que en virtud del principio de taxatividad sólo se pueden alegar las nulidades expresamente previstas en la ley, las que no puede invocar el sujeto procesal que con su conducta dio lugar a la configuración del motivo invalidatorio, salvo cuando exista ausencia de defensa técnica.

“Quien las alega está en la obligación de acreditar que la irregularidad sustancial afecta las garantías constitucionales o desconoce las bases fundamentales de la investigación y el juzgamiento”, expresó el magistrado.

En su criterio no se puede declarar la invalidez de un acto que cumpla la finalidad a la que estaba destinada.

Además, precisó que el juez carece de la facultad de anular su propia sentencia, toda vez que la norma se torna pertinente con la necesidad de salvaguardar valores constitucionales de especial trascendencia como la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la prohibición de revocar o reformar las sentencias.

Razones jurídicas

El  Acto Legislativo atribuyó a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia la competencia para conocer las solicitudes de doble conformidad de la primera condena proferida por los tribunales superiores o militares.

La corporación judicial advirtió que en  este caso concreto no se presenta ningún quebranto de derechos y garantías fundamentales.

En su opinión, las medidas provisionales adoptadas por la Corte para  tramitar las impugnaciones especiales fueron expedidas 20 días después del fallo que revocó la absolución y profirió la primera condena, “lo que descarta que constituya un acto irregular grave que amerite corregir mediante nulidad”, precisó. (VER RECUADRO)

Por lo tanto, agregó, mal haría en este momento alegar irregularidad e invocar nulidad cuando corrían los términos para interponer el recurso de casación sin que hiciera manifestación expresa.

El plazo para promover y sustentar la impugnación especial será el mismo previsto para el recurso de casación. En este caso sólo promovió la nulidad pero no sustentó la impugnación especial.Actualmente, el proceso se encuentra en trámite para presentar el recurso de casación.

Otros condenados

Por el crimen de los dos drogadictos, presentados como insurgentes abatidos en combate,  fueron condenados el cabo segundo Oscar Cárdenas Sánchez, y los soldados profesionales Julio César Ramos Zapata, José Fidel Orjuela López, Jairo Alfonso Carvajal, Felipe Andrés Calderón, Henry Lozano, José Aníbal Trujillo Hernández, Juan José González como responsables del delito de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego y municiones. Los uniformados fueron admitidos en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Medidas provisionales

Ante la urgencia de aplicar el derecho a impugnar la primera condena emitida en segunda instancia por los tribunales superiores, la Corte Suprema de Justicia fijó reglas transitorias para tramitar las impugnaciones especiales que permitan cumplir esta garantía constitucional.

Mientras el Congreso de la República aprueba la ley que consagre el respectivo procedimiento, la Sala de Casación Penal adoptó las siguientes medidas provisionales orientadas a garantizar la plena aplicación del principio de la doble conformidad, en los eventos en que los tribunales superiores –como jueces penales de segunda instancia– revoquen absoluciones y dicten sentencias condenatorias contra las personas procesadas:

– Se mantiene incólume el derecho de las partes e intervinientes a interponer el recurso extraordinario de casación, en los términos y con los presupuestos establecidos en la ley y desarrollados por la jurisprudencia.

– Sin embargo, el procesado condenado por primera vez en segunda instancia por los tribunales superiores, tendrá derecho a impugnar el fallo, ya sea directamente o por conducto de apoderado, cuya resolución corresponde a la Sala de Casación Penal.

– La sustentación de esa impugnación estará desprovista de la técnica asociada al recurso de casación, aunque seguirá la lógica propia del recurso de apelación. Por ende, las razones del disenso constituyen el límite de la Corte para resolver.

-El tribunal, bajo esos presupuestos, advertirá en el fallo, que, frente a la decisión que contenga la primera condena, cabe la impugnación especial para el procesado y/o su defensor, mientras que las demás partes e intervinientes tienen la posibilidad de interponer recurso de casación.

– Los términos procesales de la casación rigen los de la impugnación especial. De manera que el plazo para promover y sustentar la impugnación especial será el mismo que prevé el Código de Procedimiento Penal, según la ley que haya regido el proceso –en 600 de 2000 o 906 de 2004–, para el recurso de casación.

-Si el procesado condenado por primera vez, o su defensor, proponen impugnación especial, el tribunal, respecto de ella, correrá el traslado a los no recurrentes para que se pronuncien, conforme ocurre cuando se interpone el recurso de apelación contra sentencias, según los artículos 194 y 179 de las leyes 600 y 906, respectivamente. Luego de lo cual, remitirá el expediente a la Sala de Casación Penal.

-Si además de la impugnación especial promovida por el acusado o su defensor, otro sujeto procesal o interviniente promovió casación, esta Sala procederá, primero, a calificar la demanda de casación.

-Si se inadmite la demanda y –tratándose de procesos seguidos por el estatuto adjetivo penal de 2004– el mecanismo de insistencia no se promovió o no prosperó, la Sala procederá a resolver, en sentencia, la impugnación especial.

-Si la demanda se admite, la Sala, luego de realizada la audiencia de sustentación o de recibido el concepto de la Procuraduría –según sea Ley 906 o Ley 600–, procederá a resolver el recurso extraordinario y, en la misma sentencia, la impugnación especial.

-Puntualmente, contra la decisión que resuelve la impugnación especial no procede casación.

-Ello porque ese fallo correspondiente se asimila a una decisión de segunda instancia y, tal como ocurre en la actualidad, contra esas determinaciones no cabe casación.

-Los procesos que ya arribaron a la corporación, con primera condena en segunda instancia, continuarán con el trámite que para la fecha haya dispuesto el magistrado sustanciador, toda vez que la Corte, en la determinación que adopte, garantizará el principio de doble conformidad.

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