Mientras se nombra a su titular, para terminar el periodo fue designado Fabio Augusto Parra. Álvaro Pacheco Álvarez, gobernador saliente.

RICARDO AREIZA

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El suspendido gobernador del Caquetá Álvaro Pacheco Álvarez, deberá purgar por lo menos siete años y cinco meses de prisión, por haber recibido, supuestamente, apoyo de grupos paramilitares.

El dirigente liberal fue sindicado de haber tenido nexos con grupos paramilitares que operaron en el Caquetá entre 2001 y 2006 y de haber recibido apoyo para llegar al Congreso.

Específicamente lo vincularon con miembros del Frente Caquetá de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y el Frente Sur Andaquíes del Bloque Central Bolívar, cuyo jefe era Carlos Fernando Mateus Morales alias ‘Paquita’.

Según las investigaciones, el mandatario caqueteño concurrió a diversas reuniones con miembros de esas organizaciones delictivas en las cuales “se habría acordado su colaboración”

La cooperación se habría originado, según esas investigaciones,  desde cuando se desempeñó como Director de Tránsito Departamental y luego como Alcalde de Florencia (Caquetá).

Concretamente Pacheco Álvarez, habría adelantado gestiones para legalizar documentos de vehículos que la organización conseguía ilegalmente; destinar aportes de la Alcaldía para el grupo armado ilegal e incidir en las fuerzas armadas y además para adelantar acciones contra milicianos de la guerrilla y extorsionistas que azotaban la región.

Adicionalmente, los grupos paramilitares le ofrecerían apoyo cuando aspiró a la Cámara de Representantes en 2006 y a la Gobernación en el 2007, pese a no salir elegido en las campañas”.

Carlos Mateus, ‘Paquita’ el jefe paramilitar.

Primera captura

El 24 de abril de 2013 la Corte Suprema de Justicia ordenó la apertura de la instrucción contra el entonces congresista liberal. La Sala de Casación lo vinculó mediante indagatoria  y le resolvió la situación jurídica  imponiéndole detención preventiva en establecimiento carcelario.

Ese mismo día fue capturado en pleno congreso cuando se  encontraba con el ex gobernador Germán Medina Triviño.

La Corte remitió por competencia  el proceso a la Fiscalía General de la Nación al considerar que la conducta a atribuida a Pacheco Álvarez no guardaba relación con las funciones que desempeñaba como Representante a la Cámara. El 14 de noviembre de 2013 fue clausurado el ciclo instructivo y la Fiscalía asumió el caso.

El 26 de diciembre de 2013, la Fiscalía 27 Especializada de la Unidad Nacional contra el Terrorismo le profirió resolución de acusación.

El organismo lo acusó “como presunto autor del delito de concierto para delinquir agravado, en la modalidad de promoción de grupos al margen de la ley “paramilitares”, previsto por el artículo 340, inciso segundo de la Ley 733 de 2002”.

La absolución

El 19 de marzo de 2015, el Juzgado Primero Penal Especializado de Florencia dictó sentencia absolutoria. La Fiscalía interpuso y sustentó recurso de apelación. El 16 de mayo de 2015  la actuación fue remitida al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia-Caquetá.

El juicio ante el juez primero del Circuito Especializado.

Aforado

Cuando se tramitaba la impugnación, Pacheco Álvarez, fue elegido Gobernador del Caquetá, el 25 de octubre de 2015. El funcionario tomó posesión del cargo el 28 de diciembre adquiriendo la calidad de aforado constitucional. Por lo tanto, el caso pasó a consideración de la Corte Suprema de Justicia

El 7 de febrero de 2017 el caso lo asumió el magistrado Eugenio Fernández. Estando en trámite, entró a operar la doble instancia. En consecuencia el 19 de julio de 2018 se ordenó remitir el proceso a la Sala Especial de Primera Instancia.

Sin embargo, el 28 de septiembre de 2018 la Sala alegó la falta de competencia y dispuso de nuevo la devolución de la actuación. Los magistrados estimaron que la actuación le correspondía, en segunda instancia, a la Sala de Casación Penal resolver el recurso de apelación contra el primero fallo de condena.

La providencia de la Corte

La revocatoria

En esas condiciones, el proceso le correspondió al magistrado huilense Eyder Patiño, quien decidió condenarlo a 90 meses de prisión (siete años y cinco meses) y a una multa equivalente a 6.500 salarios mínimos mensuales vigentes.

Como pena de accesoria le impuso una inhabilidad para ejercer cargos y funciones públicas por el mismo lapso de al pena principal, lo que le impedía seguir en la Gobernación.

El fallo le fue notificado el 6 de junio, en momentos en que dc celebraba en su despacho, sus 54 años de edad.

Pacheco Álvarez, abandonó el despacho y anunció que se presentaría en Bogotá.

El viernes pasado, asumió en calidad de encargado, el abogado Fabio Augusto Parra Beltrán, subdirector de seguridad y convivencia ciudadana del Ministerio del Interior.

El Gobierno Nacional tendrá que declarar la vacante por ausencia absoluta y designar de terna liberal a su sucesor para terminar el mandato.

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