La diputada Clara Inés Vega renunció a la Vicepresidencia por diferencias con el presidente William González.

RICARDO AREIZA

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Aunque parezca increíble, la convocatoria pública para la elección del nuevo Contralor Departamental del Huila está burocráticamente ‘enredada’. Los recursos presupuestales, destinados para sufragar los gastos de la convocatoria se desviaron con fines proselitistas, denunciaron varios diputados.

En otras palabras, con recursos públicos, los diputados les cancelan los sueldos a los promotores de sus campañas políticas en los distintos municipios. La disputa por tener el mayor número de asesores a control remoto, desató una guerra interna que ya generó la primera renuncia.

La partida presupuestal asignada para cancelar los gastos que demande el proceso se selección fue destinada finalmente para cancelar los contratos laborales de 40 asistentes designados para los diputados, que funcionan a control remoto, que no asisten a las sesiones y que no están sometidos al régimen de los servidores públicos.

“Es inconcebible que es que la gran mayoría de los asistentes no asisten a la Oficina, sino que están al servicio de los candidatos en la actual campaña”, reportó uno de los diputados, quien solicitó reserva.

El abogado conservador Franky Alexander Vega Murcia, aspira a la Alcaldía de Pitalito por el Partido Conservador y está en plena campaña. Sin embargo, figura en la nómina dela Asamblea con una asignación de seis millones de pesos.

Franky Vega, asesor jurídico en plena campaña en Pitalito

Choques internos

Además, la distribución de los asistentes se realizó de manera desproporcionada, lo que generó choques internos en la corporación. Aunque los enfrentamientos son evidentes, nadie quiere poner la cara. Ni siquiera el presidente.

No obstante, a todos los diputados le asignaron asesores a distancia para que les muevan sus campañas. La gran mayoría funcionan en otros municipios.

El actual presidente, William González, por ejemplo, tiene dos asesores y seis asistentes que le mueven su campaña, especialmente en el sur del Huila.  Le sigue su copartidario Javier Silva con siete asesores y cuatro más la saliente vicepresidente Clara Inés Vega, quien dio un paso al costado.

Sorpresiva renuncia

La vicepresidenta Clara Inés Vega, quien salvó su credencial luego de una demanda instaurada el año pasado, renunció sorpresivamente. La dimisión fue presentada el jueves pasado con carácter irrevocable, anunciando razones personales y políticas. Su versión no pudo ser corroborada. Sin embargo, varios diputados consultados por LA NACIÓN señalaron que la diputada se apartó porque no comparte el manejo actual de la corporación.

Los asistentes

El presidente William González tiene dos asesores, un periodista y cinco asistentes. Total: 8 Entre ellos figura el asesor jurídico Franky Alexander Vega, actual candidato a la Alcaldía de Pitalito, en plena campaña y la asesora financiera Yurley Acosta Cerón.

Además, tiene seis auxiliares a control remoto, que nunca asisten a la Asamblea y cobran por labores en otros municipios: Paula Andrea Durán Camargo, Sol Disleidy Saldaña Duque, Grenfell Lozano Guerrero, Óscar Andrés Murcia Tovar, Ignacio Córdoba Delgado y Karol Julieth Pérez Laguna.

Javier Silva Lara

El diputado Javier Silva Lara del Partido de la U cuenta con siete asistentes: Gloria Angélica Muñoz, Jhon Jairo Pinto Lara, José Leiner Rojas, Lino Fernando Salazar, Deiro Fernando Charry, Juan Pablo Bolaños y Angélica María Aroca.

Clara Inés Vega

La diputada Clara Inés Vega de Cambio Radical tiene cuatro asistentes: Angélica Gisselle Muñoz, César Augusto Bahamón, Luz Dely Sánchez y John Fredy Sánchez. El Secretario General tiene dos cargos: un auxiliar en comunicaciones y asistente.

Otros asistentes

El diputado José Eustasio Rivera Montes del Partido de la U tiene tres asistentes: Leidy María Pérez, William Fernando Puentes y Yeison Rinel Tique.

El diputado Orlando Ibagón del Partido Liberal tiene tres asistentes: Ana Mildred Quinayá, Mónica Andrea Pedroza y Damaris Toledo. Los demás diputados tienen dos asistentes y sólo Jesús Antonio Peña cuenta con un asistente.

Los dos asesores jurídico y financiero devengan cada uno seis millones de pesos. Los asistentes tienen una asignación de un millón doscientos mil pesos.

Los contratos son a término fijo pero de se prorrogan de acuerdo con la disponibilidad. Según los diputados, estos nombramientos son legales y funcionan como unidades de apoyo legislativo como en el Congreso. Solo que aquí, se sobrepasaron.

La asamblea no ha definido la convocatoria

Enredada la convocatoria

Mientras tanto, el proceso para la selección del sucesor de la contralora Adriana Escobar, está congelado. La corporación, por esta fecha tendría que haber definido el procedimiento para elegir en las sesiones de octubre.

Anteriormente los contralores eran elegidos por los concejos y asambleas departamentales  de ternas integradas por los tribunales. Esto cambió.

El Acto Legislativo 02 de 2015 (Reforma de Equilibrio de Poderes) adoptó el sistema de “convocatoria pública” como regla general para la elección de estos servidores públicos.

La última reforma constitucional mantuvo la competencia de las asambleas y concejos para la elección de los contralores territoriales pero modificó el procedimiento para la escogencia de los candidatos a dichos cargos. Desde entonces el proceso corresponderá adelantarlo directamente a los propios organismos electores (asambleas y concejos) mediante una convocatoria pública.

Aun cuando el concurso público de méritos es el mecanismo de ingreso a los cargos de carrera administrativa, nada obsta para que se acuda a otro tipo de mecanismos, argumentaron algunos diputados. Esta tesis, generó el traslado de los recursos.

Sin embargo, la “convocatoria pública” optó por un mecanismo de elección que si bien se funda en los mismos principios básicos de los concursos públicos (incluso en cuanto al criterio de mérito), se diferencia de estos en que al final del proceso de selección las corporaciones públicas conservan la posibilidad de valorar y escoger entre los candidatos que han sido mejor clasificados.

La convocatoria pública, según el Consejo de Estado, responde en esencia a los mismos principios y finalidades de los concursos públicos de méritos, con la salvedad, de que no habría orden de prelación en la lista de elegibles. Incluyendo además, un criterio de equidad de género.

El proceso es obligatorio y por lo visto, la Asamblea del Huila, está rezagada en iniciar el proceso para la selección del nuevo agente fiscalizador.

 

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