La Usco cuestionó el informe de la Contraloría General. En la de la UPI aparece la rectora Nidia Guzmán, actualmente suspendida. /FOTO OFICINA DE PRENSA USCO

RICARDO AREIZA

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El informe de auditoría financiera, revelado por la Contraloría General de la República, desató una dura controversia en la Universidad Surcolombiana.

El documento reseñado en primicia por LA NACIÓN originó un duro cuestionamiento por parte de directivos del centro superior, frente a las conclusiones del organismo de control, especialmente en el manejo contable, en la constitución del patrimonio autónoma para financiar el pasivo pensional de los catedráticos y la devolución interna de 2.342 millones  de pesos por “un inapropiado uso inicial de estos recursos”.

El rector encargado, Pablo Emilio Bahamón; el vicerrector administrativo Camilo Núñez y la jefe de recursos financieros, Diana Patricia Pérez le salieron al paso al reporte fiscal, incluso con el aval de Nidia Guzmán, la rectora suspendida por orden del Consejo de Estado.

Según los resultados de la evaluación fiscal, la opinión sobre los estados financieros fue negativa, y al no obtener la debida calificación, la Contraloría “no feneció la cuenta”. Sobre este aspecto, no hubo ningún pronunciamiento.

El informe financiero revela además otros hechos económicos relevantes que le generaron en criterio del organismo fiscalizador, posibles detrimentos patrimoniales, doble asignación de bonificaciones, pagos irregulares por convalidación de títulos, sobresueldos por coordinación

Sustentos

Los estudios y análisis realizados por la CGR se encuentran debidamente documentados con base en la información suministrada por la Universidad Surcolombiana en papeles de trabajo que reposan en el Sistema Integrado para el Control de Auditorías (SICA).

Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la Universidad Surcolombiana dentro del desarrollo de la auditoría otorgando el plazo establecido por la normativa para que la Usco emitiera su pronunciamiento, precisó el organismo de control.

El documento final revelado hace ocho días por LA NACIÓN está firmado por el contralor delegado para el sector social, Julio César Cárdenas Uribe.

Nuevos hallazgos

Como resultado de la auditoría financiera la Contraloría General de la República  estructuró 42 hallazgos administrativos de los cuales 11 tienen incidencia fiscal por 654,63 millones de pesos y 16 tienen presunta incidencia disciplinaria y uno con otras incidencias que serán traslados a las autoridades competentes.

Dentro de estos hallazgos iniciales se lograron corregir algunas deficiencias y observaciones en la ejecución de contratos de obra, considerados como beneficios del proceso auditor.

Según el documento, al finalizar el ejercicio fiscal registra un saldo por 662,77 millones de pesos, que corresponde a responsabilidades fiscales no ejecutadas por incumplimiento en las comisiones de estudio otorgadas al ex rector Jesús Antonio Motta y al docente Geovanny Perdomo Charry.

Motta Manrique, prófugo en Estados Unidos debe reintegrar las suma de 415 millones de pesos. Adicionalmente, debe reintegrar a la Usco otros 224 millones de pesos por excedentes en el valor de la comisión de estudios y su respectiva indexación.

Motta, quien se encuentra prófugo en el exterior fue condenado a 60 meses de prisión, como autor responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.

El año pasado la Contraloría emitió el fallo de responsabilidad fiscal sin que se haya logrado recuperar las sumas adeudadas, según el organismo de control, “por debilidades en el proceso de reconocimiento contable de los hechos económicos”, lo que afecta la razonabilidad de la información financiera.

Docente condenada

También cuestionó que la Usco mantuviera en su nómina a una docente inhabilitada por haber sido condenada por delitos contra el patrimonio público.

La docente, fue condenada en el 2010 por peculado por apropiación y registraba una inhabilidad de seis años. Sin embargo solo hasta abril del 2018 fue retirada del cargo en el programa de Enfermería, pero no como lo ordenó el Juzgado Segundo Penal del Circuito. Este retiro tardío le costó a la Universidad el pago de los emolumentos en contravía a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, generando según la CGR un detrimento patrimonial por debilidades en los controles y seguimientos sobre el régimen de inhabilidades.

“Lo anterior-dijo- conllevó a un detrimento patrimonial por 435,26 millones de pesos en virtud del pago de salarios y prestaciones a la docente durante el tiempo que ejerció sus labores estando inhabilitada”. Este hallazgo fue calificado con presunta incidencia disciplinaria y fiscal.

Convalidación de títulos

Según el Comité de Asignación de Puntajes (CAP), la Usco no puede conferir puntos a un postgrado conferido en el exterior sin convalidar. Hacerlo violaría la reglamentación expedida por el Ministerio de Educación.

No obstante, lo hizo, en un caso en la Facultad de Economía. A la fecha, el docente no ha convalidado el título pero recibe el sobresueldo, según certificación de la Oficina de Talento Humano, reportado a la Contraloría. En los últimos cuatro años ha recibido 33,45 millones de pesos en proporción a los puntos asignados por el postgrado en el exterior sin convalidar. Este hecho, según la Contraloría, constituye un detrimento patrimonial por 33, 45 millones y tiene incidencia fiscal y disciplinaria.

Pablo Emilio Bahamón, rector encargado.

Sobresueldos

Igualmente se reportaron irregularidades en el pago por concepto de coordinación. Este reconocimiento se cancela normalmente a funcionarios que no sean asesores o del nivel directivo, equivalente al 20% de la asignación salarial.

En un primer caso se venía cancelando desde el 2003 y fue suspendido en junio de 2018, al demostrarse que no tenía ningún grupo de coordinación, lo que puso en evidencia según el grupo auditor, una indebida aplicación de las normas salariales, lo que representa una indebida gestión fiscal por 57,07 millones de pesos con incidencia fiscal y disciplinaria en los cuatro casos confirmados.

Adicionalmente se reportaron anomalías en el pago de una doble bonificación por compensación de vacaciones. La Usco, según la Contraloría canceló una bonificación especial por recreación en la nómina de diciembre de 2017. Sin embargo por necesidades del servicio canceló la misma bonificación a cinco empleados administrativos en la nómina de enero del 2018, lo que representaría una doble asignación.

 

La polémica devolución

Aunque la Usco anunció que “no devuelve ni ha devuelto recursos al Ministerio de Educación”, otra cosa piensa la Contraloría.

Según el informe de auditoría financiera, durante el 2018, en la cuenta 1132102110 correspondiente a los recursos transferidos por el Ministerio de Educación Nacional, la Usco registró la devolución interna de recursos por valor de 2.342 millones de pesos (según 18 notas de tesorería, entre otras 129,155, 166, 2013, 216).

Esta “situación evidencia un inapropiado uso inicial de estos recursos con aplicación restringida”, señaló expresamente la Contraloría. (Ver Recuadro).

Sin embargo, pese a la categórica advertencia del organismo fiscalizador la Usco lo negó.

“Sobre la supuesta devolución de recursos al Ministerio de Educación Nacional, hay que decir que la Universidad Surcolombiana no devuelve recursos al Ministerio de Educación, si fuera cierto, la Contraloría General de la Republica, anexaría el documento soporte. Es más, en las observaciones de la Contraloría General de la República, no se observó esta situación”, afirmó el rector encargado Pablo Emilio Bahamón en un comunicado suscrito además por el Camilo Andrés Núñez Vanegas, vicerrector administrativo y Diana Patricia Pérez, jefe Oficina Financiera.

El patrimonio autónomo pensional

Aunque el rector encargado lo negó tajantemente, la Contraloría General de la República, confirmó que a 31 de diciembre de 2018 la cuenta 1132 correspondiente al efectivo de uso restringido “se evidencia que la Universidad Surcolombiana no creó el patrimonio autónomo ordenado por el Consejo Superior mediante Acuerdo 26 de 2009 y 11 de 2011 para lo cual mantiene en cuentas bancarias los dineros destinados a garantizar el pago del pasivo pensional de los catedráticos de la Universidad, los cuales, al cierre de la vigencia de 2018 exceden el monto del patrimonio autónomo para financiar y garantizar el pago del pasivo pensional.

“La anterior situación por falta de seguimiento eficiente y eficaz para dar cumplimiento a las decisiones del Consejo Superior que generan riesgo en el manejo, ejecución y control de los recursos existentes para atender el pasivo pensional”, concluyó puntualmente la Contraloría.

Según el rector encargado, esos recursos se manejan en una cuenta bancaria especial con uso exclusivo y se nutre con recursos provenientes del 20% de la estampilla Pro-desarrollo.

“En la Contabilidad se encuentra registrado el cálculo actuarial tanto en las cuentas del pasivo como en las cuentas de orden, para efectos de ejercer el control de la provisión que se va realizando anualmente”, expresó en un comunicado.

Costosos refrigerios

La CGR censuró el uso de recursos públicos provenientes del Ministerio de Educación para el pago de viandas y refrigerios destinados para los miembros del Consejo Superior, Consejo Académico y Comité Administrativo

El suministro costó 40 millones de pesos. Estos gastos no se encuentran contemplados en la reglamentación de la caja menor y contraviene las normas de austeridad.

Según factura No. 002 expedida el primero de marzo de 2018 se cancelaron 4.29 millones de pesos por 341 refrigerios (ensalada de frutas, frutas servidas, sándwich, pinchos, hojaldre de pollo, omelet) y 75 almuerzos.

El 20 de marzo de 2018, según Factura 0069) se cancelaron 149 refrigerios y 18 almuerzos, por 1,53 millones de pesos.

El 20 de marzo de 2018 (factura 0069) se cobraron 4.843 refrigerios y 138 almuerzos por un valor de 5,51 millones de pesos, entre otros suministros.

“Estos valores corresponden a gastos restringidos por normas de austeridad ocasionando un detrimento patrimonial, en cuantía de 36,59 millones de pesos”, según está consignado en el reporte oficial de la CGR.

Bonificaciones

La auditoría financiera encontró sobreestimación en las llamadas bonificaciones especiales de recreación por cada periodo de vacaciones. Durante la vigencia de 2018 se evidenció la provisión de 823,49 millones de pesos por este concepto, con una sobre estimación de 160 millones de pesos.

Pago por sanción

El Ministerio de Trabajo sancionó a la Usco en noviembre de 2017 por violación al fuero sindical y desvinculación de una funcionaria. Este hecho fue calificado como detrimento patrimonial por 7,61 millones con incidencia fiscal y disciplinaria.

Según el contralor delegado para el sector social, Julio César Cárdenas Uribe anunció que los hallazgos serán trasladados a las instancias competentes. En su caso, la entidad decidirá si abre los respectivos juicios de responsabilidad fiscal.

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