Flora Perdomo Andrade

La Corte Constitucional tomó la decisión de dejar sin piso el decreto que prohibía el consumo de marihuana y bebidas alcohólicas, en lugares públicos, parques etc. Se trata de una determinación que causa controversia por el alcance de la misma y porque se pone en riesgo la vida, la salud de los jóvenes y niños, además de la tranquilidad familiar que seguramente se verá afectada por cuenta del fallo de los magistrados del alto tribunal.

Para la Corte, el Código de Policía, no era competente para reglar estas prácticas ya que se estaría poniendo límites al derecho al libre desarrollo de la personalidad. Según lo expresa el fallo el simple consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas no necesariamente implica un riesgo o amenaza. Esta decisión es vista por muchos como una manera de propiciar el aumento en el consumo de drogas y le pone a las autoridades una serie de retos que van desde dificultades para  ejercer el control público, así como el de capturar y conducir a los consumidores de alucinógenos. Podremos no compartir la determinación de los togados que seguramente se soporta en los preceptos del estado social de derecho, ya que se trata de un asunto que afecta la sensibilidad de la familia, las relaciones interpersonales y la misma seguridad ciudadana, es por esa razón que se hace imperativo que el Congreso de la República presente proyectos encaminados a proteger las vulneraciones a la tranquilidad, las relaciones respetuosas y el espacio público, pues el vacío que hoy se percibe ante la magnitud de lo actuado debe llenarse con la mayor celeridad posible ante la evidencia de un descontrol social de grandes proporciones.

Algunos juristas que he consultado al respecto de este tema, señalan que el sentido del fallo emanado de la Corte Constitucional ha sido mal comprendido, pues bajo ninguna circunstancia se pretende evitar la toma de medidas ante situaciones problemáticas y que lo único que advierte el fallo es recordar que existe el libre desarrollo de la personalidad que no puede ser censurado bajo ninguna circunstancia.

Surge entonces  la disyuntiva sobre el camino que deberán tomar las autoridades para hacerle frente al tema del tráfico y consumo de drogas, pues pareciera que la tarea deberá enfocarse en combatir la producción y el tráfico de sustancias prohibidas capturando jíbaros, distribuidores y demás y asumiendo una conducta más benevolente  con el consumidor quien deberá ser tratado  no como delincuente, esos son retos inmediatos, como también se tornará fundamental el papel de la familia para orientar a los menores y buscar nuevas maneras de protegerlos.

Señala con certeza un diario Nacional que no nos debemos rasgar las vestiduras con este tipo de temas, sopena de caer en falsos moralismos, recordando que cuando se prohíbe, se castiga a unos pocos, mientras el verdadero problema, la raíz, la génesis se mantiene latente, sin ser atacado debidamente.

Como dirigentes tenemos el reto de contribuir en la construcción de una sociedad incluyente, respetuosa de los derechos tanto individuales, como colectivos y a la vez debemos seguir legislando para que el Estado cuente con las herramientas apropiadas y eficaces para hacerle frente al flagelo del narcotráfico y todo lo que ello implica.

Es oportuno y necesario que la Corte Constitucional en su sabiduría utilice las herramientas a su alcance para que la confusión que ha generado a todos los niveles su decisión se aclare plenamente, nos brinde luces y muestre el camino por el que nos debemos dirigir para el bien de toda la sociedad colombiana.

floraperdomo1@hotmail.com

 

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