El suministro diario de combustible está controlado en los procedimientos internos adoptados por la Policía Nacional.

RICARDO AREIZA

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El empresario Edgar Perdomo y los jefes de movilidad de la Policía Huila y Metropolitana de Neiva tendrán que responder por graves irregularidades en el suministro de combustibles al parque automotor de la institución.

Según la Contraloría General de la República, el empresario facturaba y cobraba por el tanqueo de vehículos fuera de servicio, en remate, dados de baja, accidentados o en mantenimiento.

“Una denuncia anónima reportó el suministro continuo de combustible a vehículos que no debían presentar consumo alguno, en el entendido que se encontraban incursos en una novedad que no permitía su uso o la prestación efectiva del servicio, ya sea porque no eran aptos para su funcionamiento, o se encontraban en proceso de mantenimiento”, confirmó el organismo fiscalizador.

El valor cancelado por servicios no prestados pero reportados en el máster consumo de combustible ascendió inicialmente a 95,87 millones de pesos, determinado como daño patrimonial.

El Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Gerencia Departamental Colegiada del Huila abrió la investigación, confirmó las falencias en la ejecución del contrato e imputó responsabilidad fiscal al empresario Edgar Perdomo, propietario de la empresa A y S Asociados.

El contratista debía garantizar en la estación definida por el grupo de movilidad el suministro diario durante las 24 horas del día, la medida programada para cada vehículo y la entrega de un comprobante (recibo) por tanqueo y donde se especifique la sigla del vehículo, el número de galones y tipo de combustible suministrado. También el valor total de la venta.

“La inadecuada segregación de funciones en el manejo de los combustibles, las deficiencias en la supervisión y falta de controles de carácter administrativo, permitieron de manera irregular el suministro de gasolina y acpm a estos vehículos que por el estado en que se encuentra no deberían tener consumo”, aseguró el equipo de auditoría.

El suministro diario de combustible está controlado en los procedimientos internos adoptados por la Policía Nacional. El control se realizaba a través de un dispositivo electrónico Ibutton, un chip diminuto que marca el volumen de combustible y la programación de visitas a las estaciones de servicio, según los criterios establecidos en el manual logístico, lo que no ocurrió en las vigencias investigadas.

Sin justificación

Adicionalmente, no se contó con una prueba que permitiera justificar el suministro de combustible que se venía a varios  unos vehículos que no se encontraban en servicio, o por lo menos que dicho suministro hubiese obedecido a una necesidad del servicio que tiene a cargo la Policía Nacional. “Lo que sugiere que los vehículos no salieron del lugar donde se encontraban, pero sí fueron objeto de suministro de combustible, con el agravante de no prestar un servicio un servicio a la comunidad”, concluyó el equipo auditor.

El dispositivo electrónico fue entregado, sin razón, a los encargados de ejercer el control, quienes al parecer, se beneficiaron.

Los mismos vinculados al proceso reconocieron que el contratista le había entregado unos chips sueltos a los supervisores para suministrar el servicio, cuando era claro que éstos debían ir pegados a los automotores, y verificarse la presencia física del automotor para evitar el tanqueo a vehículo que no pertenecieran a la institución, o como aconteció en este caso, que se facturara el suministro de combustible a unos vehículos que se encontraban fuera del servicio.

“El daño causado al patrimonio de la policía, aseveró,  se generó con ocasión a la ejecución de los tres contratos para el suministro de combustible a los vehículos fuera de servicio que por lo mismo no debieron haber reportar ningún consumo”.

La investigación fue iniciada el 8 de febrero de 2018 (Auto No. 62). Los servidores públicos implicados en la investigación fiscal rindieron versiones libres el 30 y 31 de mayo de 2018. El comerciante Edgar Perdomo, representante legal de la estación de servicio lo hizo el 18 de junio, hace un año.

El informe técnico

Los comprobantes de recibo por suministro de combustible no coincidían con los datos del vehículo. Adicionalmente se constató que dichos vehículos, a pesar de no estar en servicio por encontrarse en proceso de baja y remate, continuaban asignados a un servidor de la Institución, quien tenía a cargo entre dos y tres vehículos de las mismas características, y de los cuales únicamente uno se encontraba prestando un servicio efectivo a la institución policial.

Los vehículos, curiosamente, no aparecían en la lista actualizada en el Sistema de Información para la Gestión (Sigea).

El contratista además de suministrar el combustible tenía la obligación de diligenciar el consumo en un formato. Ese master contiene el número de la sigla del vehículo (cada vehículo tiene una sigla con la cual se identifica y se procede a tanguear), el tipo de suministro normal o por chips adicional es un aparato manual el cual lo maneja una persona encargada (Jefe de Movilidad) y se utiliza para taquear vehículos que se necesitan de forma urgente y de otras unidades.

Además, contiene el número del vale manual o el número del boucher que genera, la fecha, el tipo de combustible acpm, gasolina y gas, la cantidad de combustible suministrado a cada vehículo, el valor del galón, los kilómetros de cada vehículo que tanguea y el valor.

Esos documentos fueron utilizados para la presentación de las cuentas de cobro y soportar los pagos. Al confrontar la información se evidenció que aparecían consumos relacionados a los vehículos fuera de servicio, consignó un perito encargado de verificar la información. La Policía Metropolitana respondió el hallazgo pero el reporte no coincidía con la información entregada por la misma entidad.

Validación

El equipo de auditoría disminuyó la cuantía pero confirmó la anomalía como un hallazgo fiscal que originó el proceso de responsabilidad fiscal. “En estas condiciones- dijo-la existencia del daño patrimonial se encuentra sustentado en las inconsistencias encontradas”.

“Por lo tanto, el daño patrimonial se consumó una vez fue realizado el pago de los servicios no causados con cargo a los recursos públicos de la Entidad Afectada, menoscabando los intereses patrimoniales de la Policía Nacional, lo que conllevó a evitar la inversión de los mismos en el normal desarrollo de su misión institucional”.

La cuantía final del daño así configurado se redujo a $5,83 millones. De estos 1,41 millones corresponde al Departamento de Policía Huila y el resto 4,41 millones a la Policía Metropolitana de Neiva.

Lo que se probó es que carros varados o fuera de servicio también reportaban tanqueos ficticios.

Imputación

El organismo fiscalizador concluyó que la responsabilidad del daño se encuentra en cabeza no sólo del contratista, sino también de aquellos que ejercieron como supervisores de los contratos de suministro citados, quienes tenían la labor de garantizar, en desarrollo de la función de verificación y control.

La inobservancia de una regulación de tipo contractual condujeron a que la Policía efectuara unos desembolsos de recursos públicos que fueron cancelados sin atender las condiciones técnicas y económicas pactadas, generado un daño al patrimonio público.

Por lo tanto, la empresa contratista A y E Asociados Ltda estaba obligada a ejecutar éstos acuerdos contractuales, no sólo en el suministro del combustible, sino también a prestar el servicio de acuerdo a los parámetros establecidos, entre otros contar con la tecnología de registro electrónico de la información para el control efectivo del suministro (chip Ibutton) o dispositivos similares.

“En cuanto a que los vehículos estaban fuera de servicio, no es responsabilidad nuestra porque nosotros no tenemos acceso a la administración interna de la policía, no sabemos cuándo los dan de baja, si están en un proceso de reparación, o cualquier otra circunstancia del manejo interno de la policía”, argumentó el empresario Edgar Perdomo.

No obstante, el organismo fiscalizador, reiteró que el contratista tenía la obligación de instalar el dispositivo.

El desconocimiento de dichos controles, afirmó, lo único que acarreó fue un menoscabo de los recursos presupuestados en los citados contratos, lo que a su vez generaron una ganancia a favor de quien suministró el servicio.

La empresa contratista debía garantizar el cumplimiento de los controles establecidos y el acatamiento del clausulado. También debía garantizar que los vehículos a los cuales les realizaba el suministro de combustible contaran con un chip colocado en su interior para garantizar que los vehículos que no pertenecieran al parque automotor de la Policía no les fuera prestado el servicio.

A responder

La Contraloría le imputó responsabilidad a título de culpa grave al empresario Edgar Perdomo, en calidad de gestor fiscal. La culpa grave deviene en este asunto de la falta de cumplimiento de las obligaciones contractuales que tenía a cargo y que al ser inobservadas no sólo se producía un daño en los recursos públicos, sino que le generaban una ganancia adicional al realizar el cobro de dichos servicios.

Además, responderán por los mismos hechos, Yorgi Ome Melo  en su calidad de Jefe del Área Movilidad del Departamento de Policía Huila; José Orley Medina Vargas, Jefe Grupo de Movilidad de la Policía Metropolitana, encargados de la supervisión de los contratos. Finalmente a Ermes Ome Melo, coordinador  y Alexander Alturo Quintero, quienes podrán defenderse en el proceso de responsabilidad fiscal de única instancia.

La decisión fue aprobada por mayoría por la gerencia colegiada, suscrita por los contralores provinciales, Yaneth Rocío Urrea y Wilson Díaz Sterling. El gerente departamental Camilo Ernesto Chacón, aclaró su voto.

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