Rodolfo Valderrama

Rodolfo Valderrama D.

Es pertinente recordar las diferencias e interrelaciones entre Legislativo y Poder judicial en los últimos años, esto con motivo de hechos recientes tales como la fracasada Consulta anticorrupción por perversidad del Congreso y la reciente iniciativa de revocar a magistrados de las altas cortes, respaldada soterradamente por el uribismo.  La Constitución de 1991 de carácter socialdemócráta, consagró importantes derechos como la tutela, lo mismo que varios mecanismos de participación popular que daba la posibilidad de sustanciales mejoras para las mayorías, pero no garantizaba su cumplimiento, porque dependeríamos de leyes reglamentarias del Congreso; en efecto, el noble espíritu de la Constitución fue quebrantado pues se actuó en contravía, se atendieron intereses del capital privado y de minorías gobernantes; dichas leyes han sido nocivas, es el caso de la  pauperización del empleo o la degradación del servicio de salud, todo lo anterior pese a la intervención del Poder judicial, aunque en muchos casos han contenido los excesos del Ejecutivo, Legislativo o el Sector financiero; mencionemos las limitaciones al UPAC, protección a informales, derecho de minorías, parapolíticos y el freno a la intentona de Uribe para perpetuarse en el poder.

Lo ocurrido en el Congreso frente al fracaso de la Consulta anticorrupción es algo natural y todo se debe a que estos irresponsables “servidores” públicos administran directamente todo  lo relacionado con sus derechos y deberes con motivo de su investidura, es decir son juez y parte, algo absurdo, aunque la prerrogativa constituye uno de sus innumerables privilegios;  son expertos en mañas y falacias, por tal motivo se declararon impedidos para bajarse el salario o recientemente cuando crearon la confusión para eludir cárcel a los grandes corruptos, como es el caso de algunos colegas.

Actualmente se está promoviendo un Referendo con el beneplácito del Centro democrático; entre otros aspectos se plantea: revocar Consejo de Estado, Corte Suprema y Constitucional, asunto  claramente revanchista; además, segunda instancia con retroactividad y así beneficiar condenados por la Corte Suprema en especial a Andrés Felipe; reglamentación por parte de la Presidencia del concurso para seleccionar nuevos magistrados, esto implicaría la toma del poder judicial por parte del uribismo. Si bien la Rama judicial requiere reformas para establecer la independencia de poderes y por ciertos actos de corrupción, nunca es comparable con el Congreso donde continuamente hay quejas y escándalos por el ausentismo, desfalcos en grandes contratos o compra de votos, de ahí el repudio al Legislativo según las encuestas del orden del  90%, esto no es incoherente con lo expresado  por el congresista Gustavo Bolívar cuando afirmó, “El Congreso es un antro de ratas”

rodovaldi@hotmail.com

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