La reparación que pedía Conde Lasso por sanción de la Procuraduría

El exalcalde de Aipe, Luis Felipe Conde Lasso pedía una reparación integral por una sanción que le impuso la Procuraduría por anomalías en la compra de computadores escolares. Aunque se demostró que los equipos fueron entregados, el procedimiento no fue el más transparente.

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La irregular contratación de computadores escolares para Aipe, representó para el ordenamiento jurídico un supuesto de infracción disciplinaria a título de falta grave.

RICARDO AREIZA

Unidadinvestigativa@lanación.com.co

Aunque  los magistrados le suavizaron la condena, el ex alcalde de Aipe, Luis Felipe Conde Lasso no logró zafarse del todo de las sanciones disciplinarias impuestas por irregularidades en el suministro de computadores para las escuelas públicas en el 2008.

Según la Procuraduría  Conde Lasso desconoció los principios de la función administrativa de igualdad, imparcialidad y publicidad al escoger al contratista que debía suministrar 343 computadores portátiles, por valor total de 680 millones de pesos.

La contratación la hizo nada menos que con la Fundación del Buen Gobierno, de origen paisa, responsable de múltiples ‘torcidos’ en municipios del Huila y de otras regiones del país. La entidad privada, creada en el 2008, se trasformó luego en Fundación para el Bienestar Global (hoy Fundacubo) representada Hugo Mario Zuluaga Urrea, comprometidos en bochornosos escándalos de corrupción, entre ellos, la construcción del megacolegio en Santa Rita (Aipe) aun inconcluso.

Las anomalías

El ex mandatario contrató el suministro de los 343 equipos de cómputo con una fundación que no tiene dentro de su objeto social la actividad de suministro, distribución, comercialización y venta de esta clase de equipos, por lo que según indica el acervo probatorio en esta etapa procesal, permitió que se realizara una triangulación económica comprando dichos equipos a un tercero, eludiendo de esta manera la convocatoria pública de los procesos de selección de contratistas.

Luis Felipe Conde, ex alcalde

La investigación la inició por competencia la Procuraduría Provincial de Neiva el 27 de enero de 2010. Año y medio después, el 15 de junio de 2012, le imputó cargos por el desconocimiento de los principios de la contratación estatal  y sobrecostos en los valores de los equipos de cómputo.

Conde Lasso fue sancionado en primera instancia el 31 de marzo de 2013 con destitución e inhabilidad general por 12 años.  El 7 de febrero de 2014 la Procuraduría Regional modificó en segunda instancia la sanción y le impuso solamente suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 12 meses e inhabilidad especial por el mismo término.

Conde Lasso, pidió la nulidad de los dos fallos y reclamó una indemnización integral por los perjuicios que le ocasionaron los dos fallos.

 La contratación

En el contrato se pactó un anticipo del 50%, después se firmaron dos otrosí, uno ampliando el valor del anticipo al 100% y el otro ampliando el plazo en un mes,

“El primero tenía como finalidad aclarar una cláusula del contrato referente a las garantías y en ningún momento se adicionó el valor entregado como anticipo”, explicó Conde Lasso.

“El segundo amplió el plazo por cuanto el trámite de solicitud de las licencias de operación de los computadores se demora aproximadamente 30 días y este término no se tuvo en cuenta dentro del plazo de ejecución inicial”, explicó. La Procuraduría consideró que en este caso  existió una tercerización en razón a que la Fundación adquirió los equipos de la empresa Sure Computer S.A.,

La polémica

Según el Ministerio Público, la Procuraduría Provincial incurrió en un error al omitir en su valoración uno de los dos componentes del dolo que es la voluntad, situación que fue detectada en la segunda instancia. Aplicando el principio de favorabilidad la Procuraduría saneó la situación al descartarle el segundo cargo. Además, le cambió la calificación de la falta de dolo a culpa grave, lo que conllevó a que se modificara la sanción impuesta.

“El actor incurrió en dos faltas disciplinarias que en pro de garantizarle su derecho a la defensa y al debido proceso se redujo a una calificada como culpa grave, pero la sanción no puede considerarse desproporcionada por cuanto esta se deriva de una conducta desplegada como alcalde y en contra de la norma”, precisó el ente de control.

En su criterio, Conde Lasso al valerse de la intermediación de la cuestionada fundación paisa (que no tenía dentro de su objeto social la venta de computares), encareció el negocio por la especie de comisión que cobraba el intermediario.

En el proceso aparecieron las pruebas aportadas por el periodista Edgar Artunduaga Sánchez, quien falleció el lunes pasado, víctima de un fulminante paro cardiaco.

La denuncia periodística pone en evidencia la clara la afectación de los intereses de la población escolar de Aipe pues al encarecerse la compra de los computadores por la intermediación, se le privó a los estudiante de la posibilidad de que se pudiera adquirir un mayor número de estos u otros elementos para fines educativos”, resaltó la Procuraduría General de la Nación.

¿Doble sanción?

Cuando el proceso de nulidad estaba listo para fallarse se allegó por parte del Ministerio Público una providencia del 11 de septiembre de 2015 proferida por el Procurador General de la Nación que revocó el fallo sancionatorio de segunda instancia y dispuso su remisión para reiniciar el proceso de segunda instancia. El fallo se produjo el 31 de agosto de 2016 por la Procuraduría Regional del Tolima y entregado al Tribunal el 22 de febrero de 2019.

Con este nuevo fallo, Conde Lasso argumentó que fue condenado dos veces por el mismo hecho ya que la Procuraduría Regional del Tolima no tuvo en cuenta que él ya había cumplido la sanción ordenada en el fallo disciplinario que fue revocado.

Al computarse este fallo como una nueva sanción el actor acumuló tres sanciones en los últimos cinco años lo que lo hacía acreedor de una inhabilidad  sobreviniente impidiéndole ocupar cargos públicos y contratar con el Estado.

Tercerización

El magistrado Enrique Dussán Cabrera advirtió que se desconocieron los requisitos legales para acudirse a la contratación directa a través del contrato interadministrativo, y en consecuencia se quebrantaron los principios de la contratación estatal y de la función pública que exigen transparencia, responsabilidad, y selección objetiva del contratista pues pese a que la norma exige una “relación directa” entre las obligaciones del contrato y el objeto social de la entidad ejecutora, tal requisito no se cumplió en el caso del contrato interadministrativo 92-2009.

Por su parte, la Procuraduría reiteró que en este caso también existió una intermediación o una tercerización en la ejecución del contrato por cuanto la fundación en el marco de su objeto social no podía cumplir con la dotación de los computadores objeto del contrato. Por esa razón tuvo que acudir a un tercero (la empresa Sure Computers) para cumplir el objeto del contrato.

Según los magistrados, esa tercerización por tratarse de esta modalidad de selección, si quebranta los procedimientos reglados y los principios de la contratación estatal.

La suscripción del contrato con una entidad que debía acudir a un tercero, impidió la participación de otros oferentes idóneos en igualdad de condiciones bajo otra modalidad de selección que tuviera la experiencia y la capacidad para ejecutar el contrato.

En ese orden, no se advierte vulneración alguna al debido proceso como fue planteado por conde Lasso y por tanto rechazó los argumentos planteados en la demanda.

La otra versión

No obstante, los magistrados afirmaron que no se demostró que la conducta sancionada por el actor haya causado un grave daño social como lo afirmó la Procuraduría. “Si bien se vieron quebrantados los principios de la contratación estatal y de la función pública, la falta pasó de ser gravísima a falta grave al ser cometida a título de culpa grave, y no se probó en el proceso disciplinario, ni en el presente proceso judicial, que se haya afectado la prestación del servicio de educación ni se haya vulnerado el derecho fundamental ya que los equipos fueron entregados.

Tampoco se probó un sobrecosto en la compra de los computadores que afectara el presupuesto de la entidad pública. No pudo probarse que los precios del mercado para la compra de tales equipos eran inferiores al pagado por el municipio.

Al haberse desestimado tampoco hubo detrimento patrimonial por presunto sobrecosto. En estas circunstancias, estableció que existió una sanción desproporcionada que configura una causal de nulidad.

La modalidad impidió que otros oferentes idóneos ycon experiencia pudieran participar.

Fallo final

La corporación, en consecuencia, declaró la nulidad parcial de los actos administrativos sancionatorios y ordenó a título de restablecimiento del derecho, una sanción de seis meses teniendo en cuenta que se trata de una falta grave culposa, la cual será convertida a salarios devengados para la época de los hechos.

En tal sentido le ordenará a la Procuraduría General de la Nación que elimine las anotaciones que se hubieren efectuado por éstas sanciones en el registro de antecedentes en virtud de las decisiones disciplinarias parcialmente anuladas, y se registre la nueva sanción.

Aunque le “suavizó” la pena, no acogió la indemnización integral solicitada por los perjuicios ocasionados bajo el argumento que no existió una falta disciplinaria.

Los magistrados no accedieron  a esta pretensión “como quiera que la conducta endilgada al señor Luis Felipe Conde Lasso en su calidad alcalde de Aipe sí representó para el ordenamiento jurídico un supuesto de infracción disciplinaria a título de falta grave, tan sólo que la sanción fue impuesta en forma desproporcionada por el órgano de control”.

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