El Consejo de Estado acumuló en una las tres demandas contra la elección de Nidia Guzmán. Además, le dio prelación al expediente que decretó la suspensión.

RICARDO AREIZA

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Mientras el Huila recibía a las 18 candidatas al Reinado Nacional del Bambuco, el Consejo de Estado, alejado de la rumba sampedrina definía nuevas pistas sobre el destino de la rectoría de la Universidad Surcolombiana.

En dos pronunciamientos separados, la corporación, anunció novedosas puntadas jurisprudenciales que podrían demarcar el rumbo definitivo de las tres demandas que mantienen en interinidad al centro superior.

El jueves pasado los magistrados de la Sección Quinta, decidieron acumular las tres demandas en una sola; le dieron prelación a la primera decisión que ordenó la suspensión provisional y definió las reglas para la designación del nuevo ponente, quien tomará la decisión final.

Adicionalmente, la Sala de Consulta y Servicio Civil, reiteró los criterios de la corporación frente a la causal inhabilitante, origen de las acciones judiciales,  que en criterio de los magistrados es vinculante para todos los poderes públicos, sin que haya argumento que pueda excusar o mitigar su transgresión.

Las dos posiciones se suman a otras puntadas jurídicas anticipadas que despejan el camino para una eventual nulidad de la elección.  Los vientos de la nulidad soplan esta vez en contra de la rectora titular Nidia Guzmán Durán, quien estuvo cinco meses en la dirección de la institución.

La acumulación

Según el Código de Procedimiento Administrativo (Artículo 282) deberá fallarse en una sola sentencia los procesos en que se impugne un mismo nombramiento, o una misma elección cuando la nulidad se impetre por irregularidades en la votación o en los escrutinios. También se acumularán los procesos fundados en la falta de requisitos o en inhabilidades cuando se refieran a un mismo demandado.

En los tres procesos pendientes de acumulación, el medio de control está dirigido contra la designación de Nidia Guzmán Durán como rectora de la Universidad Surcolombiana para el periodo 2018-2022.

La primera acción de nulidad presentada por Iván Mauricio Puentes está sustentada en la violación de la prohibición establecida en el artículo 126 de la Constitución, que impide a los servidores públicos nombrar y postular como tales a quienes hayan intervenido en su postulación o designación.

En su opinión, la terna estaba viciada como consecuencia de haber recibido dos votos espurios de igual número de electores que estaban impedidos y de otro inhabilitado.

La segunda, impulsada por Karol Mauricio Martínez también invocó como cargo principal el desconocimiento de la citada norma superior, al igual que los artículos 13 y 209 de la Carta Política por el posible desconocimiento de la misma prohibición.

En el proceso promovido por Duvan Arboleda la demanda está basada en la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades contemplado en el artículo 126 de la Constitución y la ausencia de publicación de la convocatoria que culminó con la designación.

“Así, puede concluirse que las demandas correspondientes a los tres procesos están orientadas a cuestionar la legalidad de una misma designación, básicamente por la posible transgresión de la prohibición prevista en el artículo 126 de la Carta”, precisó el magistrado Carlos  Enrique Moreno Rubio.

En estas condiciones,  consideró procedente la acumulación y por lo tanto ordenó la fijación del respectivo aviso y dispuso de la convocatoria para sortear al magistrado ponente que continuará la actuación. La diligencia deberá convocarse para el día siguiente a la desfijación del aviso.

Nuevo sorteo

Para llevar a cabo el sorteo la diligencia se efectuará entre los magistrados que tramitaron los procesos con el propósito de establecer quién seguirá como ponente. En cualquiera de los casos la ponencia quedará en manos de los magistrados partidarios de la nulidad.

La decisión de hecho marca una pista clave que podrá definir el rumbo de la consulta estamentaria y desde luego el futuro de la elección de la rectora Nidia Guzmán.

Para la continuación de la actuación procesal se tendrá como expediente principal el radicado por Iván Mauricio Puentes Morales por cuanto fue el primero en el cual venció el término para la contestación de la demanda presentada el 14 de noviembre de 2018.

La providencia tendrá como expediente base, el sustentado por el consejero Carlos Enrique Moreno Rubio, quien decretó la suspensión provisional de la funcionaria al considerar que estaba incursa en la causal inhabilitante.

La medida cautelar fue decretada el 14 de febrero de 2019 al admitir la primera demanda instaurada por Puentes Morales que se mantendrá como el expediente principal.

Primera pista

En abril pasado, la Sección Quinta confirmó en su integridad los criterios que tuvo en cuenta para decretar la medida cautelar al encontrar demostrada en esta etapa inicial del proceso la violación de la prohibición establecida en el artículo 126 de la Constitución Política. En tres autos admitió otras dos demandas y resolvió un recurso de reposición elevado por el apoderado de Usco, Rubén Darío Rivera, solicitando la revocatoria de la medida cautelar por desconocimiento del debido proceso.

Por el contrario, al estudiar las tres demandas, la corporación mantuvo una posición mayoritaria. En los tres autos simultáneos expedidos en esa fecha, la Sección Quinta reiteró la línea jurisprudencial mayoritaria que podría concluir con la eventual nulidad de la elección. La presidenta del Consejo de Estado Lucy Jeannette Bermúdez se apartó de esa decisión y salvó su voto.

Adicionalmente, la procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Sonia Patricia Téllez Beltrán respalda la tesis mayoritaria según la cual, el acto de elección de la señora Guzmán Durán estaría viciado de nulidad.

En su opinión, por mandato constitucional ningún funcionario podrá nombrar ni postular como servidores públicos a quienes hubieren intervenido en su postulación o designación.

“La Sala mantiene un criterio reiterado según el cual la prohibición expresa contenida en el artículo 126 de la Constitución tiene “carácter general que apareja una inelegibilidad objetiva, denominador común del régimen de inelegibilidades electorales, por cuanto, solo es necesario que se cumpla con las condiciones contempladas en la norma prohibitiva para que se cristalice automáticamente la inelegibilidad. Aunado a ello, el desconocimiento de la prohibición conlleva inexorablemente la nulidad del acto de nombramiento o elección”, precisó el alto tribunal al decretar la suspensión provisional.

Según Moreno Rubio, la autonomía universitaria no puede conducir a la inaplicación de las prohibiciones de orden constitucional y legal establecidas para los servidores de las universidades públicas.

“Es necesario –añadió- tener presente que esta corporación mantiene un criterio reiterado, expuesto en casos similares, según el cual la autonomía universitaria no tiene la virtud de enervar la prohibición establecida en el artículo 126 de la Constitución, como quedó expuesto en el auto objeto de recursos”.

En concreto: basta con que se haya probado que el demandado haya nombrado e intervenido en la designación de uno solo de los miembros de los órganos que intervinieron en el proceso eleccionario para tener por configurada la prohibición alegada.

La misma tesis la defiende la magistrada Rocío Araujo Oñate, quien estará en la baraja para la elaboración de la ponencia.

Segunda pista

La nueva pista quedó revalidada en el fallo proferido el 13 de junio pasado al declarar inválido el nombramiento transitorio del médico Pedro Reyes Gaspar como rector encargado mientras se surtía la elección de su sucesora.

Reyes fue respaldado por el decano de Ingeniería Mauricio Duarte Toro, quien a su vez  fue elegido por unanimidad el 11 de julio de 2017 por el Consejo Académico con el voto del rector Pedro Reyes.

Duarte Toro, además, era suplente de Alexander Salazar Piñeros, quien terminó inhabilitado a Nidia Guzmán, quien siendo decana ayudó a elegirlo. Salazar Piñeros votó luego por Nidia Guzmán.

Estos hechos, examinados en contexto, violan la prohibición constitucional “yo te elijo, tú me eliges”, según la tesis mayoritaria que mantiene en vilo la continuidad de la rectora Nidia Guzmán.

El magistrado Carlos Enrique Moreno, partidario de la nulidad, tendría la nueva ponencia.

Última postura

Finalmente, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado precisó los alcances de esa prohibición constitucional. La posición fue fijada al resolver una consulta elevada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, relacionada con la facultad nominadora y las modificaciones posteriores (equilibrio de poderes).

Los cinco magistrados de esta sala confirmaron el propósito y finalidad del art. 126 Superior expuestos y explicados en reiterada jurisprudencia de esta corporación, entre otras, la sentencia de unificación del 7 de diciembre de 2016.  Destacamos algunos apartes:

“Como lo ha establecido la jurisprudencia de esta corporación, esta disposición tuvo el claro objetivo de censurar y proscribir la nociva práctica del intercambio de favores denominada “yo te elijo tú me eliges”, en garantía de la ética pública, de la transparencia y de la igualdad en el acceso a los cargos públicos, pues con ella se garantiza que quienes hayan sido elegidos para un cargo público, no puedan luego nominar a los familiares de aquellos que intervinieron en su designación”.

“En suma, sin lugar a dudas se puede concluir que “la norma (artículo 126) busca erradicar, no sólo el favoritismo familiar, sino todo el que pueda comprometer la imparcialidad de los funcionarios que intervienen en la elección o, lo que es lo mismo, empañar una actuación que debe asegurar condiciones de igualdad en el acceso y, al paso, garantizar transparencia y objetividad”.

Transparencia

De esta forma, se cierra la puerta al intercambio de favores en el acceso a los cargos públicos, en especial a la práctica del “yo te elijo, tú me eliges”, con el objetivo de garantizar la imparcialidad y la transparencia en los procesos de elección de los servidores públicos y, al mismo tiempo, las condiciones de igualdad y objetividad en el acceso a los cargos públicos.

Ratificación

La nueva disposición configura la prohibición en relación con “quienes hubieren intervenido en su postulación o designación, con lo que parece haber concebido la prohibición, no respecto de todos los servidores públicos competentes para intervenir en la postulación o designación del servidor público, sino en relación con aquellos que hubiesen intervenido efectivamente en estas.

En este contexto, para determinar en su integridad el alcance del inciso 2 del art. 126 Superior, cobra especial relevancia el significado que se puede atribuir al término “intervenir” utilizado por el inciso 2 del art. 126 Superior, cuya primera acepción en el Diccionario de la Real Academia es “tomar parte en un asunto”.

De conformidad con este significado, se puede afirmar, en principio, que la prohibición contenida en el inciso 2 del art. 126 Superior se configura en relación con quienes hayan tomado parte en la postulación o designación del servidor público.

Epílogo

Esta circunstancia, sumada a la finalidad o teleología de la norma analizada, permite concluir que la prohibición impuesta al servidor público, de no ejercer su facultad nominadora, se configura en relación con quienes hubiesen intervenido directa o indirectamente en su postulación o designación como servidor público (y los familiares de aquellos en los grados previstos en el art 126 ibídem), y no solo, por ejemplo, en relación con quienes hubiesen participado en la votación a través de la cual se eligió al servidor público.

La prohibición no se configuraría, por ejemplo, en relación con un servidor público legalmente competente para intervenir en la postulación o designación del servidor público sujeto a la prohibición, pero que no intervino efectivamente en estas, por ejemplo, porque se declaró impedido para votar en la elección en la que se debía elegir al funcionario.

Lo anterior, claro está, a menos que el servidor público haya intervenido de alguna otra manera en la postulación o designación del funcionario, máxime si el proceso de postulación y designación del referido servidor público comprende varias etapas, tal como sucede con las elecciones de servidores públicos por parte de las corporaciones públicas.

Lo claro es que las modificaciones introducidas en el acto legislativo 2 de 2015 (equilibrio de poderes) son concordantes con la prohibición constitucional, que además es vinculante para todos los poderes públicos, sin que haya argumento que pueda excusar o mitigar su transgresión. En todo caso prima la finalidad pretendida por el constituyente al consagrar la prohibición que originó la suspensión de la actual rectora.

 

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