Los reiterados incumplimientos en la ejecución del contrato originó una cuantiosa multa y la liquidación del contrato.

RICARDO AREIZA

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El afán era el anticipo. La demora fue recibir el 40% del valor del contrato (5.683 millones de pesos). A partir de ese momento comenzó el infierno.

El contrato para la rehabilitación de la vía Neiva-Tello-Baraya estaba estimado ejecutarse en un plazo máximo de ocho meses. Una vez inició el 8 de septiembre de 2016 fue adicionado en tiempo por un término de cuatro meses más, para un plazo total de doce meses. Tres años después la obra quedó inconclusa.

El 17 de abril de 2017 la obra fue suspendida.  Se reinició el primero de junio de 2017 y volvió a suspenderse 15 días después. Se reactivó el 4 de julio de 2017. Las constantes prórrogas y los reiterados incumplimientos desataron la ira de las comunidades. También los proveedores se pronunciaron.  La presión de la ciudadanía, originó varios debates de control político en la Asamblea y finalmente con una millonaria multa.

El contrato

El contrato 1193 fue adjudicado el 31 de diciembre de 2015, último día de la administración de Carlos Mauricio Iriarte, por valor de $14.953 millones de pesos. Las múltiples observaciones formuladas durante el proceso licitatorio y las falencias reportadas de nada sirvieron.

El consorcio Viascol 2016 representado legalmente por Diana Paola Cedeño y relacionado con el polémico contratista Jaime Saavedra se quedó con el contrato financiado con recursos del Sistema General de Regalías.

El consorcio está conformado con por la Fundación para el Desarrollo de Colombia, Fundecol, y la sociedad  Servicio de Ingeniería Colombiana, Seingecol. La interventoría, también de los hermanos Saavedra, quedó en manos de la de la Cooperativa Creer en lo Nuestro, vinculada en numerosos escándalos en el manejo de recursos públicos.

Las anomalías

El  secretario de Vías e Infraestructura, Henry Liscano Parra, en su calidad de supervisor presentó en su momento el primer reporte sobre incumplimientos. Según el informe en poder de LA NACIÓN, el contratista incumplió el programa de inversión del anticipo aprobado por la Interventoría y avalado por la Supervisión. No cumplió con el avance de las actividades programadas en el cronograma de obra.

Adicionalmente, el contratista no utilizó el personal idóneo y calificado para la ejecución del proyecto, ni ejecutó las obras de conformidad a las condiciones técnicas estipuladas en el contrato. Tampoco tenía el banco de maquinaria ni la planta de asfalto como estaba previsto en la convocatoria.

Y lo más grave: El contratista sin autorización cambió la localización del proyecto y realizó obras extras sin ser previamente acordadas y aprobadas por el supervisor.

Algunos tramos intervenidos.

Extrañamente con el consentimiento del interventor, realizaron cambios a dicho programa de inversión del anticipo sin la revisión y aprobación de la Supervisión. De igual manera explicó que el contratista no cumplió con el pago al Sistema de Seguridad Social Integral a sus trabajadores. Tampoco pagó oportunamente a sus proveedores por los suministros entregados para la ejecución de la obra, lo que generó graves protestas.

“Durante la ejecución del contrato, el consorcio no ha realizado todas las actividades necesarias que permita la ejecución final de la obra, dado esto, por un continuo incumplimiento de lo establecido en el cronograma, lo cual, debería estar en su fase final”, anotó Liscano.

Además de incumplir con los porcentajes de ejecución, los pocos avances no eran técnicamente satisfactorios.

“Las obras ejecutadas son técnicamente deficientes, como se puede evidenciar claramente en el sector chontaduro, donde la construcción de los canales colectores se encuentra desalineados, desplomados, con malos acabado y aceros por fuera del concreto”.

“Algunas alcantarillas del sector fortalecillas – Tello – Baraya carecen de alineamiento vertical, horizontal y los descolen carecen de salida para desagüe, es decir no tiene por donde evacuar las aguas. Lo mismo ocurrió con la alcantarilla en chontaduro.

El contratista ejecutó actividades no establecidas en el contrato de obra, tal como se evidenció en el tramo Fortalecillas-Tello (k9+700 al K11+090), aplicando en este tramo un estabilizante con electroquímico.

Lo mismo sucedió con una parte del tramo Neiva-Fortalecillas (k6+000 al k6+613) donde aplicó un suelo-cemento que no está contemplado en el contrato.

“En consecuencia-dijo- el contratista no solo está incumpliendo con las condiciones pactadas en el contrato, sino que ha creado incomodidades y traumatismos a la comunidad”.

Primera multa

Ante los reiterados incumplimientos la administración seccional le inició un proceso sancionatorio que concluyó con una multa equivalente a $ 1.495 millones de pesos (Resolución Nº 03 de 2017).

La sanción fue impuesta el 5 de septiembre de 2017 firmada por el jefe del Departamento Jurídico, Ricardo Moncaleano Perdomo.

Meidiante Resolución Nº 01 de 5 de enero de 2018, inició el proceso de cobro coactivo contra el consorcio Viascol 2016, al incumplirse una vez más los acuerdos de pagos.

Al vencerse los términos del contrato, la Gobernación tomó la decisión de no conceder más prórrogas y la ejecución final llegó a 81 por ciento, evidenciados en la recuperación de 5.9 kilómetros de vía. El contrato está en proceso de liquidación unilateral, mientras se adelanta una segunda sanción por incumplimiento.

La Gobernación del Huila impuso en agosto pasado una sanción económica por 104 millones de pesos a la Cooperativa Profesionales de Colombia “Creer en lo nuestro”, encargada de la interventoría,  luego de determinar que también incumplió en el seguimiento y entrega oportuna de informes sobre el avance de los trabajos.

El gobierno y las comunidades reaccionaron antes los incumplimientos de la obra, que quedó ejecutada en un 81%.

Pataletas

Ahora, el consorcio Viascol, encargado de la polémica rehabilitación de la vía Neiva-Tello-Baraya, no pudo zafarse de la multa que le impuso el gobierno departamental por los demostrados incumplimientos en la ejecución de la obra.

La empresa, no solo tendrá que pagar la multa por 1.495 millones de pesos que le impuso la administración seccional sino que además, tendrá que afrontar una nueva multa que se tramita actualmente.

La multa en proceso de cobro jurídico quedó en firme, lo mismo que los actos administrativos que originaron la sanción. Aunque ameritaba la declaratoria de caducidad, al final, se exploraron otras opciones sancionatorias.

El Consejo de Estado, acaba de negar el último recurso adelantado para evitar el pago de la cuantiosa multa. Primero reaccionaron contra el Juzgado Administrativo que negó el amparo. Luego hicieron lo mismo contra los magistrados del Tribunal Administrativo que negaron la medida cautelar de suspensión.

Guerra jurídica

El consorcio Viascol inició por su parte la guerra jurídica para frenar la cuantiosa multa. También la firma Seingecol.

Las dos empresas solicitaron como medida cautelar la suspensión provisional del acto administrativo, bajo el argumento de que la sanción impuesta “le generaba  un bloqueo en el desarrollo contractual del consorcio por la iliquidez que acarrearía, dejándolos imposibilitados no solo para terminar el resto del objeto contractual, sino impidiéndoles el pago de la mano de obra, de los arriendos, del mantenimiento de los vehículos y la compra de insumos”.

El Tribunal Administrativo del Huila el 9 de octubre de 2018, negó la medida cautelar solicitada. El caso llegó al Consejo de Estado.

La empresa Seingecol, integrante del consorcio, pidió ante el Juzgado de Ejecuciones Fiscales del Huila, que adelanta el proceso de cobro coactivo la revocatoria del mandamiento de pago.

La sociedad manifestó que en el trámite del proceso de cobro coactivo se han realizado actuaciones irregulares, además de que la sanción impuesta es desbordada, lo que desconoce el principio de proporcionalidad, razón por la cual pide que se suspenda.

El jefe jurídico de la Gobernación estimó que la solicitud carece de fundamento alguno para que el juez de tutela disponga la suspensión del proceso de cobro coactivo.

Frente a la suspensión del proceso de cobro coactivo la entidad ejecutada ya había presentado otra acción de tutela, la cual fue resuelta de manera desfavorable por el Juez Sexto Penal Municipal de Neiva.

“Ese debate, no puede fundarse en el desacuerdo con la decisión, sino que debe darse en el marco de la grave vulneración de las garantías fundamentales que deben respetarse en el trámite de un proceso judicial, de lo contrario el mecanismo de protección constitucional se convertiría en una instancia adicional para lo cual no fue consagrado”, argumentó la magistrada del Consejo de Estado, Stella Jeannette Carvajal al estudiar la tutela colocada por la empresa Seingecol.

Lo anterior, es suficiente para concluir que la solicitud de amparo objeto de estudio no cumple con el requisito de la relevancia constitucional. La entidad no cumplió con la carga argumentativa mínima. Sólo se limitó a manifestar su inconformidad por la sanción impuesta por el departamento del Huila sin señalar algún defecto frente a la providencia que negó y rechazó la solicitud de suspensión.

En estas condiciones, rechazó por improcedente la tutela, dejando impacto el proceso coactivo que se adelanta para el cobro de la multa.
La decisión se conoció en momentos en que se estructura un nuevo proceso sancionatorio contra el consorcio y se define la ruta para la liquidación unilateral del polémico contrato.

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