Por: Francisco José García Lara

La defensoría del pueblo presentó el estudio: “La tutela y los derechos a la salud y a la seguridad social 2018: (www.defensoria.gov.co/public/pdf/Tutela-los-derechos-de-la-salud-2018.pdf)

Según el estudio el derecho más vulnerado es el de petición seguido por los de salud y debido proceso. Por número de tutelas, Antioquia encabeza con 136.012, luego Bogotá: 100.343 y Valle: 56.722; el Huila ocupa un lugar intermedio: 14.650.

La entidad más entutelada es la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), seguida de las oficinas de tránsito y luego en su orden tres EPS: Medimás, Coomeva y Nueva EPS.

De las 607.308 tutelas presentadas, 207.734 (34%) solicitaron el amparo del derecho a la salud, una tasa de crecimiento del 5.1% con relación al 2017.  En número de tutelas por el mismo derecho nuevamente es primero Antioquia, seguido de Valle y luego Bogotá; pero en tasa por 10.000 habitantes los resultados son diferentes: Caldas: 102.29, Risaralda:100.48 y Santander: 94.56. El Huila está nuevamente un lugar intermedio con una tasa de 43.06.

Las tutelas en salud se dirigen principalmente contra las EPS (85.41%), y de estas en tasa por cada 10.000 afiliados, el listado lo encabezan Saviasalud: 123.38, Coomeva: 105.96 y Ecoopsos:93.41. Comfamiliar Huila con una tasa de 42.03 se encuentra en la parte alta de las más entuteladas.

Lo que más se solicita mediante tutela son tratamientos, medicamentos y citas médicas de especialistas, estas últimas de ortopedia, neurología y oncología principalmente.

El 81.33% de las tutelas en salud fueron por actividades, intervenciones o procedimientos dentro del Plan de Beneficios de Salud (PBS- antes POS), es decir que no existe justificación alguna para que se requiera una tutela para solicitar estos servicios.

Las cifras anteriores permiten concluir, como lo hizo la presidenta de la Corte Constitucional Gloria Stella Ortiz, que el problema es ante todo de gestión de los actores del sistema de salud.

Lo absurdo del asunto es que sabemos que se tiene que hacer pero no lo hacemos, de poco sirve el esfuerzo de la defensoría facilitando el diagnóstico y permitiendo tener claro lo que se debe hacer si no existe voluntad política y administrativa para tomar las medidas correctivas.

Una muestra incontrovertible de lo anterior es que el gobierno nacional hace 14 meses no contrata la correspondiente auditoria para la Administradora de Recursos de la Seguridad Social en Salud (ADRES), sin que se conozca investigación alguna abierta por semejante negligencia administrativa, lo que nos ratifica que las entidades encargadas del control, incluida la Supersalud, son más algarabía que resultados.

garcia.francisco@javeriana.edu.co

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