Esperanza Andrade

La violación y cruel asesinato de la niña Sharick Alejandra Buitrago, en Guaviare, volvió a reabrir el viejo debate sobre cómo castigar a los abusadores de menores y ejemplarizar al país para que no sigan ocurriendo tan aberrantes casos. La discusión es impulsada por el presidente Duque, a quien apoyamos decididamente, en coherencia con la que siempre ha sido nuestra posición sobre el tema.

Invariablemente hemos sostenido que las alarmantes cifras de violencia contra nuestros pequeños obligan a condenas más severas. Según Bienestar Familiar, entre enero y mayo de 2018 abrió 5.142 procesos por hechos relacionados; y en los primeros cuatro meses del año se registraron 288 homicidios de niños y adolescentes, entre los 0 y 17 años de edad.

Y el Instituto Nacional de Medicina Legal aseguró que para finales de mayo “la violencia sexual contra menores de edad aumentó 15%”, un incremento de “1.605 reportes de este fenómeno” en comparación con el mismo periodo del año pasado. Y lo más grave: “en el 65% de los casos los victimarios son personas conocidas de las víctimas”.

Los montos son preocupantes y nos deben mover, más allá de la indignación, a decidir acciones concretas como la prisión perpetua, que enfrenten este flagelo social que afecta directamente la base fundamental de toda sociedad: la niñez.

Entendemos que hay sectores que no la comparten, por razones que respetamos, y consideran justo insistir en otras acciones. Pero de mi parte digo que ya no se puede dar más esperas y largas al problema. No podemos ser tolerantes ni indiferentes en plantear medidas drásticas en circunstancias tan dolorosas y delicadas para el futuro del país.

Personalmente, me pongo a disposición para trabajar desde el Congreso y la Comisión Primera de Senado, con todos mis esfuerzos, en contribuir a tramitar leyes que ayuden a neutralizar los abusos y crímenes de niños y se castigue con real rigor a los culpables.

Mientras se surte la discusión, debemos promover y estimular otras respuestas, como la denuncia, porque muchos casos se ocultan por el temor de la víctima o los reparos de los mayores a publicitar las vergüenzas familiares. Perseguir con más contundencia a los agresores y garantizar que cumplan las condenas. Proteger a los niños y establecer políticas en hogares y colegios que desestimen los ataques y, por ende, ayude a erradicarlos. Así les empezaremos a brindar desde ya una verdadera paz y esperanza para que gocen la infancia lejos de miedos y amenazas.

 

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