María Consuelo Plazas Serrato

De acuerdo con el pedagogo Pedro Pablo Camargo la cadena perpetua se define como “una pena privativa de la libertad de carácter indefinido, que normalmente se impone como condena ante un delito grave, y que puede implicar la privación de libertad de por vida”.

En ese orden conviene recordar que desde tiempo atrás la incorporación de la cadena perpetua en la legislación penal colombiana, ha originado amplios debates en diversos sectores de opinión, específicamente cuando se trata de imponerla contra agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes dado los numerosos casos de violación y asesinatos contra esta sensible franja poblacional, debate que cobra vigencia y suscita indignación nacional cada vez que se registra un nuevo hecho de esta naturaleza.

En efecto, los partidarios de promover su aprobación, argumentan que puede tener un efecto disuasivo  y equivaldría potencialmente a la imposibilidad de cometer nuevos delitos. Por su parte, los detractores consideran que su incorporacion atentaría gravemente contra los principios constitucionales y derechos fundamentales porque contravenir el fin último de la pena y por tanto, se debería orientar su cumplimiento hacia la resocializacion y rehabilitación que permita modificar los habitos delincuenciales y de paso reintegrarlos a la sociedad. No obstante lo mencionado, claramente se advierte que no existe hasta el momento evidencia científica que permita demostrar que la adopción de tal medida conduzca a la reducción de la delincuencia contra la población infantil.

Así las cosas, es menester preguntarse si incorporar en el ordenamiento jurídico colombiano la cadena perpetua para violadores, sería la solución eficaz.

Sobre el particular la Comisión Asesora de Política Criminal destaca que  “antes de tomar decisiones de política criminal, como la prisión perpetua, hay que analizar otras vías sociales, culturales, políticas y legales menos lesivas para los derechos humanos”. En ese orden recomienda que “no se dé ese paso y que más bien se busque otro tipo de alternativas para castigar a los responsables, atender a las víctimas y avanzar en la socialización de los victimarios”.

De entrada es un debate que sin duda requiere mayor presencia del Estado para afrontar tan devastadora problemática mediante la incorporacion de politicas públicas eficaces tendientes a “promover una politica social de mayor carácter preventivo, y un incremento del gasto social, lo que significa tambien atajar el problema de la delincuencia desde sus causas y no a partir de los síntomas”.

 

 

Comentarios