Maritza Rocío Lopez

Maritza Rocío López Vargas

Por estos días la violencia contra los niños, niñas y adolescentes se ha recrudecido; tristemente los medios de comunicación reportan a diario, nuevas víctimas de abuso sexual. Sin desconocer lo desgarrador que resultan estos hechos y ante la reiterada propuesta del gobierno de Iván Duque, de endurecer las condenas para abusadores sexuales de niños; se hace necesario hacer una reflexión crítica sobre las implicaciones económicas que para el sistema carcelario trae esta medida, con  la obligada adecuación de las cárceles, la manutención de los reclusos y qué decir de los miles de millones, que se tendrían que invertir en el referendo propuesto, para que los colombianos decidan si están o no de acuerdo, con la cadena perpetua.

En el marco del respeto y la tolerancia, se deben considerar y escuchar alternativas que posibiliten la prevención de este delito; hacer una mayor inversión en programas de salud mental, cultura, recreación y deporte. Esta medida aunque popular, no constituye la panacea para la solución de esta problemática, no permite la restauración de los derechos fundamentales de las víctimas, vulnera los tratados internacionales ratificados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos.

Por otra parte desvía el esfuerzo que se debería estar haciendo, en la toma de conciencia, formación y mejoramiento de condiciones educativas y socio familiares, para garantizar la salud mental de los menores de edad; la erradicación de actitudes que promuevan, toleren o promocionen la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. La sociedad debe reorientar sus esfuerzos, educar en la sexualidad, el manejo responsable de las redes sociales, el respeto a la intimidad, la conformación de escuelas de padres para jóvenes recién casados y ojalá sin hijos, porque lamentablemente, se aprende a ser padres con los hijos, cometiendo en el camino errores, que con una adecuada orientación y formación bien pueden evitarse.

En el país no se deben seguir alimentando más odios, esto en nada favorece la convivencia, ni el logro de la paz. Urge el rescate de valores, la educación en el respeto a los derechos humanos, la vida y dignidad humana. Promover la cultura de la denuncia, romper con las cadenas de la violencia, el silencio y complicidad de algunos. Hacer una mayor inversión para fortalecer el trabajo de las fiscalías, los juzgados especializados, brindar permanente capacitación a los profesionales que atienden esta problemática, ofrecerles mejores condiciones para trabajar, brindarles mayores herramientas técnico-científicas y revisar el tema de la rebaja de penas.

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