Por: Francisco José García Lara

En el año 2005 nos propusieron cambiar un “articulito” de la Constitución Política con el fin de admitir la reelección presidencial, finalmente lograron su aprobación en el congreso permitiendo la reelección del “gran colombiano” y posteriormente la de Juan Manuel Santos.

Ahora nos proponen algo similar, pero no simplemente cambiar otro “articulito”, esta vez plantean una ley para favorecer a un convicto por corrupción, que además se fugó cuando se enteró de su condena. El mismo que fue acusado por la entonces fiscal que hoy ocupa el cargo de embajadora en Francia, y destituido e inhabilitado por el procurador de la época que hoy se desempeña como embajador ante la OEA, o sea que funcionarios del actual gobierno liderado por el mismo partido del condenado lo acusaron y procesaron, por tanto la excusa de la persecución política se cae por si sola.

El centro democrático no deja de sorprendernos, en lugar de enderezar el rumbo del gobierno que no da pie con bola y como consecuencia tiene su popularidad por el suelo, ahora quieren les sigamos alcahueteando las modificaciones constitucionales para proteger a sus amigos, y al igual que en el pasado, tienen el cinismo de presentarlas como indispensables para garantizar derechos fundamentales y preservar los más nobles intereses de la patria.

Habrase visto tal grado de sinvergüencería y desfachatez, ilustres miembros del partido de gobierno han sido condenados en casos evidentes de corrupción, pero en lugar de pedir perdón por tales actos pretenden modificar las normas legales para proteger estos delincuentes.

Que los obsecuentes seguidores del “presidente eterno” actúen como corifeos para respaldar ese esperpento es entendible, su concepción de la decencia y su poco respeto por la justicia hace que en su mente este tipo de exabruptos sean normales, pero que el resto del país, sobre todo los partidos políticos, se estén ablandado y manifestando posiciones dubitativas con relación al tema es verdaderamente deplorable.

Para que aterrarnos de Venezuela o Nicaragua con sus gobiernos dictatoriales y absolutistas cuando aquí disfrazados de democracia pretendemos hacer lo mismo, mejor no sigamos afirmando que somos la democracia más sólida de América, cuando aquí el estado de derecho nos importa un comino.

Esperemos que los honorables congresistas reaccionen y se den cuenta de la severa afectación a la institucionalidad que generaría la obscena iniciativa, y de no ser así, confiemos en la independencia de la Corte Constitucional para que declare inexequible semejante despropósito.

De lo contrario, así nos rasguemos las vestiduras asegurando lo contrario, seremos una verdadera republiqueta.

garcia.francisco@javeriana.edu.co

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