Los alumnos con discapacidad auditiva de la I.E. Misael Pastrana Borrero, se ven afectados año tras año por el retraso en el nombramiento de sus interprete de señas. Foto Archivo

Desde que inició el año escolar, ocho estudiantes de la Institución Educativa Misael Pastrana Borrero de La Plata, Huila con discapacidad auditiva habían estado sin intérprete de señas debido al retraso en el nombramiento por parte de la Secretaría de Educación del Huila. Para ese entonces corría el mes de abril.

Los estudiantes, en su mayoría menores de edad, permanecían en las aulas de clase pero como simples espectadores ya que no comprendían lo que ocurría a su alrededor, pese a que sus demás compañeros y profesores oyentes luchaban por tratar de que entendieran. Esto hizo que se desmotivaran y desorientaran pues la lengua hablada es para los sordos otro idioma.

La rectora de la Institución Educativa había pedido con anterioridad el 8 de febrero de 2019 a la Secretaría de Educación Departamental en forma urgente, la designación de intérpretes, petición que reiteró el 23 de abril siguiente ante la tardanza de la entidad.

En su contestación mediante comunicados del 19 de febrero y 23 de abril la Secretaría de Educación refirió que se estaba adelantado el proceso de licitación mediante resolución 0075 del 5 de abril de 2019, para la contratación de los profesionales requeridos, toda vez que no contaba con docentes de planta idóneos para atender ese tipo de población estudiantil.

Pero los ocho estudiantes decidieron no esperar más, pues ya en años anteriores la dependencia había tardado hasta cinco y nueve meses después de iniciado el año escolar en nombrar el personal de apoyo, haciéndolos quedar atrasados. Impusieron entonces una Acción de tutela en contra de la Secretaría de Educación Departamental del Huila tutelando el derecho fundamental a la educación y a la igualdad, y ordenara designar intérpretes en el lenguaje de señas para que aquellos pudieran acceder al conocimiento en las mismas condiciones de sus demás compañeros.

 

Un fallo trascendental

La sentencia de primera instancia del Juzgado Único Civil Municipal de La Plata, del 3 de mayo de 2019 a la Acción de tutela impuesta por los ocho estudiantes con discapacidad auditiva, es trascendental.

El Despacho corroboró que los accionantes fueron marginados en su proceso educativo, por cuenta de la tardanza y displicencia con la que la Secretaría de Educación del Huila ha actuado, frente a la necesidad de contratar intérpretes del lenguaje de señas que requieren aquellos. El Juzgado rechazó con vehemencia el proceder del ente departamental que aun teniendo conocimiento desde finales del 2018 de la condición de discapacidad auditiva de los alumnos, y por ende, de su deber de adoptar el ajuste razonable mínimo, decidió pasar por alto tal situación así como los requerimientos que en este sentido le hizo la Rectora, al punto de que al día en que se profirió este fallo, la garantía básica que les permitía a los menores acceder al conocimiento, no se había materializado.

“Tan nefasto proceder ha producido consecuencias lesivas en la vida de los tutelantes que son inaceptables. Durante cuatro meses han sido sometidos a un mundo de segregación en incomunicación; viendo cómo sus compañeros avanzan en su formación, mientras ellos se resignan a esperar hasta que el Establecimiento decida observarlos y les otorgue aquello que puede reemplazar lo que la naturaleza les ha negado.…” señala el Juez Único Civil Municipal de La Plata, Juan Carlos Clavijo González.

Pero además el togado menciona, “Lo pretendido por los estudiantes en esta salvaguarda constitucional no es caridad, ni siquiera un privilegio, corresponde a la idea básica de un orden justo, de comprender que los valores de la diversidad y el pluralismo son indispensables para la convivencia armónica de los pueblos y que son transversales para todos los escenarios de la dinámica social, incluyendo las aulas de clase; en esa medida exigen respeto, a que se les trate sin exclusión y a que se adopten las medidas necesarias para que puedan ejercer sus derechos como todos los demás”.

“Ahora, si bien hemos observado cómo el comportamiento de la accionada es inaceptable, en tanto revive patrones históricos de discriminación en perjuicio de las personas con discapacidad, el despacho no puede pasar por alto un suceso que abriga la esperanza de un mundo mejor. La tenacidad de los alumnos en la búsqueda de sus sueños al decidir permanecer en sus aulas de clase aun cuando no entienden nada, junto al apoyo que sus compañeros y profesores le han dado para tratar de sobrellevar la difícil situación que la dependencia accionada ha propiciado, representan actos que rescatan valores preciados que son el sustento de nuestro Estado social del Derecho y que deben ser reconocidos como una lección de vida para el resto de la sociedad; por esa razón, porque la humanidad debe prevalecer frente a los actos injustos, es que este ruego tuitivo debe abrirse paso adoptando las medidas que correspondan para restablecer el orden jurídico convencional e interno soslayado”.

 

Cumplimiento a medias

Las cuatro órdenes que resolvió en su fallo el Juez de La Plata, busca prácticamente que la Secretaría de Educación del Huila vaya y le dé la cara a los niños, que asuma frente a ellos un deber que la ley le impone.

Primeramente, le ordenó en un plazo de 4 días siguientes a la notificación de esta providencia realizar todas las actuaciones administrativas para que en el mismo tiempo nombrara a los intérpretes de señas que necesiten los alumnos de la Institución Educativa.

Ordenó que en colaboración con la Institución Educativa Misael Pastrana Borrero de La Plata diseñara dentro de las 72 horas siguientes un plan de contingencia que le permita a los alumnos con discapacidad auditiva nivelarse académicamente con sus demás compañeros. Estas dos primeras, fueron acatadas por la Secretaría de Educación.

Y resolvió otras dos órdenes, que establece medidas de prevención que buscan combatir la discriminación estructural y evitar que estos sucesos vuelvan a ocurrir:

Que dentro de los 15 días siguientes diseñara un plan en el que detalle todas las medidas administrativas que se requieran y que llevará a cabo este año para garantizar la continuidad del apoyo académico que brindan los intérpretes del lenguaje de señas para el año 2020, en favor de los alumnos con discapacidad auditiva de la Institución Educativa Misael Pastrana Borrero, y lo dé a conocer ante toda esa comunidad académica en el marco de un acto público.  “Dicho plan deberá ser también publicado en la página web habilitada para la entidad, junto con el compromiso público por parte de la Secretaría de que lo cumplirá”, dice literalmente el fallo. Esta medida se mantendrá y se reiterará en los años posteriores en las mismas fechas, hasta tanto los gestores culminen su ciclo escolar en la Institución.

La Secretaría radicará la vigilancia del cumplimiento de las anteriores medidas en la Defensoría de Familia de La Plata y la Procuraduría 19 Judicial 2 de Familia a quienes rendirá informe dentro de las 48 horas siguientes al vencimiento de cada plazo otorgado.

Pero hasta hoy, Secretaría de Educación del Huila no ha cumplido con estas dos últimas órdenes.

El Juzgado compulsó copias a la Procuraduría General de la Nación para que evalúe y determine si en estos hechos puede haber faltas disciplinarias, así como sus responsables.

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