Germán Palomo García

Acaba el presidente Duque de expedir una Ley que define como política de Estado las ventas ambulantes, procura sacar de la informalidad a los vendedores ambulantes y reconocerlos como plenos integrantes de la actividad económica nacional y otorga un plazo de un año para que el gobierno concrete las estrategias para dicha formalización. La ley, que desde ya empieza a llamarse la “Ley Empanada” por aquello de la multa impuesta a un consumidor que compró una empanada a un informal, busca, antes que nada, defender a los ambulantes de procedimientos similares y evitar las arremetidas de las autoridades contra quienes están obteniendo su sustento. Lo demás resulta muy complejo. En primer lugar, los ambulantes son invasores del espacio público por lo que defenderlos sin reglamentación sería desconocer esta realidad. Curitiba, ciudad modelo en Brasil, ha logrado mantener el espacio público sin invasión y definido una ubicación de los vendedores de manera organizada con espacios previamente definidos y sin montoneras. Algo similar se intentó en Neiva hace unos 10 años con ubicación de espacios para los vendedores y sus cabinas con medidas supuestamente requeridas que resultaron insuficientes y terminaron “acompañadas” por otros artefactos para mejorar la oferta ambulante. La ley prevé también la construcción de espacios físicos tipo centros comerciales. El mejor ejemplo ocurrió hace cuarenta años con el Centro Comercial Popular de Pereira que se creó con las tiendas informales metálicas que fueron trasladadas al centro comercial y pintadas de colores unificados en cada piso y solo se vendía el espacio y no locales. Fue tal el éxito de esta modalidad que resultaron víctimas de su propio invento pues el lugar se llenó de centros comerciales con mejores ofertas físicas y se perdió el objetivo social. Aquí puede pasar lo mismo con esta ley ya que resulta imposible evitar transacciones comerciales. En Neiva tenemos el Centro Comercial Los Comuneros que buscaba el traslado del tradicional pasaje Camacho lo cual se logró a un alto costo para el municipio que tuvo que comprar la mayoría de locales, desafortunadamente.

Estos ejemplos simplemente demuestran que no resultará fácil una formalización de los ambulantes pero está bien que se intente superar un problema ya inveterado en las ciudades del país y el mundo. Y esto que no se toca el tema de la corrupción en donde los ambulantes no son los que explotan el sitio sino que han comprado el espacio o lo explotan porque ya su “socio” consiguió trabajo. Otros son dueños de más de un puesto ambulante. ¿y los formales que piensan?

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