Esperanza Andrade

“Senadora, el desarrollo de la personalidad de un solo ciudadano no puede estar por encima de los miles de niños que necesitan un ambiente sano donde divertirse y recrearse” me respondió conmovida hace unos días una señora en una visita a Garzón, Huila, cuando pregunté en una reunión la opinión frente a la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la prohibición generalizada que traía el Código de Policía de consumir licor y sustancias psicoactivas en espacios públicos y parques.

Y pregunté porque esa es una de las grandes preocupaciones de las familias y comunidades en nuestros municipios. El incremento de la drogadicción en la juventud, ligada al delito del narcotráfico que se relaciona con las demás infracciones juveniles. Cansada, la gente clama ayuda y acciones en busca de soluciones a la problemática social que arruina la libertad, el proyecto de vida, la salud y los vínculos afectivos de cientos de hogares.

Por eso, con entusiasmo acompañamos la aprobación del proyecto de ley, de los congresistas Rodrigo Lara y Carlos Acosta, que apunta a la protección de los derechos de las niñas y niños colombianos atacando el consumo, distribución y porte de sustancias en lugares que frecuentan, áreas escolares y zonas aledañas, con medidas de carácter penal y correctivo.

Y es que el derecho al libre desarrollo de la personalidad no puede contravenir los derechos fundamentales de los menores, sus familias y los ciudadanos no consumidores de gozar ambientes sanos, ni el deber del Estado de esforzarse en disminuir actividades que puedan atentar contra su bienestar.

La facilidad de recibirlas es justamente una de las grandes problemáticas. 1 de cada 5 escolares ha sido tentado de probar sustancias ilegales, alguna vez. Por ello, apoyamos todas las iniciativas tendientes a combatir radicalmente el microtráfico y el narcomenudeo cerca a los colegios. Las estadísticas indican que la marihuana, seguida del basuco, la cocaína, los inhalables y el éxtasis son los elementos con mayor exposición, con cifras de acceso de 37,3%, 12,4%, 12%, 8,5% y 7%, respectivamente.

Pero, ojo, todo no puede ser prohibiciones, restricciones o aumento de policías. Los estudios muestran que los niños y adolescente con padres o adultos responsables involucrados en sus vidas presentan la mitad de los niveles de consumo a los de padres abstraídos en la asistencia y acompañamiento necesario para disuadirlos de los vicios y malos comportamientos.

No estamos quietos. Con esperanza, el Congreso hace los máximos esfuerzos posibles por mantener a las familias y juventud colombiana lo más lejos posible de las drogas, con todos sus efectos.

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