Tras conocerse el llamado a indagatoria al senador Álvaro Uribe Vélez y al representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada, por parte de la Corte Suprema de Justicia, Iván Cepeda expresó ayer a través de un comunicado oficial que no asistirá a las diligencias judiciales pactadas para el próximo mes.

Cepeda afirmó, que, pese a que tiene el derecho de asistir, se abstendrá de hacerlo para evitar cualquier interpretación que pueda perjudicar el proceso.

«Anunciamos que con el fin de evitar cualquier acción que pudiera ser interpretada como intencionalmente dirigida a perturbar o a constreñir a la contraparte, a pesar de tener derecho a hacerlo, no concurriremos a las diligencias de indagatoria programadas para los días 8 y 9 de octubre de 2019. Así lo haremos saber formalmente a la Sala de Instrucción Penal», dijo Cepeda en su cuenta e Twitter.

El congresista, además, agregó que la decisión del alto tribunal «corresponde a un denso caudal probatorio compuesto por decenas de testimonios, miles de interceptaciones de comunicaciones ordenadas y practicadas legalmente, numerosas inspecciones y diligencias de distinta índole» y por tanto es una muestra, de que «las actuaciones judiciales en este caso no se están tomando en modo tendencioso o arbitrario».

Sobre los distintos tropiezos que ha enfrentado el proceso, señaló que “los magistrados han realizado su trabajo en tiempos razonables, y que si alguna dilación hubiere en este asunto ha corrido a cargo de la defensa de los congresistas Uribe y Prada, de los cambios en la estructura de la Corte acontecidos a raíz de la entrada en vigor del sistema de doble instancia, y al hecho de que una vez se conformó la nueva sala de instrucción penal, la magistrada Cristina Lombana designada para el caso debió ser reemplazada por encontrarse objetivamente impedida para adelantar el proceso”, añadió.

El senador del Polo Democrático y opositor político del expresidente, agregó que informará de su decisión a la Sala de Instrucción Penal de la Corte, de la que dijo tener un «absoluto respeto» sobre las decisiones que adopten los magistrados.

“Es el momento de reafirmar nuestro absoluto respeto a la Corte Suprema de Justicia, a sus magistrados y a sus decisiones”, manifestó Cepeda.

Cabe resaltar, que luego de la indagatoria, la Corte Suprema de Justicia tendrá diez días para resolver la situación jurídica del expresidente y el representante a la Cámara.

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