El líder social Ismael Cardozo Quintero, fue capturado por su presunta responsabilidad en el homicidio de un supuesto ladrón en zona rural del municipio de Colombia, perpetrado por la guerrilla en el año 2000.

El hombre quien fue presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Altamira de Colombia, fue detenido con fines de indagatoria frente a la Alcaldía de Neiva, en un operativo realizado por servidores del CTI de la Fiscalía Seccional Huila, en coordinación con miembros del Ejército, por el delito de homicidio en persona protegida.

Cardozo Quintero, es investigado por hechos ocurridos el 7 de octubre del año 2000 en la vereda Altamira, donde fue asesinado Javier Vargas Ramírez, a manos presuntamente de integrantes del entonces frente guerrillero XVII de las Farc que delinquía por la zona.  La víctima fue señalada como un ladrón reincidente.

Cinco personas llegaron hasta la casa de la víctima, la sacaron a la fuerza y se la llevaron. Poco después sus familiares recibieron la noticia de que Vargas Ramírez había sido asesinado en una zona boscosa.

El fiscal especializado —que tiene a cargo la investigación bajo la Ley 600— escuchará a Cardozo Quintero, con el fin de conocer su versión sobre lo sucedió  hace 19 años, cuando era el presidente de la Junta de Acción Comunal de dicha vereda y según un testigo ante Justicia Transicional, él junto con su homólogo de la vereda Miramar, identificado como Florentino Barrios, recurrieron a un comandante guerrillero conocido como ‘Beto’, para pedirle que acabara con la vida del hombre, ya que aseguraban era un ladrón que tenía azotada la comunidad y que pese a las advertencias, reincidía.

El testigo, aceptó entonces haber sido una de las cinco personas integrantes del grupo alzado en armas, que acabó con la vida del hombre, el cual según los líderes comunales, se había convertido en una molestia para todos.

Según las autoridades, Florentino Barrios ya fue indagado y se encuentra con medida domiciliaria, debido a su avanzada edad y quebrantos de salud.

Para el caso de Cardozo Quintero, el fiscal tiene cinco días hábiles para resolverle su situación jurídica.

 

 

 

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