El Gobierno Nacional anunció recientemente la creación de 19 jueces especializados en el juzgamiento de responsables de crímenes de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el territorio nacional.

Sobre el tema, la ministra de Justicia, Margarita Cabello, explicó que “el Gobierno está estudiando y tiene casi lista la posibilidad de crear 19 nuevos jueces especializados. Le corresponde al país incluir dentro del Presupuesto alrededor de 16 mil millones de pesos anuales para el funcionamiento de estos jueces especializados en el juzgamiento de delitos contra la vida y la integridad de líderes sociales”.

Los recientes resultados del Gobierno Nacional dan cuenta que han sido desmantelados ocho grupos de delincuencia común organizada responsables de afectar a los líderes sociales, defensores de derechos humanos y también a excombatientes de las Farc. La labor investigativa de la Fuerza Pública y de la Fiscalía General de la Nación ha permitido desvertebrar a grupos delincuenciales como ‘Los Topos’, ‘El Plumón’, Los Dandy’, ‘Los Monos’, ‘La Rebelión’, ‘Los Astutos’, ‘Los Paisanos’ y ‘Los Ronda’. El Gobierno también ha destacado la captura de 10 de los 31 delincuentes más buscados por crímenes contra líderes sociales y defensores de derechos humanos.

De acuerdo con la misma Fiscalía, en casi el 60% de los casos de asesinatos de líderes sociales en el país, los autores son grupos armados organizados o bandas criminales. Con relación a los crímenes contra excombatientes de Farc -que según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz ascienden a 159-, se ha logrado un esclarecimiento del 46% de los casos.

Importantes estas cifras que entrega el Gobierno Nacional, pero claramente, se debe hacer mucho más no sólo por esclarecer los crímenes de líderes sociales sino por evitar que maten a más. El Estado no debe conformarse con esos porcentajes que muestra a la opinión pública. En el Huila, las autoridades están en mora de esclarecer y dar con los responsables del crimen del líder social, Humberto Díaz Tierradentro, ocurrido el 20 de julio pasado en el municipio de Gigante.

 

“Importantes las cifras que entrega el Gobierno Nacional, pero claramente, se debe hacer mucho más no sólo por esclarecer los crímenes de líderes sociales sino por evitar que maten a más”

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