Jesús Antonio Rojas Serrano

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Uno de los hechos que más ha copado la atención nacional ha sido el llamado a indagatoria por parte de la Corte Suprema de Justicia al expresidente Álvaro Uribe Vélez y al congresista huilense Álvaro Hernán Prada, por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno, relacionados con una supuesta intención de manipular testigos.

El senador, Iván Cepeda, quien denunció el episodio, habla sobre los alcances de ese llamado a indagatoria. También se refiere a la implementación del acuerdo de paz.

¿Qué significa el llamado a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe y al congresista huilense Álvaro Hernán Prada por parte de la Corte Suprema de Justicia?

Hay que recordar que ese llamado se había producido hace un año y no había tenido lugar por diversas razones que tienen que ver, por una parte, los recursos a los que han echado mano el senador Uribe y el representante Prada y, por otra parte, los cambios que ha tenido la conformación de la Corte Suprema después de la entrada en vigor del sistema de doble instancia y también de la recusación que se hizo a la magistrada Lombana, quien por su condición de mayor del Ejército no podía, al mismo tiempo, ser la persona que condujera esta investigación. Ahora, después de que se han superado todos esos obstáculos, la Corte programa, no solamente las indagatorias, sino también la recaudación de un cúmulo importante de pruebas. Desde el punto de vista del desarrollo del proceso judicial, este es un momento en el que la Corte comienza a tomar decisiones y nosotros celebramos, con mis abogados, que eso se produzca.

¿Qué tan importante es el nombre de Juan Guillermo Monsalve en este caso?

El señor Monsalve es el testigo principal en este caso por una doble circunstancia. El señor Monsalve, en septiembre de 2011, me pidió que le hiciera llegar a la Fiscalía General de la Nación una declaración de él. Y efectivamente, eso se hizo. Yo estuve en la cárcel de Cómbita, en Boyacá, el 16 de septiembre del año 2011, y el señor Monsalve, en esa declaración, dijo que él, como parte de los trabajadores de la hacienda Guacharacas y como hijo del mayordomo de la hacienda, no solamente había conocido la vida de esa propiedad sino que también había hecho parte de un grupo paramilitar que surgió allí bajo la conducción –él dijo esto—de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe y de otros clanes poderosos de esa región, los señores Gallón Henao y los señores Villegas Uribe. A raíz de esa circunstancia, él fue víctima de dos atentados. Y obviamente, a raíz de ese testimonio, vino la denuncia penal que instauró en mí contra el senador Uribe. Así que por esa primera circunstancia el testimonio del señor Monsalve es importante. Pero, hay una segunda circunstancia y es que después de que la Corte Suprema de Justicia, en febrero de 2018, desestimó la acusación que había hecho Uribe en mí contra, y en cambio, profirió una compulsa de copias contra él, en ese mismo año, hubo una actividad febril de abogados del señor Uribe y también del representante Prada, al parecer, para buscar la retractación del señor Monsalve. Y fue a raíz de esos hechos, en que se abrió un segundo proceso en el que los señores magistrados tomaron la decisión de llamar a indagatoria tanto a Uribe como a Prada.

Desde el uribismo lo señalan a usted de visitar numerosas veces a Monsalve, ¿Eso es cierto? ¿Es normal que un congresista visite a un preso muchas veces?

Yo hice nueve visitas al señor Monsalve en el lapso de los últimos seis o siete años. Y todas fueron visitas que tenían un carácter humanitario y que tenían que ver con las denuncias que hizo el señor Monsalve sobre su seguridad. Así que sobre eso no hay ningún misterio. Esas visitas están claramente documentadas. Lo que hay que explicar aquí no son mis visitas sino las visitas de los abogados del senador Uribe intentando buscar la retractación del señor Monsalve.

Y en todo este caso, a juicio suyo, ¿Cómo resulta involucrado el congresista huilense Álvaro Hernán Prada?

Lo que señalan las pruebas que hay en el expediente es que el señor Prada habría buscado, a través de un individuo que se hace llamar Caliche, al señor Monsalve, y que habría hecho solicitudes para que se retractara de su testimonio. Por supuesto, eso es lo que el señor Prada va a tener que controvertir ante la Corte.

Senador Cepeda, usted le ha recomendado al expresidente Uribe que se prepare con argumentos judiciales ante el llamado de la Corte, ¿Por qué?

Lo que hay es un escenario judicial. Aquí no estamos ante un show mediático y político, como he visto, él quiere montar, utilizando para ello los medios de comunicación, el propio Congreso de la República. Aquí hay unas pruebas y unos testimonios, aquí hay unas interceptaciones que ha practicado legalmente la Corte, y eso es lo que hay que controvertir. Entonces, lo que noto es que el hecho de que se diga que aquí hay un montaje judicial, como lo han dicho sus abogados, demuestra que no hay argumentos sólidos para la defensa. Es decir, no se controvierten los hechos sino que se controvierte utilizando mentiras. Y eso es demostrativo de que hay una gran debilidad argumentativa.

¿Cómo recibió lo que le dijo el expresidente Uribe de que prefiere discutir con guerrilleros reales y no con guerrilleros simulados?

Esa afirmación es muy diciente de la manera como el senador Uribe enfrenta a sus contradictores, haciendo acusaciones que no tienen ningún sustento. Si para Uribe yo soy un guerrillero simulado, eso quiere decir que hubiera podido ser objeto de una acción judicial. Pero, nunca me ha interpelado ante la Justicia. No conozco de una acusación de Uribe en mi contra señalándome de ser guerrillero simulado. Así que todo eso es habladuría. Palabras al viento, pero que intentan, obviamente, descalificarme. La realidad es que nunca ha podido demostrar semejante acusación. Y le doy para ello un ejemplo que es bastante diciente: después de que yo hice el debate en el que abordé de una manera extensa y detallada los nexos de Álvaro Uribe con gente que está probado han sido parte de estructuras narcotraficantes y paramilitares –debate que tuvo un gran impacto en la opinión pública–, Uribe le dijo a su bancada en el Congreso que debería desarrollarse un debate en mi contra por Farc-política. Y en efecto, anunciaron que iban a llevar a cabo ese debate. Han pasado cinco años y sigo esperando que hagan ese debate. Nada de eso ha ocurrido. Así que como suele suceder, lo que hace Uribe es estar desprestigiando a sus contradictores sin tener ninguna prueba, sin tener un sustento para sus afirmaciones.

Luego de esta indagatoria, ¿Qué puede venir? ¿Cuál es el escenario siguiente?

Primero, hay que ver el desarrollo de toda esta fase de la investigación y la diligencia propiamente dicha. La indagatoria es un momento en el cual los investigadores y jueces toman decisiones. Esperaremos que vengan esas decisiones.

Cambiemos de tema senador Cepeda, ¿Cómo ha visto el Gobierno Duque en la implementación del acuerdo de paz que se firmó con las Farc?

Hemos producido recientemente un informe de varios congresistas de distintas bancadas, informe que ha liderado la representante Juanita Goebertus, en el que expresamos nuestra preocupación por los retrasos, la falta de implementación, los problemas de muchos de los asuntos que tienen que ver con el acuerdo de paz. Y nuestra conclusión es que hay una doble narrativa o doble discurso del Gobierno. Por una parte, se asevera que se quiere desarrollar la implementación al máximo, y por otra, vemos que hay graves problemas en esta materia.

¿Ha hecho lo suficiente el Gobierno para cumplir todo lo que se pactó?

Yo diría que no es así. Y eso no quiere decir que no reconozca que en algunos aspectos del acuerdo de paz se han presentado avances. Pero, dicho eso, también hay graves problemas con relación a la implementación del primer punto del acuerdo: la financiación de los planes de desarrollo con enfoque territorial; la conformación del Fondo de Tierras para que se logre rápidamente cumplir con la reforma rural integral; la ausencia de la reforma política –que es el segundo punto del acuerdo–; la falta de impulsar las 16 circunscripciones para que las víctimas estén representadas en el Congreso; la presencia del Estado en los territorios, cuya ausencia implica la posibilidad de que asesinen líderes sociales. En fin, la lista es larga. Además de eso, hay un tercer problema: hay decisiones del Gobierno que van contra la implementación del acuerdo de paz. Aquí vale la pena recordar las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Todos esos son asuntos que nos preocupan.

Frente a la muerte de excombatientes y líderes sociales, ¿Está satisfecho con los resultados que ha mostrado el Gobierno en materia de protección y esclarecimiento de estos asesinatos?

No se puede estar satisfecho con una realidad que es muy grave. En Colombia están y siguen asesinado cada semana, cada dos o tres días, un líder social o un excombatiente. Hace falta una política integral de presencia territorial, de medidas concretas que puedan acabar –no disminuir—el asesinato de líderes sociales.

Un tema más, se acercan las elecciones de octubre, ¿Cómo ve a la izquierda colombiana de cara a estos comicios regionales?

Hemos hecho un proceso de coaliciones en todas partes y yo aspiro a que esas coaliciones sean las que ganen en muchos lugares del país las representaciones de la ciudadanía en los Concejos, Asambleas, Alcaldías y Gobernaciones. Esperamos que el Polo Democrático, la Colombia Humana, la Alianza Verde, sectores del Liberalismo que hoy son independientes, un amplio espectro de fuerzas políticas, incluido también el nuevo partido que proviene de la transformación de la exguerrilla de Farc en movimiento político, conquisten importantes lugares de representación en las próximas elecciones.

Finalmente, senador Cepeda, ¿Cuál es su mensaje para todos los lectores del Diario LA NACIÓN?

Yo considero que este caso que se está desarrollando en la Justicia y en el que está involucrado el senador Uribe y el representante Prada es un momento para reafirmar nuestra creencia en la Justicia, que hay que respetar la Justicia, la soberanía de los Jueces, la independencia del poder judicial y también, de defender la democracia. Es eso lo que está en juego en este proceso.

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