RICARDO AREIZA

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Increíble. El proceso penal por las anomalías ocurridas hace tres años en la Empresa Social del Estado de Neiva, está a punto de derrumbarse.

La advertencia la hizo ayer la juez Cuarta Penal del Circuito, Paola Andrea Ochoa García, al admitir por primera vez el proceso está a punto de prescribir.

El anuncio lo hizo ayer al considerar que las demoras, atribuibles a la defensa, pueden conducir a “la prescripción de algunas de las conductas” imputadas al médico Andrés Cangrejo, ex gerente de la entidad y a otros doce funcionarios y contratistas, al parecer, encargados de ayudarle a financiar la campaña política que libraban desde la entidad estatal.

El galeno, quien no asistió a la diligencia, fue acusado como coautor a título de dolo consumado de los delitos de concusión, cometido en concurso, constreñimiento al sufragante agravado, concierto para delinquir e indebida participación en política.  Cangrejo se encuentra radicado actualmente en Buenos Aires (Argentina) donde realiza una maestría.

La misma conducta se le endilgó al actual presidente del Concejo de Neiva, Felipe Hernández, pero en calidad de determinador ya que en esa época no tenía ningún vínculo contractual con la entidad.

Según la Corte Suprema de Justicia, cuando le corresponda a una persona un máximo punitivo de tres años de prisión por la comisión de una conducta punible, la extinción de la acción penal ocurrirá luego de la formulación de la imputación y hasta antes de que se dicte sentencia de segunda instancia. El proceso superó los tres años y no ha logrado terminarse la audiencia preparatoria.

En suspenso

La funcionaria judicial debió suspender la audiencia preparatoria por inasistencia de la defensora pública Patricia Escalante, quien representa a seis de los 13 implicados en este escandaloso episodio.

La juez compulsó copias al Consejo Seccional de la Judicatura para que investigue las probables faltas disciplinarias.

La funcionaria señaló que los últimos aplazamientos de la audiencia preparatoria se han producido por expresa solicitud de los apoderados, especialmente, defensores públicos, originado por los cambios y contratación interna.

“No podemos seguir aplazando esta diligencia que lleva varios años y varias de las conductas que se investigan están al borde de la prescripción”, anotó.

De hecho, los movimientos internos en la defensoría pública, las demoras y dificultades registradas en la renovación de los contratos, el recorte de personal y la falta de investigadores de apoyo han generado serios contratiempos.

Además, se suma, en este caso, la complejidad del proceso, el alto número de personas vinculadas a la investigación y la enorme cantidad de evidencia y material probatorio aportado por la Fiscalía.

Los tropiezos

La audiencia preparatoria, según la normatividad vigente, deberá realizarla el juez de conocimiento, a más tardar, dentro de los 45 días siguientes a la audiencia de formulación de acusación. La audiencia del juicio oral deberá iniciarse dentro de los 45 días siguientes a la terminación de la audiencia preparatoria.

Aunque parezca ciencia ficción,  la sola entrega de los elementos materiales y evidencias físicas recaudadas por la Fiscalía demoró casi un año, cuando la ley consagra tres días después del descubrimiento.

Esta diligencia probatoria concluyó en febrero de 2018 lo que impidió el inicio de la audiencia preparatoria. Esa circunstancia, originó una nueva solicitud de aplazamiento, solicitada por los nuevos defensores públicos, argumentando dificultades para estudiar todo el material tardíamente descubierto.

La audiencia preparatoria fue reprogramada para el 4 de abril de 2018. Luego se corrió para el 31 de mayo y tampoco se pudo. La continuación de la interferida audiencia fue reprogramada finalmente para ayer el 9 y 10 de septiembre de 2019. Lo inesperado: después de casi un año de espera, la continuación de la audiencia, volvió a suspenderse porque no concurrió una de las defensoras públicas.

En estas condiciones, la juez de conocimiento, compulsó copias para que la investiguen disciplinariamente y fijó para octubre la nueva fecha, advirtiendo que esta vez, sería inaplazable porque varias conductas investigadas están a punto de prescribir.

La prescripción

La advertencia hecha por la juez que lleva el escandaloso caso, tiene sentido. El proceso lleva tres años y cuatro meses, sin que haya concluido la audiencia preparatoria, imprescindible para el juicio oral, donde se demostrará el grado de responsabilidad de cada uno los implicados, en caso de constituir delitos; o en su defecto, la exoneración de cargos.

Cangrejo y los integrantes de su equipo fueron detenidos el 13 de mayo de 2016 en un operativo simultáneo adelantado por la Fiscalía.  Las medidas de aseguramiento con detención efectiva de la libertad fueron decretadas el 26 de mayo de 2016 por el Juzgado Único Promiscuo de Aipe.

Tres meses después quedaron en libertad.  Las tres pruebas claves que sirvieron de soporte a la Fiscalía para solicitar las órdenes de capturas fueron declaradas ilegales el 4 de agosto de 2016.

El juez Tercero Penal del Circuito de Neiva, Jorge Enrique Luna Corrales concluyó que los documentos digitales, los audios y mensajes de wasap, aportados por la Fiscalía, nunca fueron legalizados y por lo tanto eran ilegales.

Lo mismo ocurrió con el informe sobre las intercepciones de teléfonos celulares, realizadas sin orden judicial.   Finalmente, en mayo de 2017 se radicó la acusación y desde entonces el proceso sigue estancado.

Nueva fecha

La Juez del caso fijo para finales de octubre una nueva fecha para terminar la audiencia preparatoria para el juicio oral, “esta vez, inaplazable”.

Durante la diligencia la funcionaria decretará la práctica de las pruebas que sean pertinentes. No obstante, los abogados de la defensa creen que por la complejidad del tema no se terminará en una sola audiencia. “Se van a requerir varias audiencias, que seguramente no se alcancen a surtir este año”, apuntó el abogado Ernesto Cruz Daza.

La congestión de los despachos, la agenda judicial copada y la finalización del año judicial jugarán en contra de la agilidad del proceso.

“Al paso que vamos, el juicio oral no se iniciará antes de terminar el año. Con seguridad, quedará para el próximo año”, anotó otro de los miembros de la bancada de la defensa.

El nuevo  fiscal séptimo seccional Juan Carlos Durán, quien apenas llega al proceso, tendrá que reconstruir todo el proceso, con nuevas evidencias para soportar la acusación en el juicio oral.

La mayoría de las pruebas que soportaron las capturas fueron declaradas ilegales, lo que obligó a la Fiscalía a legalizar nuevas evidencias y concretar nuevos testigos de cargos, que hará valer en el juicio.

Testigos de cargos

En el escrito de acusación, la Fiscalía anunció que presentará los testimonios de antiguos funcionarios de la entidad y otros testigos, entre ellos el  ex concejal de la Alianza Verde, Mateo Trujillo Segura, quien denunció las anomalías en la ESE ‘Carmen Ospina’.

El dirigente lideró los debates de control político y develó las irregularidades que se venían presentando en la entidad. Sus denuncias sirvieron para iniciar de oficio las investigaciones.

Además, la funcionaria judicial relacionó como segundo testigo a Harold Wilfredo Jara, ex funcionario de la ESE,  quien entregó las primeras pruebas sobre las comunicaciones y operatividad del equipo político al interior de la entidad estatal.

Inicialmente la Fiscalía anunció el testimonio de Deida Marcela González Cardozo, ex secretaria privada de Cangrejo, pero nunca se concretó el anunciado preacuerdo. Actualmente reside en Estados Unidos.

Igual ocurrió con el ex candidato al Concejo, Johan Steed Ortiz Fernández, encargado de recaudar los fondos para la campaña. Aunque inicialmente fue relacionado como testigo, al final no se concretó una eventual colaboración. El mismo ex candidato, desmintió esa versión.

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