Sergio Felipe Salamanca Borrero

Sergio Felipe Salamanca

En el mundo de los negocios, una empresa unicornio es aquella que logra superar los 1.000 millones de dólares en su etapa de capitalización. En el caso colombiano, hemos podido presenciar el surgimiento y evolución de una empresa que además de haber adquirido la mítica categoría de unicornio, ha logrado expandirse con éxito a otros países sudamericanos; así como revolucionar radicalmente la forma como compramos a domicilio.

La empresa en cuestión es Rappi, una startup de origen 100% colombiano, la cual lidera la lista de unicornios centro y sudamericanos. Ahora bien, ¿por qué una empresa con estas características podría estar en apuros? Desde mi punto de vista, son dos los factores que amenazan la seguridad jurídica de Rappi:  1. “Factor laboral”; y 2. Relación con los clientes.

En el ámbito laboral mucho se ha discutido sobre la verdadera naturaleza del vínculo contractual que existe entre los repartidores y Rappi. Por parte de la empresa, se sostiene una postura según la cual, el vínculo es de naturaleza Civil/Comercial, con todas las implicaciones que esto acarrea en materia de seguridad social. Mientras que, por parte de los repartidores, se busca no sólo mejorar las condiciones de trabajo, sino que se declare la configuración de un vínculo laboral, existiendo dos importantes antecedentes que apoyan esta postura: el antecedente español y el argentino. En el caso español, se han dado importantes pasos hacía el reconocimiento del vínculo laboral, a partir del estudio de casos de “despidos”; y por el lado argentino, se ha decidido suspender las actividades de este tipo de empresas mientras se reglamenta la actividad.

En el campo de la relación empresa-cliente, es donde Rappi tendrá que afrontar uno de sus mayores retos jurídicos, al tener que hacerle frente a dos Resoluciones (Resolución 40214 y 40212 de agosto de 2019) de la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC-, las cuales deben servir como advertencia y recordatorio, para todas las empresas, en especial las que desarrollan sus actividades comerciales por medio de plataformas tecnológicas, de la importancia de respetar y garantizar los derechos y las garantías con las que cuentan los consumidores, so pena de tener que afrontar la formulación de cargos y una eventual sanción, así como la imposición de medidas administrativas.

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