La Fiscalía los acusó por presuntamente haberse apropiado de 35 millones de pesos en combustible.

Desde vehículos particulares hasta una tractomula pasando por automotores de la Policía fuera de servicio, fueron utilizados al parecer por dos policías activos, uno retirado y cuatro funcionarios de una estación de servicio para supuestamente sustraer gasolina y Acpm durante cerca de tres años.

Las pruebas recolectadas y la declaración de uno de los implicados, permitió a la Fiscalía llamar a juicio al grupo de presuntos responsables ante la Jueza Primera Penal del Circuito de Neiva con Funciones de Conocimiento.

Se trata del intendente Yorgi Ome Melo, el patrullero Diego Armando Uribe Sanabria y los isleros Lina María Puentes Araujo, Nohelia García, Sandra Milena Lugo Firigua,  Camilo Andrés Calceto Salazar y Jaime Cañar Botina.

El fiscal del caso acusó al grupo, que se encuentra en libertad, de los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir, por presuntamente apropiarse de 35 millones de pesos representados en combustible que había sido adquirido a través de contratos con la Estación de Servicio A&E, de propiedad del comerciante Edgar Perdomo.

La investigación penal inició a partir de un informe de la Contraloría, que encontró anomalías en los contratos 41-8-10002-14 de 31 de enero del 2014 y el 41-8-10057-14 del 2 de diciembre de 2014 celebrados entre el organismo de seguridad y la estación de servicio, que tenían como objeto el abastecimiento de gasolina, Acpm y lubricantes a los vehículos del Departamento de Policía Huila, Deuil, y la Policía Metropolitana de Neiva, Menev.

 

Modus operandi

Los contratos estipulaban que el suministro de combustible diarios sería: para motocicletas por un valor de $7.000, gasolina o Acpm para vehículos Duster y panel Volkswagen de $30.000, Acpm para camiones NPR $60.000, buses $80.000, un carrotanque $80.000 y las camionetas Dimax, Nissan Frontier por $30.000 de gasolina. El combustible sería suministrado a los vehículos que contaban con un chip.

El presunto hurto de combustible comenzó en el mes de junio de 2014, cuando al parecer el entonces subintendente de la Policía Metropolita de Neiva que ostentaba el cargo de responsable de combustibles se acercó a la islera Lina María Puentes y la propuso trabajar con él por medio de los chips de tanqueo.

En las investigaciones, se estableció que el uniformado le habría entregado un chips por cierto valor a la islera y ella debía buscar un cliente para realizar el tanqueo por medio de chip, pero el tercero solo pagaría $50.000 y a cambio de esto se llevaba $10.000 adicionales en combustible.

Sostuvo el funcionario judicial que, la islera Lina María por ese trabajo se quedaría con $10.000 y los $40.000 sobrantes eran para el subintendente. “Ella debía pasar el chip sin que el cliente se diera cuenta y guardar el recibo  que arrojaba el surtidor para el respectivo control”, manifestó el fiscal en la acusación.

La modalidad de tanqueo fue utilizada para vehículos de particulares e incluso carros de servicio público adscritos a la Policía, algunos de ellos en servicio activo y otros pensionados, “quienes conocedores de la irregularidad acudían constantemente a aprovisionarse de combustible para beneficiarse”, manifestó el fiscal.

Agregó el delegado del ente acusador, que se estableció entre los vehículos tanqueados y que no pertenecían a la Policía se encuentran un tractocamión, cuyo dueño cancelaba $250.000 y recibía $50.000 adicionales en combustible “$40.000 ganaba la islera y el resto era para el integrante de la Policía logrando más de un millón de pesos a la semana”.

Los investigadores establecieron también que  Jaime Cañar Botina en compañía de policías del Departamento Huila con los cargos de responsable de combustible y estadística y control vehicular, manejaban en compañía de los isleros Nohelia García y Camilo Andrés Calceto Salazar, chips adicionales con los que tanqueaban vehículos de alto cilindraje dos y hasta tres veces por semana por la suma de $900.000, “los cuales repartían en varias tanqueadas para poder generar distintos recibos, atribuyendo el tanqueo a diferentes vehículos de la institución policial y así no levantar sospecha”, explicó el fiscal.

El grupo llegó al colmo, el 30 de diciembre de 2014, le solicitaron a Lina María Puentes que llenara cuatro canecas con capacidad para 55 galones de combustible, para lo que solicitaron permiso a la asesora comercial de la estación de servicio y tenía el control del contrato de la Policía.

El llenado de las canecas se hizo a las 7:45 de la noche por fuera del horario de tanqueo estipulado en el contrato “se realizó en varias tanqueadas con el fin de obtener distintos recibos con números de placas y siglas diferentes, combustible que ilegalmente fue trasladado hacia el corregimiento de El Caguán”, indicó el fiscal.

También quedó al descubierto que el entonces responsable del manejo de la ‘cama-baja’ o grúa de la Policía en el Huila, patrullero, Diego Armando Uribe Sanabria, tenía a su cargo un chip autorizado por $50.000 de combustible diarios, sin embargo presentaba un consumo de hasta $250.000 y un tanqueo total de $37.106.775 en el desarrollo de los contratos “el chip estaba siendo utilizado por Sandra Milena Lugo Firigua, obteniendo el provecho para ambos”, precisó el fiscal.

El funcionario judicial estableció además que Sandra Lugo y Camilo Calceto “obtuvieron el manejo” de chips, que estaban fuera del sistema y pertenecían a vehículos de la Menev que estaban fuera de servicio no recuperables, en remate, accidentados y en mantenimiento.

La pareja activo los chips y “sacando provecho de ellos por medio del suministro de combustible a vehículos particulares”, sostuvo el fiscal, señalando que fueron 17 vehículos los que estaban fuera de servicio para el periodo entre 2013 y 2015, de los cuales siete presentaron consumos por $5.871.062.

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