Juez tramita desacato por demorada reubicación de  Vegalarga

El alcalde de Neiva, Rodrigo Lara Sánchez y el ingeniero Elkin Trujillo podrían ser sancionados con multa y arresto por desacatar una orden judicial. El juez examinará el lunes los avances en la ejecución de las obras de mitigación para prevenir una tragedia.

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El juez Tito Rubiano inició el incidente para presionar la agilidad de las obras.

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanacion.com.co

El juez Séptimo Administrativo, Tito Alejandro Rubiano Herrera abrió formalmente un incidente de desacato por el rezago de las obras de reubicación y mitigación en el corregimiento de Vegalarga en Neiva y Anacleto García en Tello.

El incidente fue anunciado el 26 de febrero de 2018 durante la primera audiencia de cumplimiento al verificar que las actividades establecidas en el plan de acción no se han ejecutado en el tiempo y con la celeridad exigida, a pesar del alto riesgo en que se encuentran por amenazas geológicas.

El trámite fue anunciado contra los alcaldes de Neiva y Tello. Sin embargo, este último, por razones técnicas y presupuestales, amplió el horizonte para ejecutar el plan acordado.
El juez, quien evalúa personalmente los avances estimó que el alcalde de Neiva Rodrigo Lara y el gerente del proyecto, Elkin Trujillo Roa no han ejecutado todas las acciones contempladas para la mitigación del riesgo.

En caso de no demostrar razones de fuerza mayor, los dos funcionarios podrían ser sancionados con multa y arresto por desacatar una orden judicial, independientemente de las acciones disciplinarias que se puedan derivar.

El desacato es sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de veinte salarios mínimos mensuales.

El juez citó para el próximo lunes a una audiencia de verificación para determinar los niveles de cumplimiento por parte de todas las entidades comprometidas.

“A pesar de los plazos perentorios, pactados y refrendados por las partes, el cronograma fijado para mitigar y prevenir una eventual catástrofe, no se ha cumplido en su totalidad”, precisó el funcionario judicial.

Las obras  de mitigación fueron ordenadas en abril del año pasado en el trámite de una acción popular propuesta por la Defensoría del Pueblo.

El plan de acción estaba proyectado para ejecutarse en 22 meses  a partir del primero de junio de 2018. Faltando solo siete meses del plazo previsto, los avances son mínimos.

Los dos caseríos registran amenazas por remoción en masa, por socavación, por sismo o asociadas a la inestabilidad del terreno.

Los rezagos

Aunque se han ejecutado algunas actividades, hay un considerable rezago que debe examinarse con extremo cuidado, por tratarse además, de una situación de alto riesgo, que puede terminar en una tragedia, expresó el funcionario judicial.

Los dos funcionarios respondieron ayer los descargos y rindieron las explicaciones sobre los pocos avances que se han ejecutado.

La ejecución de las obras de mitigación, la apertura de vías de acceso, la relocalización y construcción del colegio ‘Roberto Durán Alvira’ y el traslado del centro de salud están prácticamente congeladas, en parte por las dificultades encontradas en la realización y financiación de los estudios técnicos.

La financiación total del plan de acción, elaborado y refrendado por todas las entidades públicas comprometidas en el pacto de cumplimiento, quedó en el aire y tendrá que gestionarse con el gobierno nacional y departamental.

La realización de estudios de vulnerabilidad de los terrenos, la consecución y negociación de los predios, los estudios a nivel de detalle fueron los principales obstáculos. Además, se sumó la falta de recursos.

La financiación total del proyecto no está garantizada. Los aportes iniciales sirvieron para la negociación del terreno y los estudios.

Sin embargo, la administración municipal insistió en que parte del rezago se debió a la oposición de algunos sectores de la comunidad que se negaron a colaborar con el censo. No obstante se avanzó en la red de alertas tempranas y en la capacitación en materia de prevención.

Los encargados de cumplir el pacto.

Avances y retrocesos

Transcurridos 15 de los 22 meses, los avances no han sido los esperados. En estas condiciones, los plazos fueron ampliados en el tiempo. En el caso del lote debe entregarse adecuado en el 2020 y la construcción de la nueva sede del colegio hasta el 2022, explicó el director de Gestión del Riesgo, Pedro Tinjacá.

Tampoco se realizó la revisión de los estudios de amenazas, riesgos y vulnerabilidad; ni  los estudios, diseños y obras de mitigación que garanticen la estabilidad de la infraestructura vial.

El pacto firmado por todas las entidades públicas y la comunidad contempla igualmente la reubicación de la institución educativa Roberto Durán Alvira, la adecuación y el fortalecimiento del Centro de Salud El Cedral.

El plan contempla también el traslado del centro de salud, la parroquia y sede policial. Igualmente prevé la viabilización de servicios públicos domiciliarios agua potable, saneamiento básico, electricidad y gas, entre otros.

 

El colegio siguió funcionando a pesar de los riesgos.

Nuevo colegio

La acción popular ordenó la reubicación del colegio Roberto Durán Alvira y del centro de salud, en alto riesgo. El nuevo colegio se construirá en un lote de terreno cercano. El lote cuenta con los estudios de vulnerabilidad lo que garantiza que no estará en zona de riesgo. Este estudio, necesario para la viabilidad, demoró la negociación. “Ahora, la dificultad está en la realización de los avalúos, no sólo del predio para el colegio, sino, de las viviendas que deben reubicarse”, argumentó el secretario de Educación Alfredo Vargas Ortiz.

Los recursos  para el lote fueron aprobados en marzo pasado por el Fondo Territorial de Gestión del Riesgo. Otra parte se destinó para poner en marcha las alertas tempranas. El sistema fue instalado en la cuenca del río Fortalecillas. Tuvo un costo de 104 millones. Neiva aportó 54 millones y 50 millones Tello.

“Antes de diciembre quedará listo el proyecto. El nuevo colegio costará alrededor de 3.500 millones de pesos y la financiación tendrá que gestionarse con aportes del Ministerio de Educación”, aseguró el secretario de Educación.

Los140 estudiantes de secundaria retornaron a la antigua sede. Solo estuvieron un mes en una sede religiosa. Luego, por decisión de la comunidad volvieron a ocupar la sede institucional, no obstante, la orden judicial. “Este hecho, tendrá que ser analizado en el incidente de desacato porque desconoce las directrices que se impartieron”, precisó el juez, quien realiza en forma personal el cumplimiento del acuerdo.

La reubicación

En el caso de Vegalarga, el plan de acción contempla la reubicación parcial de las viviendas. Según el plan sólo cubriría por lo menos a 70 familias ubicadas en alto riesgo no mitigable. Además, adelantará obras de bioingeniería para mitigación en los sectores que se encuentran en zona de riesgo alto y medio mitigable.

El resto de viviendas pueden permanecer en sus sitios. Entre ellas 42 casas que se encuentran en riesgo alto mitigable.  En este caso se requieren obras de infraestructura que sirvan para mitigar o reducir el riesgo potencial que se pueda generar  por fenómenos de remoción en masa o inundaciones de gran magnitud. Las 36 viviendas clasificadas en riesgo medio no serán reubicadas.

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