John Edison Torrejano (primero a la izquierda) en la Contraloría al iniciar el juicio fiscal.

 RICARDO AREIZA

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El habilidoso ex secretario de Hacienda de Baraya, John Edison Torrejano, no actuó solo, en la continuada defraudación a los recursos públicos.

El ex funcionario, actúo en complicidad con otras personas, ajenas a la administración, y, posiblemente, con la participación de otros servidores públicos, quienes nunca lo vigilaron y le facilitaron el camino para la millonaria defraudación que asciende, según la Contraloría a 749, 85 millones de pesos. Las operaciones fraudulentas se facilitaron, por acción o por omisión, de otros servidores públicos, entre ellos el alcalde Luis Enrique Cardoso Tovar.

La conclusión la obtuvo la Procuraduría Provincial de Neiva en una investigación separada que realizó en mayo pasado sobre los orígenes y la connotación del robo continuado. LA NACIÓN tiene en su poder toda la evidencia recaudada en este nuevo proceso que se viene instruyendo desde el 3 de febrero de 2019.

La procuradora Provincial, Yulieth Cristina Cortés, soportada en esa abundante evidencia probatoria, dejó en firme los cargos formulados al cuestionado ex secretario de Hacienda, señalado como el ‘cerebro’ de la millonario saqueo.

Además, ordenó investigar a otros funcionarios, entre ellos, el alcalde Luis Enrique Cardozo, quién manejaba el segundo ‘token’ con sus códigos de seguridad, y quien, debía conocer los movimientos bancarios que se efectuaban.

Aunque el mandatario presionado por el escándalo denunció los malos manejos, fue vinculado formalmente a la investigación disciplinaria por su eventual responsabilidad.

Además, porque el mandatario manejaba el segundo ‘token’ con sus código de seguridad, y por lo tanto, debía conocer, como primera autoridad y ordenador del gasto, los movimientos financieros y el estado de la disponibilidad presupuestal. Pero pecó por acción o por omisión.

“La Procuraduría no puede desconocer la posible omisión y responsabilidad disciplinaria del actual alcalde Luis Enrique Cardoso Tovar”, argumentó la agente del Ministerio Público.

“El mandatario como primera autoridad administrativa de Baraya no dio cumplimiento a la aplicación de manuales de procesos y procedimientos establecidos para efectuar el debido control”, explicó la funcionaria al formularle cargos.

Además, advirtió serias deficiencias  en el sistema de control interno contable.

“De otro modo se entiende cómo en un municipio de sexta categoría se desvíen de manera irregular y en un periodo menor a un año más de 732,20 millones de pesos sin que se advirtiera aparentemente lo sucedido”, precisó la funcionaria.

Además, que el responsable, continuara haciéndolo con posterioridad a la dejación del cargo, haciendo uso de los dispositivos de seguridad a él confiados como secretario de Hacienda que le permitían el acceso y la disposición de los recursos públicos del ente territorial.

“Tal situación de por sí deja serios cuestionamientos al actuar del alcalde de Baraya Cardoso Tovar, no sólo por la evidente ausencia de control a los recursos del municipio confiados al entonces secretario de Hacienda que trajo como consecuencia los hechos investigados”.

Sin control

Además, la funcionaria advirtió una ausencia total de verificación de los requisitos necesarios que deben tener en toda entidad pública para aceptar la renuncia de un cargo de la importancia de la Secretaría de Hacienda.

La funcionaria precisó que la administración, sorpresivamente, no verificó previamente la entrega formal y total del cargo con la expedición de los respectivos  paz y salvos, situación que había evitado al menos la sustracción de 18,8 millones de pesos más por parte del señor John Edinson Torrejano,  como ocurrió una semana después de haber dejado el cargo.

Documentos de la Procuraduría

Otros investigados

En la misma circunstancia estaría la ex secretaria de Hacienda Constanza Vanegas Pacheco quien descubrió as anomalías durante el proceso de empalme.

La ex funcionaria será investigada, separadamente,  sobre las anomalías que encontró desde el primero de septiembre de 2018 cuando asumió el cargo. Además, porque durante el encargo,  Torrejano, ya por fuera la administración, siguió realizando transacciones ilícitas utilizando el dispositivo electrónico que nunca  devolvió, conservando los mismos códigos de seguridad, que debieron cambiarse. Adicionalmente, nunca entregó el cargo formalmente, no le exigieron |Adicionalmente, el contador Felipe Charry Quintana, también fue vinculado para que explique las inconsistencias que encontró en las conciliaciones bancarias, así como los hechos irregulares que detectó con los giros a terceros

En peligro

Y lo más grave: la Procuraduría Provincial observó que la recuperación de los dineros están en serio peligro por las graves omisiones al constituir las pólizas que amparan el manejo sector oficial.

“El valor asegurado -dijo- resulta mínimo en relación con el valor de los recursos que manejan entidad esto de conformidad con su presupuesto lo que pone en riesgo en la recuperación de los recursos y bienes públicos tras la ocurrencia de un siniestro amparado en la póliza”.

Robo continuado

Torrejano, como lo ha documentado LA NACIÓN, creaba los comprobantes de egresos a nombre de proveedores o contratistas reales, debidamente inscritos y registrados, pero las transferencias se desviaban a las cuentas de terceros, que no tenían ninguna relación legal, contractual o de otra índole con la administración municipal.

El ex funcionario utilizaba las claves personales en el software contable HAS SQL, así como el token de seguridad entregado para el uso exclusivo por parte de las entidades financieras.

Las transferencias bancarias irregulares fueron realizadas entre 2017 y 2018 a personas que para la fecha de estos movimientos, no tenían ninguna relación legal, contractual o de otra índole con la administración del municipio de Baraya.

La defraudación, según la Contraloría,  ascendió a 749, 85millones de pesos. La Procuraduría la estimó en 732 millones.

La Procuraduría solo identificó 40 transacciones realizadas durante el ejercicio del cargo. La última operación fraudulenta, la realizó el 4 de septiembre de 2018, estando por fuera de la administración, conducta que amerita otra calificación jurídica.

De estas operaciones, 22 beneficiaron a Luis Miguel Charry Forero, 16 a Jorge Edgardo Soache Perdomo y una a Edison Izquierdo y dos a John Edison Castro.

“La mayoría de las transferencias fueron justificadas fraudulentamente mediante comprobantes de pago o egresos con información que no coincide con los terceros beneficiarios de la transacción bancaria.

El alcalde de Baraya, Luis Enrique Cardozo con Torrejano su antiguo colaborador.

Los cargos

“En el presente caso, Torrejano, al parecer, predeterminó su conducta, para alcanzar el resultado obtenido y que hoy se cuestiona, pues realizó todas las actuaciones administrativas propias y necesarias para efectuar 40 transferencias bancarias por un valor de 732,20 millones de pesos desde las cuentas corrientes del Municipio de Baraya, haciendo uso de las respectivas claves de seguridad habilitadas para tal fin”, precisó la Procuradora Provincial de Neiva.

En nueve de estas operaciones ficticias le giró a Charry Forero la suma de 169,9 millones de pesos. A Soache Perdomo le giró otros 114,2 millones en siete transacciones electrónicas. Otras dos a Castro Sandoval por 19,89 millones de pesos. Además, en la revisión contable se descubrieron otros dos giros irregulares por 38,65 millones  a Charry Forero.

A pesar de tener códigos de seguridad y token alternativos nadie lo vigilaba ni examinaba las operaciones. Nunca rendía cuentas ni daba explicaciones. Las aclaraciones que pedía el contador jamás fueron respondidas. Aun así, siguió manejando, los recursos como plata de bolsillo.

Las medidas

“Por lo expuesto se hace necesario compulsar copias para que por expediente separado se investigue esas irregularidades relacionadas con la posible conducta omisiva del mandatario municipal de Baraya. Además, invocando el poder preferente en el proceso disciplinario declaró la ruptura procesal en el caso de Torrejano en la investigación preliminar que adelanta la Oficina de Control Interno.

Igualmente, decidió que se investigue, separadamente a la ex secretaria de Hacienda, Carmenza Vanegas Pacheco, quien descubrió las anomalías y al contador Felipe Charly Quintana. La Procuraduría convocó para octubre próximo la continuación del proceso disciplinario, tramitado verbalmente.

 

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