Nancy Patricia Gutiérrez es la ministra del Interior.

Claudia Marcela Medina García

gerenciageneral@lanacion.com.co

 

En su despacho en Bogotá, me recibió la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. En medio de su apretada agenda, la alta funcionaria sacó un tiempo para hablar con LA NACIÓN.

La entrevista giró en torno a las próximas elecciones. Sin embargo, la Ministra también habló sobre la protección de los líderes sociales, los castigos a los delitos sexuales, entre otros temas.

 

¿En qué está trabajando hoy el Ministerio del Interior?

El Ministerio del Interior tiene dos áreas fundamentales. En primer lugar, la atención a los sectores étnicos y minoritarios, la participación con estas comunidades, pues somos los garantes de sus derechos al interior del Gobierno, por lo tanto, trabajamos de la mano con la Defensoría del Pueblo y con las entidades territoriales. De esta manera, las prioridades del Ministerio han estado enfocadas en mantener un diálogo social permanente con los pueblos indígenas y con las comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras. La otra gran tarea de esta cartera es el relacionamiento con el legislativo y el seguimiento a su agenda, que es en lo que estamos la mayor parte del tiempo. Otro tema muy importante para nosotros dentro de la defensa de los derechos humanos, ha sido la coordinación para la protección de líderes sociales; y adicionalmente, ahora, toda la organización y prevención del tema electoral.

 

Frente a las próximas elecciones, ¿Cuáles son las mayores quejas que han recibido?

Desde el año pasado comenzamos con la convocatoria de la Comisión Nacional de Garantías Electorales, y allí se generó una estrategia de acción que terminó en el Plan Ágora, que fue presentado por el presidente Iván Duque el pasado 8 de julio, el cual nos llevó a generar toda una coordinación interinstitucional de las entidades del Gobierno, organismos de Control y el Sistema Nacional Electoral, para buscar la garantía de tener unas elecciones seguras, transparentes y libres. Una de las quejas que podemos identificar es la trashumancia. Cuando arrancamos a activar la plataforma Uriel, que es la Unidad de Reacción Inmediata Electoral, allí empezaron a presentarse quejas específicamente de trashumancia electoral y llegaron a su tope, hasta cuando el Consejo Nacional Electoral comenzó a dar resultados concretos. Hasta el momento, ha anulado la inscripción de más de un millón de firmas, precisamente por este delito. Y actualmente, tenemos más de 3.460 quejas que hemos venido coordinando con la MOE para efectos de identificar si son competencia de la Fiscalía o de la Procuraduría. Es decir, las quejas han estado cambiando, específicamente a financiación ilegal de campañas, participación política de los funcionarios públicos, ya las autoridades competentes deben actuar.

 

En el Huila, en el tema de quejas y trashumancia electoral, ¿Qué datos hay hasta el momento?

En el Huila, el Consejo Nacional Electoral anuló la inscripción de 21.200 cédulas, y adicionalmente, se ha reportado un total de 64 quejas. Las conductas más reportadas en el departamento, han sido trashumancia electoral, constreñimiento al sufragante e intervención en política de servidores públicos. Cuando se anula una cédula por trashumancia electoral, la persona que está en esa condición debe surtir un proceso. Toda persona tiene la posibilidad de presentar un recurso ante la Registraduría y demostrar que sí tiene su domicilio en el sitio donde inscribió su documento. Si no lo demuestra en el tiempo que ha establecido el Consejo Nacional Electoral, pues su cédula queda por fuera del censo electoral de ese municipio, pero puede votar en la localidad donde lo hizo por última vez.

 

En el Huila, algunos candidatos han sufrido violencia contra sus sedes, vallas; frente a esto, ¿Hay alguna actuación por parte de las instituciones?

Sí, indiscutiblemente esto hace parte de la violencia electoral y precisamente dentro de las acciones conjuntas que se tomaron con los organismos de seguridad, de investigación y con la Unidad Nacional de Protección, es determinar una línea directa y permanente con los candidatos. Son más de 117.000 candidatos en todo el país, por lo que se generó una línea de celular exclusiva que está funcionando 24 horas para que las personas puedan denunciar y presentar sus quejas frente a esa clase de violencia. También se puede denunciar directamente con la Policía, a través de la plataforma URIEL del Ministerio del Interior o del numeral 623 de cualquier línea telefónica móvil. Entonces, hemos tenido distintas opciones para que los candidatos y ciudadanos puedan presentar sus denuncias sobre estos hechos de violencia.

 

Señora Ministra, de acuerdo con la información que tiene el Ministerio del Interior, ¿Considera que en el Huila las elecciones regionales se van a desarrollar con normalidad?

Sí. Nosotros estuvimos en consejo de seguridad con el presidente Duque hace 15 días, en donde precisamente analizamos lo que es el plan de trabajo para los últimos 30 días. Y en los municipios donde se ha presentado un riesgo o amenaza, hemos llegado como Estado. En el Huila, estuvimos en consejo de seguridad con el Presidente, el Ministro de Defensa, los altos mandos Militares y de Policía, el Gobernador, los Alcaldes, y creo que todas las decisiones que allí se tomaron han mantenido el orden y la tranquilidad en el departamento.

 

Los candidatos debían pasar por la ventanilla única del Ministerio del Interior, ¿Eso qué significó?

Los partidos políticos tienen una obligación de presentar ante el Ministerio del Interior la revisión de ventanilla única de los candidatos para revisar los antecedentes. Hubo 251.000 consultas en este sistema. Sin embargo, quedaron por fuera 24.134 candidatos que no pasaron por la ventanilla única. Nosotros lo reportamos y a la fecha el Consejo Nacional Electoral ha revocado 1.397 inscripciones de aspirantes. Este es un mecanismo que se creó por ley, precisamente para que los partidos políticos tengan la posibilidad de curarse en salud y no avalar candidatos que estén inhabilitados. Hay candidatos que están en investigación y que pueden terminar condenados o sancionados por la Procuraduría, pero estar siendo investigados no los limita a inscribirse, ya esa es una decisión del partido.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, en la entrevista con la gerente general del Grupo Informativo LA NACIÓN, Claudia Marcela Medina García.

Hablemos de los líderes sociales, ¿Qué se está haciendo para protegerlos?

Nosotros tenemos todo un sistema que se deriva de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Cuando este órgano constitucional dentro de su presencia en todo el territorio nacional encuentra alguna zona que presenta riesgo, genera una alerta que le llega al Ministerio del Interior, y a través de ella, nosotros activamos la respuesta; se hacen unos comités, los cuales desarrollan una evaluación de la respuesta a la alerta. A partir de ello, se toman diferentes medidas encaminadas a notificar de las alertas tempranas a las entidades que deben tener competencia. Por ejemplo, hubo una alerta temprana en el 2018 para el Huila y a partir de ello se hizo reunión en Algeciras, Baraya y Neiva. En estos municipios se han analizado cuáles son los riesgos que hay y se convoca a las autoridades. En Algeciras, Baraya y Tello hay dificultades de comunicaciones. El Ministerio de las Tics está preparando todo un programa de ampliación de cobertura de telecomunicaciones.

 

Frente a riesgos de líderes sociales, ¿Estamos hablando de esos tres municipios especialmente?

Sí, específicamente donde se ha generado una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo. No podemos desconocer toda la influencia y la grave situación que se ha presentado en el Cauca y que tiene una incidencia sobre el Huila. Sin embargo, las autoridades de Policía y las Fuerzas Militares hacen control de todas estas organizaciones criminales que fueron identificadas y que han sido perseguidas en Cauca, y muchos de ellos ya están en juicio o investigación en la Fiscalía. En el Huila, hay en total 170 protegidos de la Unidad Nacional de Protección, de los cuales 59 son líderes sociales y 21 candidatos protegidos para las elecciones de octubre, estos candidatos pasaron por el Comité de Evaluación de Riesgo y se les otorgó protección.

 

Otro tema. En el trabajo que viene adelantando el Ministerio en el tema legislativo, los delitos sexuales contra menores que no pueden ser objeto de la justicia transicional, ¿Cuál es ese alcance y por qué la importancia de ese proyecto?

El Gobierno Nacional tiene una estrategia prioritaria en la protección de niñas y niños, y unos de los mayores problemas que hay es el abuso sexual. Por eso, el 20 de julio, el Presidente anunció que iba a apoyar la propuesta de cadena perpetua para violadores de menores. Esa iniciativa fue radicada prácticamente por todos los partidos políticos y está siendo apoyada por el Gobierno Nacional. Pero desde el año pasado, el Presidente también había anunciado que era necesario que quedara claro en la Constitución Política, que nunca podría generarse penas especiales dentro de una justicia trasnacional a aquellas personas que amparándose en delitos políticos hubieran cometido violación contra niños y niñas. Esta es una reforma que ya pasó su primer debate en primera vuelta en la Comisión Primera del Senado y busca que las penas ordinarias siempre se apliquen a quienes violan niñas y niños, aun cuando estén incursos en un proceso de paz.

 

¿Y eso no le ha caído muy bien a la JEP?

No tanto a la JEP, sino más a aquellos sectores de oposición al Gobierno que consideran que una iniciativa de estas, no es lógica en un proceso de paz, sin embargo, es que por encima de los derechos de los niños no hay nada. En la misma línea de protección a niñas y niños, haremos lo máximo para ampararlos, y en ese orden de ideas, ya el proyecto de cadena perpetua pasó su primer debate en la Comisión Primera de Cámara, la semana entrante está en la Plenaria de Cámara y aspiramos que de aquí al próximo año sea una reforma constitucional.

 

Uno de los temas que más indigna al país es que se les de casa por cárcel a los corruptos, ¿eso cómo va?

Ese es un proyecto que viene de la llamada consulta anticorrupción. El presidente Iván Duque ha priorizado también en la agenda los proyectos anticorrupción, tanto así que después de la consulta hicimos una mesa de trabajo con todos los partidos y de allí salieron nueve proyectos que fueron radicados en el Congreso. Siete de ellos están pendientes de trámite y esperamos sacarlos de aquí al 16 de diciembre que terminan las sesiones ordinarias, entre esos está el de casa por cárcel para los corruptos, es decir, que una persona que sea condenada por delitos de corrupción no podrá tener el beneficio de casa por cárcel, le falta sólo un debate en la Plenaria del Senado. Yo creo que vamos a lograr aprobarlo porque hay mucha conciencia dentro del Congreso y porque el país está esperando esa decisión.

 

La percepción que hay es que las regalías se están concentrando en el nivel nacional, ¿Cómo va el proyecto de reforma a las regalías?

No es que las regalías se hayan concentrado en el nivel nacional sino que se hizo una distribución 50/50. Es decir, el 50% de las regalías las tienen las entidades territoriales productoras y el otro 50% las no productoras. Eso ha generado indiscutiblemente mucha insatisfacción en los departamentos productores. Actualmente,  la reforma va encaminada a que entre el 30 y el 50 por ciento de la acción de la entidad territorial de las regalías, queden en los departamentos productores. Entonces no depende de una distribución fija sino de la acción proactiva que tenga el mandatario para poder copar las regalías. Esa actividad quiere decir presentación de proyectos, pero que lo hacen dentro de sistemas autónomos que tienen las entidades territoriales. También se reforma el tema de los Ocad, porque ahí es donde hay un cuello de botella muy grande, ya que nosotros encontramos casi cerca de 7 billones de pesos congelados, más un aproximado de 7 billones que se calculaba para los dos años, es decir, ha habido toda una acción de parte de Planeación Nacional para la ejecución de esos recursos, sin embargo, el sistema quedó demasiado lento y el proyecto lleva la reforma al sistema de los Ocad.

 

En el Huila siguen asesinado mujeres, ¿Cómo podría aportar Usted para enfrentar esta problemática?

Las políticas de protección a la mujer están en cabeza actualmente de la Vicepresidenta de la República, y todas las entidades de Gobierno Nacional coordinamos las acciones con la Consejería Presidencial para la Mujer. Y una de las más grandes preocupaciones es el tema de la violencia en general contra las mujeres. Esto requiere grandes campañas de prevención y se hace mancomunadamente con las autoridades territoriales. Esperamos que a la llegada de los nuevos Alcaldes y Gobernadores, dentro de la coordinación de programas, esté el tema de violencia contra la mujer que es prioritario en la agenda del Gobierno Nacional.

 

¿Qué opinión le merece la aprobación del proyecto de ley del senador Rodrigo Lara, de prohibir rotundamente el porte y consumo de droga en los entornos escolares?

Nosotros lo apoyamos. Ese proyecto lo trabajamos de la mano con el senador Rodrigo Lara, en su debate en Comisión Primera del Senado y luego en la Plenaria de Senado. Lo trabajamos con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior, porque tuvimos que ajustarlo; el año pasado el presidente Iván Duque sacó un Decreto que le ordenaba a la Policía el decomiso de toda sustancia ilegal en general. Y el proyecto de ley del senador Rodrigo Lara hace la posibilidad, que dentro de un cerco que definan los alcaldes alrededor de parques, de escuelas y colegios, pueda haber unas sanciones más allá del decomiso de las sustancias.     Pueden ser unas sanciones como por ejemplo, actividades obligatorias para quienes están portando estas sustancias, nos pareció un extraordinario instrumento que complementa toda la política que el Gobierno Nacional tiene en torno al tema.

 

Señora Ministra, ¿Se volverá a presentar la reforma política?

Pues depende más de la voluntad de los partidos políticos que del Gobierno. Creo que es un momento de reflexión, porque estas elecciones regionales hacen ver lo que es el derroche de plata en las campañas, la violación de topes de financiación y el desorden. Tenemos más de 117.000 candidatos para Alcaldías, hay 128 grupos significativos de ciudadanos y 1.314 coaliciones, entonces las posibilidades en cada municipio no es de que salga elegido un Alcalde de x o y partido, sino Alcaldes de coaliciones. Por lo anterior, eso desvirtúa la parte ideológica y lamentablemente, muchas de esas coaliciones no corresponden a unas propuestas cívicas en beneficio de sus entidades territoriales, sino a acuerdos políticos y en algunos casos económicos, en lo que debería ser un debate ideológico.

Comentarios