Articulo realizado por: Asoquimbo y Centro de Estudios para la Justicia Social «Tierra Digna»

Diez años después de otorgada la Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo y tres años después de realizada la Audiencia Pública Ambiental de seguimiento -APA- (2016), los huilenses seguimos siendo víctimas de las consecuencias del despojo, el ecocidio y los incumplimientos de ENEL (Emgesa) a las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental Res 899/2009.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, permisiva con la empresa, hasta febrero de 2019 había expedido un total de 111 actos administrativos, dentro de los cuales 24 modifican o ajustan de manera expresa la L.A, principalmente en lo relacionado al componente ambiental y social en detrimento de los intereses del Departamento del Huila.

Por su parte, las autoridades locales de las zonas de afectación han sido condescendientes con las pretensiones del Enel-Emgesa al no exigir el cumplimiento integral de las obligaciones y al participar de las modificaciones a la licencia ambiental, especialmente en materia de tierras.

Los incumplimientos reconocidos por la ANLA develan su incapacidad e ineficacia institucional para ejercer el debido control de la licencia.  Por su parte, el departamento del Huila actualmente tiene como responsabilidad exigir el cumplimiento de dichas obligaciones, especialmente, la relacionada con la restitución de la actividad productiva, el derecho a tierras de los campesinos del Quimbo e impedir la nueva modificación de la licencia ambiental que beneficiaría los intereses de la compañía en detrimento de los intereses del departamento del Huila.

Desde inicios del 2019 se viene tramitando la modificación de la obligación de tierras contenida en la licencia ambiental consistente en proporcionar un total de 5.200 has, cuyo propósito es la restitución de la actividad productiva del departamento, que de acuerdo a cifras presentadas en el 2016 por la Secretaria de Agricultura representa una pérdida productiva de 43.982 millones de pesos anuales.

La obligación de restituir 5.200 has al departamento del Huila fue condición para el otorgamiento de la licencia ambiental, debido a que en su momento la Procuraduría General de la Nación -PGN- advirtió al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –MAVDT “abstenerse de otorgar licencia ambiental para la construcción del proyecto El Quimbo debido a que no se sustrajo el área de la zona de Reserva Forestal y porque no es conveniente que se inunden unas de las mejores tierras con aptitud agrícola de la región, cuando se considera que el Huila es pobre en tierras productivas y porque es difícil restituir la actividad productiva por la dificultad de encontrar tierras semejantes”. El cumplimiento de esta obligación tiene la finalidad de restituir la actividad productiva de los municipios del área de influencia directa del proyecto, mediante dos vías:

I) 2.500 HAS PARA REASENTAMIENTOS:

Emgesa debía comprar y adecuar 2.500 hectáreas en el año 2013. Frente a esta obligación, solo ha entregado en condiciones precarias 992 has. Bajo órdenes judiciales de expropiación ordenadas por EMGESA a través la figura de “entrega anticipada de predios”, se obligó a 244 familias a recibir una compensación económica, en lugar de las tierras a las que tenían derecho. Quedan pendiente de restituirse 1.508 hectáreas.

II) RESTITUCIÓN DE 2.700 HAS CON RIEGO POR GRAVEDAD:

Estas debieron ser compradas por la Agencia Nacional de Tierras y adecuadas en su totalidad, con distritos de riego por gravedad, por Emgesa. Las tierras debieron haber sido entregadas a comunidades afectadas por el proyecto que no eran propietarias. Sin embargo, a partir del 2013 ENEL (Emgesa), con la permisividad de la ANLA, de manera engañosa y fraudulenta presionó a 422 personas de un total de 426 beneficiarias para que a través de la firma de un documento renunciaran a su derecho a tierras a cambio de una suma entre 25 y 28 millones de pesos que denominaron “capital semilla”.

A la fecha, no se ha adjudicado, ni se ha adecuado una sola hectárea de las 2.700. Frente a esta obligación, la empresa y las autoridades locales alegan que no hay disponibilidad de tierras en la región. Sin embargo, de acuerdo con los informes de la Comisión Técnica de la Comisión Nacional de Seguimiento al Quimbo (2019), existe un área potencial de 17.718,95 hectáreas, ubicadas dentro de los seis municipios de influencia del proyecto y por lo menos 4 proyectos de captación de agua para los distritos de riego por gravedad.

Por otra parte, el Ministerio de Agricultura expidió el Decreto 1277/13 por medio del cual ordena la entrega de tierras para personas vulnerables de la zona de ejecución del PHEQ que sean sujetos de reforma agraria.

Lo anterior implica que son dos obligaciones diferentes. Una ordenada por la Licencia Ambiental: restituir 5.200 ha productivas que fueron inundadas; dos el cumplimiento del Decreto 1277 que hace parte de la política nacional de reforma agraria en el que se reconoce de manera especial a los campesinos como sujetos de derecho a tierras.

Sin embargo, la Agencia Nacional del Tierras y la ANLA asumen que dicho Decreto tiene como único fin el cumplimiento de lo establecido en la Licencia Ambiental, generando confusión en torno a dos obligaciones que emanan de fuentes normativas diferentes con la intencionalidad de negar el derecho a tierras a los campesinos del Quimbo.

La restitución de tierras es un derecho social fundamental y progresivo del campesinado. Modificar la Licencia Ambiental significa un mayor detrimento de los intereses del departamento y los campesinos.

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