Por José Manuel Acevedo

Pasados los comicios electorales, el Congreso vuelve en pleno a sus labores. Los parlamentarios se encontrarán desde esta semana con un nuevo texto de reforma tributaria que contiene las mismas disposiciones –menos algunas que ya cumplieron su propósito– que contenía aquella ley de financiamiento que fue tumbada por la Corte Constitucional hace unos días.

Con su decisión, la Corte, lamentablemente, les dio alas a los gallitos finos del Congreso que querrán ponérsela difícil al gobierno a cambio de alguna ‘gabelita’ que deseen obtener por sacar adelante rápidamente la dichosa ley. El alto tribunal empoderó de aquí en adelante a los congresistas saboteadores para que siempre que quieran retrasar la aprobación de un proyecto, pidan eternas lecturas de articulados, exijan la publicación en la gaceta impresa (no basta con que salga en la página web, en tiempos en que deberíamos entender superado el dilema del papel) y les dio licencia para que acudan, en fin, a todo tipo de chantaje procedimental con tal de que una norma vea la luz.

Como sea, la Corte se pronunció y su decisión debe acatarse por equivocada o exagerada que sea. El lío lo tiene ahora el gobierno que deberá poner a prueba su determinación de no dar mermelada y a la vez impulsar decididamente una ley que el país necesita. Los críticos de Duque no le han concedido que el único de América Latina que puede crecer por encima del 3% es Colombia y que parte de esa proyección se debe a la entrada en vigencia este año de la ley de financiamiento. Con inseguridad jurídica no será posible persuadir nuevos inversionistas o retener a los que ya hay. Por eso el Congreso debería pensar, por una vez al menos, en el país y dar rápido trámite a la ley sin cobrar peajes ni dilatar una discusión que ya se dio hace algunos meses.

Sin embargo, creer en la buena fe de algunos de esos parlamentarios mañosos es prácticamente imposible. El gobierno debe acudir a los empresarios colombianos para que ayuden a convencer al poder legislativo sobre lo fundamental que es sacar adelante el proyecto y debe apelar, sobre todo, a la opinión pública para que también ejerza su papel de constituyente primario y presione legítimamente al constituyente derivado para que le permita a la economía seguir teniendo un buen desempeño en tiempos de crisis mundial. Esta es una verdadera prueba de fuego para el gobierno del presidente Duque.

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