El gobernador indígena Eduar Henry Yalanda Fernández reclamó la agilidad en la legalización del resguardo, en La Plata, Huila.

RICARDO AREIZA

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La Agencia Nacional de Tierras debe iniciar de inmediato a los trámites para la legalización y ampliación del resguardo indígena La Gaitana, asentado en la región de San Vicente, en jurisdicción del municipio de La Plata, Huila.

La orden perentoria fue impartida por el Tribunal Administrativo del Huila, al confirmar una tutela, instaurada por el gobernador de la comunidad paez-guambiana, Eduar Henry Yalanda Fernández.

Argumentando que los pueblos indígenas son sujetos de especial protección constitucional y han enfrentado patrones históricos de discriminación que aún no han sido superados y cuyos derechos inciden en la satisfacción de los fines esenciales del Estado, el Juzgado Tercero Administrativo de Neiva le otorgó a la entidad oficial un plazo de 30 días para terminar el proceso.

Ante la  injustificada demora, el funcionario judicial  tuteló los derechos fundamentales a la diversidad étnica y cultural, a la propiedad colectiva, y al debido proceso administrativo, claramente vulnerado a esta comunidad ancestral.

En consecuencia, le ordenó a la Agencia Nacional de Tierras la inmediata realización  del estudio socioeconómico para la ampliación del resguardo y la titulación de los predios entregados pero no legalizados al resguardo indígena La Gaitana desde hace 25 años.

El estudio deberá remitirse al Ministerio del Interior para que la entidad inicie los trámites correspondientes.

Yalanda Fernández, en calidad de gobernador principal y representante legal del resguardo indígena, argumentó que a pesar de los términos precisos, los plazos se han venido dilatando sin justificación alguna.

El plazo legal para la rendición de estudio es de 30 días hábiles siguientes a su culminación del estudio, según el  Decreto 1071 de 2015.  Sin embargo, siguen esperando, sin ninguna solución.

En estas condiciones, “el plazo máximo permitido está más que vencido sin que la Agencia Nacional del Tierras hubiera resuelto la ampliación del resguardo indígena y la titulación de los predios que ya fueron entregados por el Incoder entre los años 1996 y 2001”, precisó el juez de primera instancia.

“El derecho fundamental al debido proceso administrativo se encuentra vulnerado a la comunidad indígena La Gaitana de La Plata Huila, pues este se traduce en la obligación de las entidades de garantizar el accesos a los territorios, su delimitación y titulación dentro de un plazo razonable”,

“En el presente caso- dijo- la comunidad del resguardo indígena lleva más de 20 años sin obtener respuesta alguna acerca de la ampliación del resguardo, de tal suerte que el trámite administrativo adelantado por la ANT, resultó no ser el mecanismo eficaz de reclamación de tierras, de tal suerte que amparara estos derechos”.

 

Más plazo

Aun así, la Agencia Nacional de Tierras pidió más tiempo para poder agotar el procedimiento iniciado en 1996.

Voceros de la entidad argumentaron una imposibilidad jurídica y material de cumplir el fallo en el término señalado.

“Teniendo en cuenta que en el presente caso se está ante hechos que requieren del cumplimiento de unas etapas debidamente establecidas en un cronograma, solicita la modulación del fallo de tutela, otorgando un plazo razonable para la realización del correspondiente estudio socioeconómico jurídico y de tenencia de tierras”, precisó.

Según la Corte Constitucional, la acción de tutela procede, cuando existen retrasos injustificados en el procedimiento de constitución, ampliación, restructuración y saneamiento del resguardo indígena, porque ello genera una violación de los derechos fundamentales de la comunidad indígena.

Con este precedente, el magistrado Enrique Dussán Cabrera, estimó que la Agencia Nacional de Tierras al omitir el proceso de ampliación de tierras, trasgrede sus derechos fundamentales a la identidad étnica y cultural, a la propiedad colectiva, y al debido proceso administrativo.

Larga espera

Una vez presentada la solicitud, la Agencia Nacional de Tierras procederá, según la norma,  a conformar un expediente. Luego programará la visita, realizará estudios y proferirá el auto ordenando la visita. El auto se fijará durante diez días en la Alcaldía donde se encuentre el predio.

La Agencia Nacional de Tierras elaborará, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la realización de la visita, el estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras, así como el plano correspondiente. El estudio se remitirá al Ministerio del Interior y este en un mes tendrá que rendir el concepto.  A pesar de los términos perentorios, en este caso la comunidad lleva 25 años esperando.

El resguardo indígena fue reconocido en 1994 (Resolución No. 23 del 21 de junio de ese año) en el predio denominado Santa Rosa, con extensión de 157.9375 hectáreas, localizadas en San Vicente, jurisdicción del municipio de La Plata (Huila).

El 25 de abril de 2019 el gobernador indígena elevó una nueva petición a la Directora de Asuntos Étnicos reclamando la adjudicación de los predios. Entre otros las fincas Santa Rosa, Santa Bárbara, California, Guacamayas, El Diamante, La Selva, La  Patricia, y el sitio sagrado Yarumal, adquiridos por el Incoder.

Los predios fueron entregados entre 1996 y 2001 por la autoridad de tierras (Incora /Incoder). En el 2012 varias asociaciones campesinas presentaron oposiciones. La Alcaldía también se opuso, alegando que el área que se contempla para la ampliación se encuentra en zonas  de protección y conservación del medio ambiente.

En el año 2017, el procedimiento fue retomado por la Agencia Nacional de Tierras. Desde el 10 de mayo de ese año, se encuentra adelantado las gestiones tendientes a consolidar la información levantada en campo, durante la visita técnica practicada en junio de 2017.

“Esto significa que esta comunidad lleva más de 25 años esperando respuesta de la Agencia Nacional de Tierras, actuación que a todas luces es contraria a los términos establecidos en el mencionado decreto, convirtiéndolo en un mecanismo poco eficaz a la hora de pronunciarse sobre la mencionada solicitud”, precisó el magistrado Dussán Cabrera. Pero además, generando una injustificada dilación.

La dilación

A pesar de la exagerada demora, la Agencia Nacional de Tierras en el escrito de impugnación de la tutela solicitó un plazo razonable para la realización del estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras, ante la imposibilidad de hacerlo en 30 días, como lo manda la ley. Y reiteró no es posible agotar el proceso en una sola vigencia.

Según la Corte, “el plazo razonable implica la obligación estatal de adoptar en el derecho interno las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro tipo, para crear un mecanismo eficaz de reclamación de tierras ancestrales de los pueblos indígenas que haga cierto su derecho de propiedad y que tenga en cuenta su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres”.

Con este fundamento, el Tribunal Administrativo del Huila se opuso a extender el plazo indefinidamente. “No es admisible para la Sala que después de tantos años la entidad justifique su inoperancia por la complejidad del procedimiento”, explicó Dussán Cabrera.

“No puede la Agencia Nacional de Tierras alegar la existencia de factores que dificulten la continuación de la ampliación de del resguardo Indígena La Gaitana, pues existe una tardanza irrazonable que afecta los derechos a la propiedad colectiva y debido proceso de esta comunidad, pues como se indicó en líneas anteriores han transcurrido más de 23 años, un periodo desproporcionado comparado con los términos recogidos en el Decreto 1071 de 2015”.

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