RICARDO AREIZA

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El expresidente del Congreso, Ernesto Macías Tovar inició ayer la defensa de su curul en una nueva demanda instaurada por un ciudadano por un supuesto conflicto de interés que de comprobarse podría costarle la ‘muerte política’.

El senador opita concurrió ayer a la audiencia pública convocada por la sala 18 especial de decisión del Consejo de Estado, donde se definirá si es procedente o en caso contrario, deberá archivarse. A pesar del inicial nerviosismo, estuvo calmado durante la audiencia pública iniciada ayer a las tres de la tarde en la sala dos del alto tribunal.

La demanda fue promovida por el ciudadano Andrés Manosalva Ojeda por considerar que transgredió el régimen de conflicto de intereses contemplado en la Constitución Política (artículo 183) al omitir un impedimento que había presentado el senador Carlos Felipe Mejía en el trámite del proyecto de objeciones a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) presentado por el gobierno.

La norma estipula que los congresistas perderán su investidura, entre otras razones, por violación del régimen de conflicto de intereses, que se habría podido tipificar al no declararse impedido.

 

Las razones

Por esa razón, el demandante argumentó que Macías estaba impedido para votar no solo el trámite de la ley sino la reapertura de un impedimento presentado por su colega Carlos Felipe Mejía, también miembro del Centro Democrático. Además, reiteró que el interés era “sabotear” el trámite de la iniciativa legislativa.

Macías en cambio adjuntó la evidencia física que orientó durante la presidencia y soportó el trámite que le dio a las solicitudes de impedimento.

Adicionalmente,  congresista huilense,  había presentado una tutela por el trámite de las objeciones a la ley estatutaria de la JEP, que en su criterio, debió iniciarse en el Senado y no en la Cámara y además, que debía votarse de manera individual y no en bloque. El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, la rechazó por improcedente.

Facsímil de la demanda

Intento fallido

Es la segunda demanda de pérdida de investidura que Macías enfrenta desde que asumió la curul. La primera fue interpuesta por Fredy Alejandro Guiza, alegando que el senador se extralimitó en el ejercicio de sus funciones cuando no decretó el estudio de la moción de censura contra el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla.

Esa demanda no prosperó. Según el Alto Tribunal, en ese caso, no hubo suficientes medios que den prueba para determinar la supuesta extralimitación de las funciones por parte de los congresistas.

Macías confió en que esta vez, como ocurrió en febrero pasado, el Consejo de Estado archivará el expediente y mantendrá su investidura.

Por su parte, el demandante ratificó sus argumentaciones insistiendo en la vulneración del mandato constitucional.

El senador Ernesto Macías durante la audiencia realizada en el Consejo de Estado.

Las causales

No obstante, para que se configure como causal de pérdida de investidura, según el Consejo de Estado,  deben presentarse varias condiciones o supuestos: Que exista un interés directo, particular y actual, moral o económico; que el congresista no manifieste su impedimento a pesar de que exista un interés directo en la decisión que se ha de tomar, que no haya sido separado del asunto mediante recusación o que haya participado en los debates, o haya votado y que la participación se haya producido en relación con el trámite de leyes o de cualquier otro asunto sometido a su conocimiento.

El régimen de impedimentos y recusaciones de los congresistas expresa un desarrollo del principio de imparcialidad y una protección a la garantía de la igualdad.

El interés exigido debe tener tal entidad que lleve al congresista a incurrir en un ejercicio parcializado de sus funciones, es decir, debe tratarse de una actuación no signada por la correcta prestación de la función pública, sino por sus propios beneficios.

 

Improcedente

El Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado explicó que en este asunto, no están dados los supuestos para que se decrete pérdida de investidura.

“Su propósito era salvaguardar un derecho y no beneficiar a sus socios”, explicó el agente especial del Ministerio Público, solicitando que se rechace de plano la acción judicial. Aunque el concepto de la Procuraduría no es vinculante, por lo menos marca un derrotero sobre la viabilidad de procedencia de la figura judicial.

El magistrado ponente Oswaldo Giraldo López entrará a analizar las argumentaciones presentadas por las partes y fijará una posición que debatirá luego con los otros magistrados.

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