RICARDO AREIZA

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La Contraloría imputó responsabilidad fiscal a funcionarios del Inderhuila y a la Liga departamental de Lucha por supuestas anomalías en la ejecución de un contrato de apoyo para un campeonato realizado hace seis años.

Aunque la Liga recibió los dineros, no los ejecutó en su totalidad o por lo menos, no pudo certificar efectivamente la inversión de los dineros públicos. Igual ocurrió con una cena ofrecida para 230 personas pero solo asistieron 96 y se pagó por todas.

El caso se conoció en momentos en que varios deportistas denunciaron supuestos sobrecostos en el suministro de la implementación.

La anomalía fue detectada por la Contraloría en una auditoría exprés, realizada por varias denuncias de dirigentes deportivos.

Por este hecho responderá el actual director del Inderhuila, Carlos Rodríguez, al parecer, por un descuido, la supervisora, Elizabeth Leal Ávila y al representante legal de la Liga, Miguel Ipúz Gutiérrez.

 

El hallazgo

El convenio de apoyo y cooperación 075 fue firmado el 9 de diciembre de 2011 por un valor de 27,25 millones de pesos.

El convenio estaba dirigido a financiar un campeonato regional de lucha la categoría infantil, cadete y junior, realizado en Neiva en diciembre de 2011.

Con estos recursos la Liga debía asumir la alimentación, transporte, juzgamiento, logística, hidratación, premiación, implementación deportiva y  entrega de uniformes para los deportistas participantes. Sin embargo, no todos los gastos se ejecutaron para los fines previstos.

Los recursos económicos aportados estaban destinados única y exclusivamente para el desarrollo del objeto del convenio. Pero no se hizo. La Liga no demostró el suministro de alimentación, el suministro de licras con estampado, el transporte y el suministro de 50 sudaderas, chaquetas y camibusos.

El acta de inicio se firmó el 12 de diciembre del 2011 y fue liquidada el 28 de febrero de 2012. De conformidad con la ejecución de los dineros según las facturas y cuentas de cobro que reposan en el expediente la liga en virtud de un convenio 075 debía ejecutar esas actividades, pero además rendir cuentas.

Sin embargo, la Contraloría Departamental reportó irregularidades en la ejecución del convenio concluyendo que no se cumplió cabalmente con las obligaciones del contrato. Las cuentas de cobro no estaban debidamente soportadas con los contratos de prestación de servicios y suministros, ni presentaban la totalidad de los soportes de los pagos efectuados. Tampoco  se confirmó la existencia de soportes que prueben la destinación de la totalidad de los recursos entregados en virtud del convenio de apoyo.

Los dineros entregados a la Liga no fueron ejecutados en su totalidad. Se ‘embolataron’ 6,48 millones.

Sin soportes

En las pocas facturas de compra anexadas no se especifican las características del artículo suministrado por el proveedor.

“Teniendo en cuenta que el señor Miguel Ipúz Gutiérrez en calidad de representante legal de la Liga Huilense de Lucha no dio cumplimiento a las obligaciones contractuales pactadas en el convenio, ni presentó los informes técnicos y financieros con la respectiva relación de gastos donde se detallarán claramente la forma como fueron ejecutados los recursos aportados por el Inderhuila, se advierte un posible detrimento patrimonial por la suma de 27,15 millones de pesos,  correspondientes al valor total del convenio”, reportó la Contraloría.

En el caso de Carlos Rodríguez Mora en calidad de director del Inderhuila señaló que  no existió la supervisión y control de la ejecución del convenio como la revisión y aprobación de los informes de actividades y demás informes que le debía rendir la Liga.  La misma observación se le formuló a Elizabeth Ávila al autorizar el último pago y permitir la liquidación.

“En ese orden de ideas,  no se demostró la debida y total entrega de las cantidades relacionadas en el convenio a los deportistas participantes y por lo tanto, no se probó la inversión de la totalidad de los recursos además de las irregularidades ya planteadas”, afirmó la jefe de Responsabilidad Fiscal, Diana Carolina Fernández.

 

Las omisiones

Carlos Rodríguez Mora se desempeñó como director del Inderhuila desde primero enero del 2012 hasta el 18 de abril 2013 durante el interrumpido mandato de Cielo González. Luego retornó al mismo cargo durante el periodo de su hermano Carlos Julio González.

“De conformidad con las funciones asignadas el director Carlos Rodríguez Mora conservando la calidad de gestor fiscal como servidor público y ordenador del gasto del Inderhuila en la época de los hechos se considera que su actuar fue omisivo y negligente y permitió la causación del daño”, reportó la Contraloría.

“Al gozar de las prerrogativas de disposición, administración manejo de los recursos públicos,  facultades de contratación y representación legal,  autorizó la erogación de dineros públicos, no exigió al contratista ni al supervisor el informe financiero y técnico de las actividades desarrolladas que permitieran conocer la efectiva ejecución”, precisó el órgano de control.

En su examen, el hecho culposo se generó por la negligencia. El funcionario no empleó la diligencia necesaria para evitar un resultado dañoso.

“En consecuencia es un descuido de su conducta en el caso particular el señor Carlos Rodríguez porque en su condición de director del Inderhuila actuó con culpa grave toda vez que fue negligente en el cumplimiento del deber funcional que le asistía esto es cumplir el fin estatal propuesto a través del proceso contractual”, señaló el organismo fiscalizador.

 

Imputados

En el caso de Elizabeth Leal Ávila, designada como supervisora del convenio, la Contraloría también le imputó responsabilidad fiscal.  “La funcionaria incumplió con sus deberes al no presentar los correspondientes informes y en especial al no hacer seguimiento a la correcta ejecución del convenio. Con dichas omisiones se demostró su negligencia”.

Adicionalmente, la Liga Huilense de Lucha,  como beneficiaria de 1os recursos públicos y gestora fiscal también fue encontrada responsable. “Así las cosas es irrefutable el hecho que el contratista dispuso no ejecutar la totalidad de las obligaciones contenidas en el convenio de cooperación. En tal virtud, la Contraloría concluyó que el contratista dejó de ejecutar el objeto y las obligaciones contraídas en virtud del convenio situándose en un comportamiento culposo grave”.

En estas condiciones, el organismo fiscalizador estimó que la Liga de Lucha como colaborador de la gestión estatal “omitió de manera grave el deber de ejecutar unos servicios que fueron certificados como cumplidos y pagados por el Inderhuila, quebrantando los principios de eficiencia, transparencia y responsabilidad que rigen los contratos contractuales con entidades estatales”.

 

Detrimento

Al final, la Contraloría le imputó responsabilidad fiscal en forma solidaria por la suma de 6,82 millones de pesos como cargo a imputar a título de culpa grave. Las facturas presentadas demostraron que los demás recursos fueron ejecutados.

“Si el director hubiese cumplido con sus funciones y en virtud de ellas hubiere controlado y revisado la ejecución de los dineros públicos erogados a través del convenio, exigiendo el supervisor y a la Liga los informes y soportes correspondientes a la correcta inversión de los recursos que debían destinarse única y exclusivamente para el desarrollo del objeto del convenio y al no observarlos  no hubiere firmado el acta de liquidación. Al contrario, hubiere retenido el último pago y exigido el cumplimiento de las obligaciones adquiridas y de ser el caso ejecutando la garantía, el daño patrimonial no se hubiere generado”, concluyó.

Además, añadió “la supervisora debió presentar los correspondientes informes de ejecución y velar por el cumplimiento del objeto del convenio. De haberlo hecho efectivamente, se hubieren tomado los correctivos del caso y el daño patrimonial no se hubiere generado”.

Igualmente si la Liga de Lucha hubiere cumplido todas y cada una de las obligaciones asignadas en el convenio y presentado todos los soportes respectivos de la ejecución de los dineros oficiales girados, el daño patrimonial tampoco se hubiere generado.

“Como corolario se verifica la coexistencia de todos los elementos requeridos por la ley para imputar responsabilidad fiscal”.

 

Otros faltantes

Pero no solo en este caso hubo faltantes. En la última auditoría apareció otro faltante por 3,48 millones de pesos, por cenas que se pagaron pero que al parecer no fueron suministradas.

El contrato número 238 fue suscrito por el Inderhuila el 23 de diciembre del 2017 con Carlos Ulloa Malaver para el apoyo logístico. El  Inderhuila contrató una cena de integración para el grupo deportivo más destacados de ese año. El acta de inicio se firmó el 28 de diciembre y acta de terminación 29 de diciembre del 2017 por la suma de 9,39 millones de pesos. De entrada, la entidad canceló la suma del 5,98 millones al firmar el acta de aceptación de la invitación por concepto de 230 cenas en razón a $26.000 cada una.

Al verificar el listado de asistencia a la cena, la Contraloría encontró que únicamente aparecieron registrados 96 asistentes.

Según el Inderhuila, “no hubo detrimento patrimonial por cuanto efectivamente se realizaron y entregaron las 230 cenas contratadas entre los deportistas, entrenadores, presidentes de ligas, funcionarios y servidores públicos de la entidad.

“Se trataba de hacer un reconocimiento a los deportistas más destacados en los juegos Supérate Intercolegiados, con miras a los juegos nacionales y panamericanos”, explicaron funcionaros de la entidad.

La cena se programó el 28 de diciembre de 2017 para aproximadamente 410 personas vía telefónica. Se confirmó la asistencia de 230 personas,  razón por la cual se optó por contratar la preparación de una cena para 230 asistentes.  “Sin embargo, se contó con las  asistencia aproximadamente 150 personas hecho que pudo haberse presentado por la proximidad al fin de año. En vista de lo sucedido, el contratista informó que estaban sobrando 80 platos los cuales fueron distribuidos entre los asistentes”.

Según la Contraloría esta respuesta no desvirtuó la observación pues no aportó elementos probatorios adicionales que pudieran corroborar que efectivamente se suministraron la totalidad de las 230 cenas contratadas originando s en consecuencia un presunto daño patrimonial en cuantía de $3.484.000 equivalente a 130 cenas que se cancelaron sin que existiera evidencia de que efectivamente se suministraron.

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