RICARDO AREIZA

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La elección del nuevo contralor departamental del Huila quedará en suspenso, hasta que la convocatoria realizada recientemente se adecué a la nueva reglamentación, tardíamente expedida por la Contraloría General de la República.

La congelación del proceso fue sugerida por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, sobre los efectos de la última reforma constitucional que fijó las nuevas reglas de juego para el ejercicio del control fiscal, nacional y territorial.

Aunque las precisiones, desempantanaron el tema en varias regiones del país, en el Huila, ‘enredará’ el proceso que ser venía adelantando.

Por un lado replantea el sistema de calificación y selección de los finalistas, valora el conocimiento previo del control fiscal, cambió los periodos y contempló por primera vez, la cuota femenina entre los finalistas.

El presidente de la Asamblea, William González, indicó que la convocatoria realizada se ajustó a la norma que se encontraba vigente. Sin embargo, señaló que ante la nueva regulación, realiza actualmente las respectivas consultas para determinar “Si debemos introducir los ajustes o continuar con el proceso, sometido a la nueva reglamentación”.

Amaury Luis Flórez, quien obtuvo la primera calificación, advirtió que aunque tardía la reglamentación, deberá acatarse. “Lo claro es que tenemos que acoger las decisiones y respetar la institucionalidad. Estamos adelantando igualmente las consultas para determinar si puede existir, derechos adquiridos”.

Flórez Reino, ocupó el primer lugar en la lista de elegibles con una calificación final de 79,97%  sobre cien puntos que lo convertirá en el nuevo contralor.

Los otros miembros de la terna Néncer Cárdenas, y el contador público Yohan Leandro Rodríguez, obtuvieron 74.45 y 64,40 por ciento.

 

Aplazamiento

El Consejo de Estado recomendó, en virtud de los principios de buena fe, transparencia, seguridad jurídica, confianza legítima, precaución, eficacia y protección de las expectativas legítimas, entre otros, que dichos procesos de selección se suspendan transitoriamente, para efectos de hacer los ajustes necesarios en los términos y condiciones de las respectivas convocatorias.

Además, condicionado a que los aspirantes inscritos manifiesten expresamente su intención de seguir adelante con el proceso de selección (bajo el entendido de que el cargo por el cual compiten tendrá una duración de dos años, y no de cuatro), o de retirarse, sin que esta última decisión pueda implicarles alguna sanción o consecuencia negativa para ellos.

“En efecto, puede inferirse razonablemente, de acuerdo con las reglas de la experiencia, que algunas de las personas que se inscribieron en una convocatoria pública para ocupar el cargo de contralor departamental, municipal o distrital por un periodo de cuatro años, podrían no estar interesadas en ejercer ese mismo cargo para un periodo equivalente, apenas, a la mitad (dos años)”, precisó el presidente de la Sala, Édgar González López.

Por lo tanto, deberían tener la oportunidad de conocer claramente dicha circunstancia y de manifestar libre y expresamente si continúan o no en el proceso de selección.

 

En suspenso

Según el organismo los procesos en curso pueden suspenderse transitoriamente y luego reanudarse, mientras se hacen los ajustes necesarios y se permite a los aspirantes inscritos manifestar expresamente su deseo de continuar en el proceso o retirarse. También tendrá que modificarse las condiciones y la calificación.

Una vez cumplido el proceso de selección y, específicamente, una vez efectuada la calificación de todos los aspirantes y elaborado el listado de elegibles, solamente debe presentarse a la plenaria de la correspondiente asamblea departamental o concejo municipal o distrital una terna de candidatos, conformada por aquellos que hayan obtenido los tres mejores puntajes en la convocatoria pública.

“Este cambio, a juicio de la Sala, no supone una dificultad importante en los procesos en curso, siempre que no se haya enviado ya a la asamblea o al concejo la lista de diez elegibles, conforme a lo dispuesto en la Ley 1904 de 2018. Por el contrario, si esto ya ocurrió, la respectiva asamblea departamental o concejo municipal o distrital tendría que devolver la lista a la respectiva comisión accidental (o su equivalente), para que esta le remita una nueva lista (terna), conformada exclusivamente por los tres candidatos que hayan obtenido los mayores puntajes en el proceso de selección, respetando, en todo caso, la calificación que ya se hubiera efectuado”, explicó González López.

En este evento, debería notificarse dicha decisión a todos los candidatos que integraban originalmente la lista de elegibles, en cumplimiento de los principios de transparencia, publicidad, objetividad, imparcialidad y buena fe, entre otros.

A la convocatoria se presentaron 68 aspirantes.

Los ajustes

El alto tribunal concluyó que las convocatorias públicas que se hubieran iniciado, por parte de algunas asambleas departamentales o concejos municipales o distritales, antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 4 de 2019, podrían continuar, en principio, siempre que los términos y condiciones de aquellas se adecúen a las reglas contenidas en el nuevo marco constitucional, a la ley que llegue a expedir el Congreso para regular específicamente el proceso de elección de los contralores territoriales y a las disposiciones reglamentarias que dicte la Contraloría General de la República, en ejercicio de la nueva función que le otorgó el artículo 6 de la reforma constitucional.

El primer cambio significativo que habría que hacer en las condiciones de las convocatorias que se tramiten es el de advertir expresamente a los interesados, aspirantes o candidatos que el cargo que pretende proveerse mediante dicho proceso de selección no será para un periodo de cuatro años, sino de dos.

“Esto representa una modificación importante para todos los que se hayan inscrito en dichas convocatorias, pues, como resulta apenas obvio, no es lo mismo aspirar a un cargo público de cuatro años que a uno de dos”, precisó el organismo consultor. En la convocatoria realizada no se incluyó expresamente esta temporalidad.

 

Reglas de juego

Además, la Contraloría General de la República, ejerciendo la facultad reglamentaria de que fue investida, definió nuevas pautas para la calificación de los aspirantes.

La reglamentación quedó consignada en la Resolución 0728 expedida el 18 de noviembre pasado. La iniciativa privilegia el mérito, otorgar mayor transparencia y contar con criterios de evaluación estandarizados.

La reglamentación incluye un examen de integridad a los integrantes de la terna de aspirantes por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública (no puntuable), circunstancia que no se tuvo en cuenta en el proceso realizado por la asamblea del Huila.

El examen de integridad (que se hará de forma presencia o virtual) y la entrevista, podrán ser tenidos en cuenta como criterio orientador para la elección por parte de la respectiva corporación pública.

También se determinó dar valor a la experiencia específica, a las publicaciones en el ámbito fiscal y la experiencia docente, acatando lo dispuesto en la Ley 1904 de 2018.

Se evaluarán pruebas de conocimientos, formación profesional y experiencia; y se pondera la experiencia docente y los escritos sobre control fiscal. La entrevista a los candidatos no tendrá puntaje.

 

La calificación

Estos aspectos obligarán, aparentemente, en el caso del Huila,  a la revisión de los criterios para la calificación de los aspirantes.

“El conocimiento previo sobre control fiscal será un elemento novedoso y determinante en la elección de los nuevos contralores regionales a cargo de las asambleas y algunos concejos que se posesionarán en enero próximo”, precisó el contralor General, Carlos Felipe Córdoba.

Los actuales diputados y concejales que finalizan su periodo el próximo 31 de diciembre tienen que iniciar el proceso con la convocatoria pública para los aspirantes.

La prueba de conocimiento, el primer filtro selectivo determinado por la Asamblea del Huila, se correspondía al 70% del total del puntaje y solo podrán continuar quienes obtengan un puntaje igual o superior a 80 puntos. Solo tres de los 68 aspirantes que se inscribieron pasaron la prueba. Los tres finalistas se sometieron a otras dos pruebas: La calificación de su hoja de vida (20%) y la entrevista (10%), ésta última sin ningún puntaje según la última reglamentación.

El director del Departamento Administrativo de la Función Pública, Fernando Grillo, explicó que la prueba de conocimiento sobre control fiscal debe ser del 60% en la calificación para la conformación de la terna, en el marco de la convocatoria pública que deben adelantar las universidades que sean contratadas para desarrollarla por los concejos y asambleas.

También se considerará la formación profesional de los aspirantes, “que tiene un valor del 15%”. Además una prueba de experiencia, es una prueba clasificatoria del 15%. Se evaluará por ejemplo si una persona tiene experiencia docente.

 

Puntos clave

Según la Sala de Consulta, los procesos iniciados como en el caso del Huila, pueden seguir adelante con la convocatoria pública para la elección de contralores territoriales iniciados antes de la promulgación del Acto Legislativo 4 de 2019, pero deben ajustarse a los cambios introducidos por dicha reforma constitucional.

La convocatoria deberá precisar entre otros temas, que el periodo de los próximos contralores territoriales que sean elegidos, que no es de cuatro años, sino de dos, y en relación con el número de candidatos elegibles, entre los cuales las asambleas departamentales y los concejos municipales o distritales deben efectuar elección, que ya no es de diez, sino de tres.

En virtud de los cambios indicados la Sala recomendó que los procesos en curso se suspendan transitoriamente, para efectos de hacer los ajustes señalados y dar la oportunidad a todos los aspirantes o candidatos de manifestar expresamente si desean continuar en el proceso de elección, bajo las nuevas condiciones, o retirarse, sin ninguna sanción o consecuencia negativa para ellos.

 

Temas polémicos

La reforma replanteó el periodo de los contralores departamentales, municipales y distritales. Antes los periodos coincidían o eran iguales al del Gobernador o Alcalde, según el caso. La norma actual estableció que la elección se hará para un periodo de cuatro años que no podrá coincidir con el periodo del correspondiente gobernador y alcalde.

Con este fin (hacer que el periodo de tales contralores no coincida con el de los gobernadores y alcaldes), la norma dispuso que la próxima elección de todos los contralores territoriales se hará para un período de dos años. De esta manera, dentro de dos años, las asambleas y los concejos tendrán que hacer una nueva elección de contralores territoriales, quienes sí tendrán un periodo de cuatro años, así como todos los que sean elegidos de forma subsiguiente.

El Consejo de Estado consideró que dicho periodo sigue siendo institucional, fijo u objetivo (y no personal), a la luz de la finalidad perseguida en el sentido de que el periodo de los contralores territoriales no debe coincidir, de ahora en adelante con el de los gobernadores o alcaldes respectivos.

“Es claro que las normas del Acto Legislativo 4 de 2019 deben aplicarse a cualquier elección de contralores departamentales, municipales y distritales que se haga a partir del 18 de septiembre de 2019, incluyendo aquellas en donde ya se haya iniciado la respectiva convocatoria pública.

Adicionalmente, según el alto tribunal,  la normativa debe respetar y desarrollar los principios de publicidad, transparencia, objetividad, participación ciudadana, equidad de género y mérito. Este hecho también podría invalidar la lista final de elegibles, ya que no incluyó la cuota fémina.

Con respecto al periodo de los contralores, se pasó de establecer que este coincidiría con el periodo de los respectivos gobernadores y alcaldes, a prohibir dicha coincidencia, pero manteniendo la misma duración (cuatro años). Para cumplir este mandato se previó un régimen de transición, según el cual el periodo de los próximos contralores territoriales será de dos años.

Además, se dispuso que la elección de los contralores se hará de una terna conformada por los aspirantes que hayan obtenido los mejores puntajes en la respectiva convocatoria. Antes, la norma constitucional no limitaba el número de candidatos entre los cuales debía hacerse la elección, por parte de la respectiva corporación pública.

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