Sergio Felipe Salamanca Borrero

Sergio Felipe Salamanca Borrero

Desde hace más de medio siglo Colombia cuenta con un organismo que además de prestar asesoramiento al Gobierno Nacional en materia de desarrollo económico y social, se desempeña como una de las máximas autoridades nacionales en temas de planeación.  El organismo en cuestión es el Consejo Nacional de Política Económica y Social –CONPES-, quien publicó en días pasados el Documento Conpes No. 3975, mediante el cual se establece la Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial.

Antes de adentrarnos en los detalles de esta nueva política, estimo pertinente hacer una breve mención al origen del CONPES, esto debido a que, por su especial naturaleza jurídica, no han sido pocas las ocasiones en las que tanto nacionales como extranjeros quedan desubicados respecto de lo que es el CONPES y las funciones que este tiene; siendo famosa a nivel nacional la anécdota de un funcionario del Banco Mundial que frente a la recurrente referencia al CONPES tuvo que pasar la pena de preguntar quién o qué era ese famoso CONPES.

Para comenzar, el CONPES fue creado por medio de la Ley 19 de 1958 y hace parte de los Consejos Superiores de la Administración en los términos del artículo 38 de la Ley 489 de 1998, ubicándolo dentro del orden nacional de la Rama Ejecutiva.  Como se mencionó en el primer párrafo, dentro de sus funciones principales se encuentra la de fungir como asesor principal del Gobierno Nacional en todo lo relacionado con el desarrollo económico y social. Complementando la función anterior, el CONPES se desempeña como autoridad nacional de planeación, elaborando y aprobando documentos que contienen políticas generales en materia económica y social.

Concluido el análisis respecto de la Naturaleza del CONPES podemos hacer referencia al último documento Conpes, el No. 3975, en el que se establece la Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial, la cual apunta a sintonizar al sector público y privado colombiano con los procesos de digitalización de la Cuarta Revolución Industrial, lo que en mi opinión se encuentra muy a tono con los procesos de digitalización que han venido adelantándose en el sector público, en especial, en la Rama Ejecutiva. Sin embargo, también considero que al no tener la estructura de una norma jurídica, la implementación de la política propuesta puede quedar desprotegida, al depender en gran medida del compromiso que tengan las entidades involucradas.

Comentarios

comentarios